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4 Opinión LUNES 3 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil PP Y ESTADO AUTONÓMICO ESEa los enormes costes de su política territorial, el Gobierno no ha dado un paso atrás en su determinación de transformar el Estado autonómico en una especie de régimen confederal, articulado mediante reformas estatutarias que disimulan auténticos textos constitucionales para nuevas realidades nacionales La continuidad constitucional de España es inviable en estas condiciones y el resultado no será otro que el vaciamiento del Estado en beneficio de una suma de entidades paraestatales denominadas autonomías. España se encuentra en una situación de crisis constitucional que enfrenta al Gobierno con una responsabilidad histórica y que desafía al PP, única alternativa para garantizar la reconducción de este proceso de desnacionalización del Estado. La cuestión fundamental para el PP es mantener su homogeneidad como partido nacional, ya que el poder político que ostenta el PP es autonómico, y es en este ámbito donde se está planteando el futuro nacional de España, muy lejos de un Parlamento nacional que ha sido y será una mera servidumbre de paso para pactos cerrados fuera de sus paredes. En esta coyuntura, no sería justificable que la adaptación de las estrategias territoriales del PP a las circunstancias de cada comunidad diera lugar a una fragmentación de su discurso, aunque quepan matices ante situaciones singulares. Sin renunciar al pragmatismo- -necesario para articular y acomodar su discurso político en regiones sometidas a tensiones de diversa intensidad nacionalista- -el PP no puede ni debe ser una suma de partidos autonómicos, por difícil que resulte, incluso en términos electorales, mantener una estrategia común, con una clara vocación nacional. Jugar a esta baza no sería una opción creíble. Por eso, cabe entender como una licencia momentánea el criterio del PP gallego sobre la posibilidad de aceptar la condición nacional de Galicia a cambio de una financiación amplia. Es cierto que las cartas que se están repartiendo son éstas: la inocuidad de llamar realidad nacional a lo que es una comunidad autónoma, la treta de confundir las identidades propias con las ensoñaciones nacionalistas, la compra de fidelidades políticas a cargo de la inviabilidad financiera del Estado. Pero esto es a lo que hay que oponerse, no los engaños que hay que legitimar. El ámbito de interés del PP sigue siendo España, y su reto es el de armonizar su proyecto nacional con las batallas políticas autonómicas. En 1993, el poder local y autonómico que alcanzó el PP fue la plataforma para la posterior victoria electoral de 1996. Las elecciones del próximo año deben ser abordadas por el PP en términos similares. El valor añadido del PP en estos momentos de incertidumbres está basado en la oferta de estabilidad institucional, de defensa del Estado autonómico y de la unidad nacional, de la aplicación de políticas ciudadanas y no partidistas. Es decir, un discurso coherente para todos los españoles, que no significa la exclusión de políticas específicas en cada comunidad, sino el reconocimiento de objetivos comunes como corresponde a un partido esencialmente nacional. P DE ESPALDAS A EUROPA N materia de vertebración territorial, España circula en dirección contraria al resto de Europa. Coinciden en los últimos días algunos datos muy expresivos. La actitud de Francia ante la pretensión de ETA de involucrar al país vecino en su negociación con Zapatero recibe una respuesta rotunda de Sarkozy en Madrid: es un asunto interno español. Lo mismo hubiera dicho un ministro socialista. En Italia, ha ganado rotundamente el no defendido por la izquierda en el referéndum constitucional promovido a regañadientes por Silvio Berlusconi, bajo la presión insolidaria de la Liga Norte. En Alemania, la reforma pactada por los dos grandes partidos refuerza las competencias del Gobierno central para mejorar el funcionamiento del sistema federal. Se trata, en particular, de superar la llamada trampa del consenso en virtud de la cual los länder abusan de su posición en la Cámara Alta para bloquear cualquier decisión contraria a sus intereses. Mediante la modificación de veinticinco artículos de la Constitución germana, el porcentaje de leyes que requieren el acuerdo de las regiones federadas se reduce del 60 al 37 por ciento. Se consigue así un equilibrio entre las competencias estatales y territoriales, evitando la permanente confusión que caracteriza al federalismo cooperativo. El poder central sale muy reforzado, aunque también los länder obtienen algunas competencias en materias como enseñanza universitaria, medio ambiente o vivienda. A pesar de que sigue pendiente afrontar el sistema de financiación, la reforma se interpreta en términos políticos no sólo como un éxito de Angela Merkel, sino también del sector más razonable de la socialdemocracia. Mientras que Rodríguez Zapatero impulsa de forma irresponsable unas reformas estatutarias que conllevan la mutación del modelo constitucional, los países más prósperos de Europa refuerzan las posiciones del Estado y de la nación. En Alemania o en Italia- -países cuya unificación se produjo hace menos de un siglo y medio- -a nadie se le ocurre discutir sobre la imaginaria identidad nacional de las regiones, algunas de ellas dotadas de una notable tradición histórica y política. Si se comparan las E competencias de unas y de otras, así como los recursos económicos de que disponen, las comunidades autónomas españolas gozan de una capacidad de actuación muy superior a la de otras entidades europeas de su misma naturaleza. Es notorio que la discutida autonomía del Ulster, siempre pendiente de una eventual supresión por parte del Reino Unido, atribuye a las instituciones norirlandesas unas facultades mucho menores que las propias de nuestras autonomías menos aventajadas. El estudio del Derecho Constitucional Comparado ofrece lecciones muy instructivas que los partidos políticos españoles no deberían echar en saco roto. Pero también la teoría política tiene algo que decir en este terreno. José Luis Rodríguez Zapatero debería ser consciente de que la izquierda europea mantiene viva la tradición que atribuye al Estado central una mayor sensibilidad para la igualdad de los ciudadanos frente al interés particular de las oligarquías locales. El SPD alemán, el Olivo italiano, el laborismo inglés y la izquierda francesa coinciden en situar al estado- nación como marco de referencia de la sociedad del bienestar. Podrá discutirse sobre la crisis del modelo, pero es notorio que los textos fundacionales del socialismo critican con dureza la ideología nacionalista. Bien es cierto que en la postura del Gobierno predominan las razones de oportunismo coyuntural sobre la coherencia de los argumentos, pero conviene tener muy claro que- -esta vez sí- -España es diferente al resto de Europa por causa de la estrechez de miras de una clase política que encubre los repartos de poder bajo una retórica rancia de sentimientos nacionales supuestamente frustrados. La reforma alemana, producto de un largo proceso de estudio técnico y jurídico y de negociación política, debería servir como prueba de que el estado- nación y la idea de soberanía nacional siguen siendo los elementos nucleares de los sistemas constitucionales contemporáneos. Entre otras razones porque es la forma política que mejor se adapta al principio de legitimidad democrática frente a privilegios anticuados y mentalidades insolidarias. LOS PROBLEMAS DE LOS ESPAÑOLES D E acuerdo con las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, los asuntos que preocupan a la sociedad española están cambiando de forma significativa. Hay ciertas inercias que perduran, como la referencia permanente al paro, a pesar de que la creación de empleo es una constante de la economía desde hace varios años. Es destacable, sin embargo, que el terrorismo ceda posiciones, cosa lógica si se tiene en cuenta que- -a pesar de la masacre del 11- M- -los ciudadanos perciben que se ha detenido ese goteo permanente de víctimas que padece nuestro país desde antes incluso de la Transición. Ahora bien, el Gobierno socialista no debería interpretar ese dato como un aval para su política de diálogo y sedicente pacificación, puesto que una cosa es la preocupación directa por el problema de la violencia terrorista y otra muy distinta es que la gente no se interese por los efectos de una negociación rechazada repetidamente en concentraciones multitudinarias. Ocupan un puesto muy secundario los debates sobre estatutos de autonomía o entidades nacionales, lo que demuestra que con alguna frecuencia los políticos tienden a distanciarse de los problemas que realmente importan a la sociedad para plantear otros de carácter artificial. En cambio, pasan a ocupar un lugar preferente temas como la inseguridad o la vivienda. La seguridad ciudadana sufre los efectos de nuevas formas de delincuencia, algunas de una violencia extrema y muchas de ellas vinculadas con las mafias internacionales y el crimen organizado. Los ciudadanos exigen que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan de los medios precisos y que los jueces apliquen con todo rigor las leyes penales. En cuanto a la vivienda, los datos recientes demuestran que los precios no paran de subir, con los notables efectos que ello determina para la economía familiar y para la propia convivencia. Todo ello mientras el Ministerio creado a bombo y platillo se pierde en la nada y las comunidades autónomas, con mejor o peor fortuna hacen la guerra por su cuenta. En definitiva, los políticos más sensatos deberían tomar buena nota de cuáles son las preocupaciones reales de la gente.