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ABC VIERNES 30 6 2006 Internacional 29 La Corte Suprema de EE. UU. cita las convenciones de Ginebra y bloquea los juicios de Guantánamo La Casa Blanca indica que buscará una alternativa adecuada de acuerdo con el Congreso b La sentencia, que no supone el cierre de la prisión, insiste en que el presidente Bush sobrepasó sus atribuciones al autorizar procedimientos judiciales de excepción PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL WASHINGTON. En la encrucijada de la seguridad nacional, derechos fundamentales y prerrogativas gubernamentales planteadas por el 11- S, el Tribunal Supremo de EE. UU. sentenció ayer que George Bush sobrepasó su autoridad constitucional al autorizar pseudo juicios militares para algunos de los detenidos en la prisión de Guantánamo. La decisión del máximo órgano judicial americano, respaldada por el voto de cinco de sus magistrados contra tres, considera que estos excepcionales procesos castrenses violan tanto la legislación de EE. UU. como las convenciones de Ginebra que regulan el tratamiento de los prisioneros de guerra. Este notable revés a la política antiterrorista de la Administración Bush ha sido inspirado por el recurso formulado por Salim Ahmed Hamdan, un ciudadano yemení de 36 años identificado como guardaespaldas y chófer de Osama Bin Laden. El sospechoso, que lleva cuatro años retenido en Guantánamo tras su captura en Afganistán, está acusado de un delito de conspiración por cometer delitos de terrorismo y crímenes de guerra. Delitos que le podrían suponer una cadena perpetua. El presidente Bush y su homólogo japonés, Junichiro Koizumi, en una ceremonia con niños nipones ayer en la Casa Blanca trados más conservadores del Supremo insistieron en que carecen de jurisdicción para extender el derecho de habeas corpus al medio millar de combatientes ilegales retenidos en Guantánamo. La autorización de pseudo juicios militares para juzgar a terroristas extranjeros fue rubricada por Bush en noviembre de 2001, el mismo día en que las fuerzas afganas, respaldas por el Pentágono, expulsaron de Kabul al régimen de los talibanes. La Casa Blanca insistió en que estos tribunales especiales, con la posibilidad de dictar sentencias de muerte, estaban respaldados por la justicia militar de EE. UU. la resolución especial del Congreso adoptada tres días después del 11- S y las prerrogativas constitucionales del presidente como comandante en jefe. AFP Guantánamo no se cierra Sin embargo, la sentencia del Supremo- -en la que el moderado juez Anthony Kennedy se ha unido a los magistrados más a la izquierda- -ha vuelto a recalcar su doctrina en la que Bush, a pesar de la ofensiva de Al Qaida, no ha recibido un cheque en blanco en la guerra contra el terrorismo. Hace dos años, la cúpula judicial tambien rechazó que la Casa Blanca tuviera la autoridad para retener indefinidamente a ciudadanos sospechosos de terrorismo sin someterlos a juicio. Procedimiento excepcional En este pulso legal, los abogados de Hamdan insistieron, con éxito, en que su cliente debería ser juzgado por un tribunal regular militar o civil pero no por el sistema ad hoc y sin las debidas garantías autorizadas por la Casa Blanca tras el 11- S. Un procedimiento excepcional no utilizado desde el procesamiento durante la Segunda Guerra Mundial de un grupo de saboteadores alemanes capturados al infiltrarse en Estados Unidos. La sentencia del Supremo considera que los planes de utilizar comisiones especiales militares para juzgar a presos de Guantánamo no han sido explícitamente autorizados por el Congreso federal. Se recalcó que el sistema formulado por el Pentágono para realizar estos pseudo juicios contraviene en su estructura y procedimientos no sólo al Código Uniforme de Justicia Militar de EE. UU. sino también las cuatro convenciones de Ginebra de 1949. El nuevo magistrado y jefe del Supremo, John Roberts, se ha visto obligado a recusarse de este caso por haber participado y respaldado la previa decisión de la Corte federal de apelaciones de Washington que desestimó el recurso de Hamdan sobre la disputada legalidad de su procesamiento castrense. En su posición minoritaria, los magis- En términos prácticos, esta sentencia obliga a establecer nuevos procedimientos para enjuiciar a la decena de combatientes ilegales en Guantánamo acusados de delitos de terrorismo. Se descartan inmediatas puestas en libertad o el cierre a corto plazo de la prisión situada en territorio cubano. De hecho, la Casa Blanca, en una primera reacción por la sentencia crítica del Supremo, indicó que buscará un acuerdo con el Congreso para llevar a cabo estos procesamientos. Pero según Bush, el pueblo estadounidense necesita saber que esta sentencia, tal y como yo la entiendo, no va a provocar que pongamos a asesinos de nuevo en las calles Los tribunales militares de excepción, una criatura de Bush AFP WASHINGTON. Después de detener a cientos de presuntos miembros de Al Qaida, principalmente en Afganistán, el Gobierno norteamericano no quiso remitirlos a tribunales civiles, teniendo en cuenta el carácter de las pruebas recogidas contra ellos y su carácter muchas veces clasificado como confidencial. Washington se negó a presentarlos ante una corte marcial como prisioneros de guerra debido a que los presos no habían combatido en nombre de un Estado que hubiera declarado la guerra a Estados Unidos. En noviembre de 2001, el presidente Bush, en nombre de su facultad como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas e invocando asimismo la ley aprobada una semana después del 11- S, que le autoriza a usar las fuerzas militares contra los implicados en atentados, instauró un nuevo procedimiento. Los tribunales militares de excepción se componen de tres a siete militares, y pueden juzgar una serie de delitos: homicidio, ataques contra civiles, saqueos, toma de rehenes, tortura, terrorismo, espionaje. El primer Tribunal basado en esta normativa fue constituido en junio de 2004 cuando diez de los casi 460 prisioneros de Guantánamo fueron inculpados, pero ningún proceso pasó de las audiencias preliminares. El Pentágono puede oír las conversaciones entre un acusado y su abogado militar, e incluir en el legajo informaciones confidenciales a las cuales sólo el abogado debería poder tener acceso. Por otra parte, a pesar de que algunos de los acusados pueden ser condenados a muerte, no existe hasta ahora ningún procedimiento de apelación independiente.