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34 Nacional LUNES 10 7 2006 ABC ¿Por qué los 6.550 hectómetros? La cifra de 6.550 hectómetros cúbicos no estaba escogida al azar, sino que en el Pacto del Agua venían perfectamente detallados los cálculos para llegar a ella. Consumo de la población. Por una parte, se establecía una demanda para el consumo de la población en función del número de habitantes y del tamaño de la población- -400 litros por habitante y día para núcleos de más de 500.000 habitantes, 350 para las ciudades de entre 50.000 y 500.000 y 300 para las de menos de 50.000- De esta manera, con los 1.165.501 habitantes que reflejaba el censo de Aragón de 1991, la demanda teórica era de 150,5 hectómetros cúbicos al año. Con el incremento demográfico previsto entonces para 2012, la demanda con ese horizonte se elevaba a 205,9 hectómetros cúbicos al año. Regadíos. A continuación, se fijaban las demandas de regadío, que según los regadíos existentes en aquel momento (390.000 hectáreas) eran de 3.600 hectómetros cúbicos al año. A ello se sumaban los regadíos en desarrollo y los que estaban pendientes. En total, las demandas presentes en 1992 y las futuras, sumaban 5.700 hectómetros cúbicos al año. Reserva adicional. Pero a esta cantidad aún se añadían unas reservas de otros 850 hectómetros adicionales, que en total daban como resultado los 6.550 hectómetros anuales que ahora aparecen en el futuro Estatuto de Aragón. indica, para el cumplimiento del derecho previo y preferente al aprovechamiento de los recursos hídricos que discurran por el territorio de la Comunidad, que es necesaria una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos Ahora bien, esta disposición fue incluida a exigencia del PP como condición para apoyar el Estatuto. Y se da la paradoja de que es precisamente la que más atacan los populares y los socialistas de la Comunidad Valenciana por interpretarla como la aplicación práctica del blindaje del Ebro. El río Ebro, cuyas aguas están el centro de la polémica territorial, a su paso por la capital aragonesa Los nuevos Estatutos aragonés y valenciano han reavivado la apasionada batalla por las aguas del Ebro, que puede acabar en el Tribunal Constitucional. Pero, realmente, ¿de qué se está hablando? ABC aclara a continuación las claves del conflicto. Guía rápida para no ahogarse en la guerra del agua entre comunidades TEXTO: MANUEL TRILLO FOTO: FABIÁN SIMÓN ZARAGOZA. Pese a que el proyecto de trasvase del Ebro quedó descartado tras la llegada al poder del PSOE en 2004, la guerra del agua entre Aragón y Levante no se ha cerrado, sino que ahora se mantiene viva a través de los nuevos Estatutos de Autonomía. Qué dice el Estatuto valenciano. Este nuevo capítulo en el enfrentamiento por el agua arrancó cuando PP y PSPV acordaron recoger en el Estatuto de la Comunidad Valenciana el derecho al agua de otras cuencas. En concreto, el artículo 17.1 ha quedado así: Se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal. Los ciudadanos y ciudadanas valencianos tienen derecho a gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para atender a sus necesidades de consumo humano y para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la Ley Qué es el blindaje del Ebro. El conflicto subió otro peldaño cuando el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, abogó en el Debate del Estado de la Comunidad de noviembre de 2005 por blindar las aguas del Ebro. Curiosamente, él nunca llegó a pronunciar ese término en su intervención en el hemiciclo, sino que fueron sus servicios de prensa los que lo introdujeron en una nota de prensa que difundieron durante el debate y que titulaban exactamente: Iglesias propone que el nuevo Estatuto blinde las aguas del Ebro para evitar nuevas amenazas de trasvases A pesar de esta comunicación oficial, que hoy puede consultarse en la web del Gobierno de Aragón, Iglesias ha querido más tarde que el blindaje del Ebro es una expresión periodística que él no ha utilizado. Lo que sí afirmó Iglesias ante el Pleno de las Cortes, reiterando lo dicho en otro momento, fue: Invito a la Ponencia que entonces se iba a encargar de redactar la propuesta de nuevo Estatuto a reflexionar sobre la fórmula jurídica que nos permita asegurar y garantizar el uso de nuestros recursos hídricos en el futuro, evitando amenazas como la que hemos sufrido recientemente con el trasvase del Ebro. Además de participar en la planificación hidrológica estatal y en sus órganos de gestión Junto a ello, defendió el principio de unidad de cuenca y que la planificación hidrológica se haga desde el Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las comunidades autónomas Pero ni defiendo ni comparto- -añadió, en alusión también a la pretensión catalana de controlar el caudal del Delta del Ebro- -que nadie se arrogue derechos sobre cuencas hidrológicas compartidas o sobre caudales. Ahí, Aragón estará siempre vigilante, porque nadie puede tener la llave en exclusiva de la planificación de una cuenca que compartimos nueve Comunidades Autónomas, desde Cantabria hasta Cataluña En todo caso, la palabra blindaje hizo fortuna y se ha asociado desde entonces al intento de impedir el trasvase. Qué dice el Estatuto aragonés. Pero cuando Aragón ha redactado su propio Estatuto se ha generado mayor confusión. El texto recoge el derecho de los aragoneses a disponer del abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras y establece que la Comunidad emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afectee a su territorio Sin embargo, la parte más polémica es la disposición adicional quinta, que La reserva de 6.550 hectómetros cúbicos ya estaba recogida en el PHN que aprobó Aznar El Pacto del Agua de 1992 y el PHN. En realidad, esta reserva estaba ya incluida en el Pacto del Agua de Aragón, un documento suscrito en 1992 por los partidos de la Comunidad en el que se fijaban las necesidades hídricas presentes y futuras y las obras necesarias para satisfacerlas. Esas demandas fueron asumidas en el Plan Hidrológico Nacional que aprobó el Gobierno del PP, el mismo en el que se incluía el trasvase. Es decir, en el PHN, la reserva de 6.550 hectómetros era independiente de que hubiera o no trasvase: a Aragón se le garantizaba ese volumen de agua con un largo listado de embalses y otras actuaciones, aunque paralelamente se acometiera la obra para transferir las aguas sobrantes a Levante- -en determinadas condiciones y nunca en verano- De hecho, esa era la fórmula con la que el anterior Gobierno pretendió resolver el problema del agua tanto en Aragón como en Levante, pero que la guerra desatada ha impedido llevar a cabo.