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4 Opinión MIÉRCOLES 5 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil SENTIDO COMÚN EN MÉXICO COSTUMBRADOS durante décadas a saber quién sería el vencedor de las elecciones mucho antes de que se celebrasen, no es frecuente para los mexicanos que tres días después de la votación todavía no se haya proclamado formalmente un vencedor. Se ha cumplido el vaticinio de las encuestas que anticiparon un resultado extremadamente apretado y, si hay que hacer caso a los datos oficiales del Instituto Federal Electoral (IFE) todo indica que la victoria corresponde al candidato del oficialista Partido de Acción Nacional (PAN) Felipe Calderón, al que en líneas generales los mexicanos han apoyado sin entusiasmo, como mal menor frente al populismo desaforado de Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) El resultado ha sido demoledor para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ha pasado literalmente a la historia y, después de 71 años ejerciendo el monopolio del poder, en estas elecciones se ha convertido en una formación residual, en la fracción minoritaria del espectro político. Fiel a su propia reputación, López Obrador ha recibido los resultados poniendo en duda la validez del recuento, en el peor estilo de épocas políticas que ya están superadas incluso en México. Con la presencia de observadores internacionales independientes y en condiciones de libertad de prensa, que un candidato decida impugnar el recuento revela poco apego por los principios básicos de las prácticas democráticas y demuestra un grado de irresponsabilidad suicida. Cuando los enjuagues contables eran práctica común en el México del PRI, estaba justificada la denuncia de pucherazos como el de 1988, que envenenó en su origen el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pero ahora que el país lucha por consolidar un periodo de normalidad democrática, al menos en lo que respecta a los mecanismos electorales, los mexicanos tienen derecho a que sus dirigentes se comporten con prudencia y a que sigan ejemplarmente las reglas del juego. En términos continentales, la confirmación de la victoria de Calderón representa un triunfo del sentido común frente a la tendencia al populismo indigenista que parecía haberse instalado a rebufo de la corriente de petrodólares que mana del régimen del venezolano Hugo Chávez. Colombia, Perú y ahora México son tres elecciones seguidas en las que países con una importancia estratégica de primer orden han rechazado los cantos de sirena del eje La Habana- Caracas- La Paz. En el caso mexicano, Chávez ha sido especialmente discreto, porque sabe que un exceso de visibilidad acabaría siendo contraproducente, y sus sueños se han topado con una sociedad que por su proximidad con Estados Unidos es poco propicia a los experimentos radicales. A CONDENAS HISTÓRICAS SESGADAS ON una declaración institucional de su presidente, el español Josep Borrell, el Parlamento Europeo condenó ayer el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura del general Franco, aprovechando el 70 aniversario del inicio de la Guerra Civil española. Borrell, muy ajustado al discurso del Gobierno español sobre la memoria histórica, recordó que la transición a la democracia se hizo con olvidos selectivos o aplazamientos de la memoria trasladando a Bruselas la operación política del PSOE de deslegitimar el consenso constitucional de 1978. También atribuyó a la II República el objetivo de propiciar la democracia y reprochó a Estados Unidos que no interviniera en España por sus intereses en la Guerra Fría. Los términos de la declaración institucional de Borrell reflejan la parcialidad con que la izquierda aborda la revisión histórica, no sólo de la Guerra Civil española, sino también de la II Guerra Mundial y de la partición del mundo en bloques. También la izquierda española se benefició de olvidos selectivos y aplazamientos de la memoria De la conjugación de sus argumentos siempre resultan condenas inequívocas para los regímenes militares del nazismo y del fascismo y, desde ayer, la dictadura franquista. Pero la aplicación del mismo rasero a los regímenes comunistas también siempre se ve envuelta en disquisiciones que pretenden distinguir la bondad de la ideología de los errores- -que se cuentan por genocidios- -de sus dirigentes, desechando la experiencia que demuestra que el ejercicio del comunismo desde el poder ha sido indisociable de la violación sistemática de los Derechos Humanos. Cabe recordar ahora cómo se esforzó la izquierda socialista europea por entorpecer la condena de los crímenes comunistas por la Asamblea del Consejo de Europa y cómo se opusieron a ella los partidos comunistas europeos. No cabe reproche alguno a que una institución democrática como el Parlamento Europeo juzgue negativamente un alzamiento militar y el posterior régimen dictatorial que se implantó. Pero lo que no resulta admisible es que esta iniciativa se revista con el prestigio de la justicia histórica, del compromiso ético con la democracia. Es, simplemente, una C condena histórica que sólo quiere juzgar una parte de la tragedia y olvidar el lado oscuro, trágico, de la II República contra las libertades y los derechos, la persecución religiosa y el auge de movimientos antidemocráticos cuyo objetivo era convertir a España en un peón de la estrategia soviética. Por eso, ni todos los que lucharon en el bando nacional eran fascistas, ni todos los que lucharon con la II República eran demócratas. De hecho, pocos meses después del fin de la contienda, la Unión Soviética se convirtió en el gran aliado de Hitler con un tratado de colaboración que permitió a los nazis arrasar Europa durante dos años, mientras Stalin contemplaba con satisfacción la ruina de las democracias europeas, algunas de ellas entregadas al más abyecto colaboracionismo con el Eje. El acierto de Josep Borrell en recordar que Europa no hizo nada por evitar la guerra- -ni la española, ni la II Guerra Mundial- -perdió todo valor cuando cedió al prejuicio antiamericano y reprochó a Estados Unidos que no derrocara el régimen franquista. Quizá le parezca poco lo que hicieron desde que sus soldados pusieron el pie en las playas de Sicilia y Normandía. Tampoco lo derrocaron los países europeos gobernados por ideologías presentes en el hemiciclo al que se dirigía Borrell, que no tardaron mucho en legitimar internacionalmente el régimen del general Franco. Por cierto, ¿cabe imaginarse que Francia llevara al Parlamento Europeo la condena del Gobierno colaboracionista de Vichy? Estas iniciativas de justicia retrospectiva son, por definición, un riesgo para quien las promueve, porque suelen basarse en un juicio parcial que busca algo tan imposible como cambiar la historia en aquello que disgusta e ignorarla en lo que compromete. El deseo, que todo ciudadano de bien comparte, de que no se repitan los horrores del pasado no se alcanza antes ni mejor sometiendo la historia a un falseamiento con finalidades ideológicas. Por el contrario, introduce en la mente de las nuevas generaciones un maniqueísmo simplista que les impide apreciar con claridad quiénes fueron todos, sin excepción, los que abocaron a Europa y a España al horror de la guerra. RESPONSABILIDAD ANTE LA TRAGEDIA NTRE la tristeza de los valencianos y de todos los españoles, ayer se celebró el funeral por los 41 muertos del metro de Valencia, el accidente más grave de la historia de España y el cuarto del mundo sufrido por este medio de transporte. Don Juan Carlos y Doña Sofía asistieron a un funeral al que también acudieron el presidente del Gobierno, que regresó con urgencia de su viaje oficial a la India, y el líder de la oposición, presente desde el primer momento en el lugar de los hechos. La elogiable reacción de los líderes políticos se sumó así a la eficaz tarea desplegada por los servicios de emergencia y a las demás actuaciones encaminadas a recuperar la normalidad ciudadana. La Generalidad que preside Francisco Camps y el Ayuntamiento encabezado por Rita Barberá han sabido estar a la altura de las circunstancias, al igual que muchos miles de ciudadanos anónimos y todos los españoles que han acompañado a las víctimas en los minutos de silencio. Se trata, en fin, de la reacción solidaria y madura de una sociedad conmovida, pero capaz de sobreponerse a una tragedia. Superada la urgencia de atender a los afectados y recuperar el pulso cotidiano, el interés de la opinión pública se E dirige- -como es natural- -a la determinación de las causas del accidente. La caja negra deja claro que el convoy circulaba a unos 80 kilómetros por hora, el doble de la velocidad adecuada en dicho tramo, sin que sea posible todavía esclarecer los detalles sobre la actuación del conductor, que podría haber sufrido un desfallecimiento. No se confirman las primeras impresiones- -algunas con intención diferente de la puramente informativa- -acerca del mal estado de la línea de metro por una supuesta falta de inversiones. Es una grave irresponsabilidad hablar antes de tiempo de líneas de metro polémicas, insinuando la dejadez de los responsables de la Generalidad valenciana y sembrando la sospecha entre los ciudadanos. Los medios de comunicación deben mantener en casos como éste un escrupuloso rigor para analizar hechos que suscitan una intensa carga de emociones. Cuando se equivocan, tienen el deber de rectificar con toda claridad por respeto a la verdad. Lo mismo ocurre con los responsables políticos que se habían precipitado a apuntar hipótesis sobre el mal estado del material. Valencia hace frente a la tragedia y espera la llegada del Papa en una semana que dejará una huella endeleble en la historia de la ciudad.