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4 Opinión VIERNES 30 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA LEY PREVALECE EN GUANTÁNAMO E ZAPATERO CRUZA LAS LÍNEAS ROJAS ON el Congreso de los Diputados como mero escenario de una conferencia de prensa, el presidente del Gobierno repitió ayer lo que anunció en el mitin del PSE celebrado en Baracaldo: que va a iniciar el diálogo con ETA. La expectación generada estos últimos días sobre el momento en que Rodríguez Zapatero comunicaría esta decisión resultaba irrelevante para una estrategia de fondo que ya estaba consumada, y sólo ha permitido aumentar una ansiedad ficticia, tendente a dar al proceso de paz la verosimilitud de la que carece por la falta de solidez de la posición gubernamental. Es cierto que Rodríguez Zapatero utilizó una retórica medida y sin críticas al Partido Popular, trufando reconocimientos a las víctimas de ETA y a los gobiernos anteriores para engancharse a los precedentes de contactos con los terroristas, con mensajes de calado político que entrañan un grave riesgo si se materializan en las mesas que proponen los etarras. No hay objeción formal a las apelaciones de Rodríguez Zapatero a la vigencia de la Constitución, de la legalidad democrática y de la ley de Partidos. Otra cosa es que, como señalaba Rajoy, hay que aplicarlas para que tengan sentido y den fuerza a la sociedad democrática. En todo caso, esas menciones perdieron su valor como líneas rojas del diálogo con ETA en cuanto el presidente del Gobierno metió en el mismo discurso el anuncio del diálogo y el cambio que se le avecina al País Vasco, sobre la base de que el futuro de Euskadi exige un gran acuerdo de convivencia política según las palabras de Rodríguez Zapatero, quien, además de descartar la continuidad del actual pacto estatutario, endosó a su Gobierno el compromiso de respetar las decisiones de los ciudadanos vascos cuando esa exigencia debería recaer exclusivamente en ETA, que es la que ha asesinado durante cuarenta años a los vascos que optaban por su libertad ideológica. Éste es el problema central del proceso que propone el Gobierno: vincular el fin del terrorismo con el cambio de régimen político y jurídico de la comunidad vasca. Con esta sintaxis política, el Gobierno acepta jugar en el terreno dialéctico de ETA, cuya razón de ser como organización terrorista ha sido siempre la impugnación del orden estatutario del País Vasco. A estas alturas carece de cualquier efecto de distracción ocultar a Batasuna en la propaganda sobre el diálogo con ETA. Da lo mismo hablar del Estatuto de Guernica con los etarras que con Otegi. La dualidad de mesas, C aceptada explícitamente por el PSE y consecuencia inevitable de los términos en los que Zapatero planteó ayer el diálogo con ETA, es una mera añagaza de la organización terrorista para dar la máxima eficacia a la estrategia del desdoblamiento con la que los etarras tenían, hasta la sentencia del Tribunal Supremo en 2003, un pie en la legalidad y otro en el terrorismo. Por eso no es admisible que la esperanza de este proceso esté depositada, de hecho, en la fidelidad con la que ETA se encargue de utilizar la tregua y demás recursos tácticos en su propio beneficio. Por tanto, más allá del tono bonancible de las palabras de Rodríguez Zapatero y de las referencias a la Constitución, el Estatuto de Guernica y la ley de Partidos, ya se puede constatar el inicio de un diálogo en el que, ausente del mensaje presidencial cualquier exigencia de disolución, desarme y perdón, se va a hablar de política y de un nuevo pacto de convivencia que se fijará a través de acuerdos tomados no en las instituciones representativas, sino, según Rodríguez Zapatero, por partidos políticos, los agentes sociales, económicos, sindicales Es decir, ese magma conceptual, muy presente en los documentos del entramado batasuno, donde cabe todo, hasta formaciones ilegales, y del que está excluido, por ejemplo, el Parlamento elegido libremente por los vascos. Por algo, tanto ETA como Batasuna recuerdan permanentemente que el proceso abierto no es de pacificación, sino de autodeterminación. Tan preocupante como la expectativa de que el diálogo con ETA tenga el carácter político que quieren los terroristas es la confirmación de que el Gobierno quiere dejar a un lado al Partido Popular. Finalmente, no hubo reunión del Pacto Antiterrorista- -anunciada por Zapatero y Pérez Rubalcaba- ni llamada previa a Mariano Rajoy, ni siquiera una comparecencia parlamentaria en condiciones. Así se han roto las convenciones no escritas que hubieran conservado la esperanza de una recomposición de relaciones entre el Gobierno y la oposición. El contexto del inicio del diálogo no puede resultar menos alentador para el propio Ejecutivo: sin el apoyo del principal partido de la oposición, con el rechazo de la inmensa mayoría de las víctimas, sin la confianza general de la sociedad y con un claro sufrimiento del Estado de Derecho, ¿qué resultados se pueden esperar? El proceso empieza con varios tantos a favor de ETA, y los terroristas lo saben. Así es, por duro que resulte reconocerlo. EXCESO DE ESPERAS QUIRÚRGICAS OS españoles esperan una media de 83 días (dos días más que en 2003) para un operación quirúrgica. Aumenta el porcentaje de población que aguarda más de seis meses. A día de hoy, cerca de 400.000 personas están pendientes de ser intervenidas, de ellas- -por citar los casos más frecuentes- -más de 64.000 de cataratas y más de 23.000 de hernias. Son datos más que preocupantes, referidos al conjunto de España (excepto la Comunidad de Madrid) que la ministra Elena Salgado ha hecho públicos en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Aunque no se ha ofrecido un desglose por comunidades autónomas, algunas de ellas- -en concreto Castilla y León, Valencia y Andalucía- -aseguran que su nivel de retrasos es inferior a la media. En todo caso, resulta muy pobre el balance de los planes puestos en marcha hace ahora tres años por el Ministerio y las administraciones autonómicas. Las listas de espera siguen siendo uno de los males históricos de la asistencia sanitaria española, y nadie consigue encontrar la fórmula para reducirlas a unos niveles razonables. L El derecho a la salud y la existencia de un sistema público de Seguridad Social figuran entre los principios rectores de la política social y económica, de acuerdo con la Constitución, y se configuran como pilares básicos del Estado de bienestar. Pocas cuestiones importan más a los ciudadanos que la certeza de que van a ser debidamente atendidos en circunstancias de este tipo. Naturalmente que hay operaciones más graves y delicadas que otras, pero es imprescindible atender de forma coordinada las diferentes situaciones. Es clave mejorar la financiación, pero también lo es utilizar al máximo los recursos humanos y materiales. De hecho, un alto porcentaje de los profesionales del sector trabajan en condiciones poco satisfactorias, y no es infrecuente que se desarrollen huelgas y paros parciales en los hospitales públicos ante la impotencia de los pacientes. Tiene que fijarse un tiempo admisible de espera según parámetros objetivos, y las Administraciones Públicas deben comprometerse a cumplirlo con todo rigor. L Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó ayer que la Administración Bush ha violado la convención de Ginebra sobre los prisioneros de guerra y que no tenía atribuciones para crear los tribunales especiales a los que había encomendado determinar el destino de los reclusos de la base de Guantánamo. Se trata, sin duda, del revés más importante desde el punto de vista jurídico a la estrategia antiterrorista del Gobierno norteamericano, pero al mismo tiempo debe entenderse como una demostración de la eficacia y la superioridad de los sistemas basados en el imperio de la ley. Basándose en una demanda interpuesta por uno de los prisioneros- -concretamente un antiguo chofer de Osama Bin Laden- el Tribunal Supremo ha considerado que la decisión de declararlo combatiente irregular y ponerlo en manos de unas comisiones militares, en lugar de aplicarle la convención de Ginebra, ha violado las leyes norteamericanas y el texto de la propia convención. El hecho de que la Casa Blanca hubiera encontrado en la base de Guantánamo un dudoso resquicio territorial no ha sido impedimento para considerar que todo lo que hace la Administración norteamericana debe ajustarse a las leyes y tratados internacionales vigentes en Estados Unidos, decisión que tendrá consecuencias relevantes en el caso de los traslados de prisioneros de y hacia Guantánamo a través de aeropuertos europeos. Los jueces han hecho suyas las críticas realizadas desde muchas partes del mundo (incluyendo las de estas mismas páginas) a una manera de perseguir a los terroristas que no sólo ha demostrado ser poco eficaz, sino que desgraciadamente se ha convertido en una fuente ocasional de argumentos morales para los enemigos de la libertad, como sucedió en la cárcel de Abu Grahib. Por ello, es necesario recordar siempre que contra el terrorismo deben utilizarse solamente los mecanismos legítimos y legales, porque de otro modo se socavan los cimientos de nuestras libertades y se abren las puertas a todo tipo de desviaciones. La guerra contra la barbarie terrorista no se hace en nombre de una u otra nación, sino en el de la civilización en su conjunto, frente a los que pretenden acabar con ella. Antes de que los tribunales se pronunciasen, ya lo habían hecho amplios sectores de la opinión pública y, recientemente, el presidente Bush había adelantado en la cumbre con la Unión Europea de Viena su voluntad de buscar una solución para Guantánamo. Es evidente que la acción de Estados Unidos en este momento dramático no está exenta de graves errores, pero, para corregirlos, los sistemas democráticos han creado la división de poderes, los tribunales y las elecciones. Lo que nuevamente ha quedado probado con esta sentencia es que este mecanismo esencial funciona.