Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
22 Nacional JUEVES 29 6 2006 ABC El fiscal sostiene que Farruquito mintió en todo el proceso por la muerte de Olalla En la vista de los recursos, pidió que la condena suba de 16 meses a cuatro años b El Ministerio Público recuerda Duras críticas a la ley de Violencia de Género tras un año de aplicación ABC MADRID. El día antes del primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley Integral Contra la Violencia de Género- -29 de junio de 2005- uno de los proyectos estrella del Gobierno socialista en materia de asuntos sociales, Amnistía Internacional (AI) denunció ayer que hace agua por todos lados Esto se debe a que la ley no sólo no ha acabado con este tipo de violencia, sino que el año 2006 ha sido el que más muertes ha registrado- -33 hasta el 31 de mayo- -desde 1999. En el informe España: más derechos, los mismos obstáculos la organización detecta hasta 24 barreras con las que cuentan las mujeres maltratadas por sus parejas para defender sus derechos. Donde más pone el acento es en la detección sanitaria de las agresiones. A pesar de que cada año más mujeres denuncian- -73.109 en 2005- son sólo un 5 por ciento del total de agredidas. Por ello, Esteban Beltrán, portavoz de AI en España, solicitó ayer, en la presentación del informe, que se preste una mayor vigilancia a la violencia de género en la atención primaria, ya que casi todas ellas acuden alguna vez a su médico de cabecera Otros obstáculos que destaca el informe son la gran variación de servicios entre provincias, la falta de medios materiales y humanos, la exclusión de las víctimas inmigrantes de algunas ayudas y la falta de preparación de jueces y policías. que la sentencia, que aplicó la atenuante de confesión, no mencionó los 6 meses desde el atropello hasta el conocimiento de la verdad J. L. GARCÍA SEVILLA. El caso Farruquito volvió ayer a protagonizar la crónica judicial con motivo de la vista de los recursos planteados por las distintas partes contra la sentencia que, en julio de 2005, condenó al bailaor Juan Manuel Fernández Montoya a dieciséis meses de prisión por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, tras atropellar al peatón Benjamín Olalla, el 30 de septiembre de 2003. En su recurso, el fiscal Norberto Sotomayor, que pide elevar esta pena a cuatro años y un mes de prisión, aseguró que las escuchas que incriminaron al artista en el atropello no son inconstitucionales, como sostuvo la titular del Juzgado de lo Penal 8, puesto que su contenido se comunicó al Juzgado y a la Policía de Sevilla en cuanto los agentes de Málaga, que investigaban a un compañero por tráfico de drogas, se dieron cuenta de que podría haber otro delito. Según Sotomayor, la sentencia se olvida de una serie de hechos relevantes como la falta de experiencia de Farruquito, que no tenía permiso de conducir. El fiscal cuestionó que el fallo de primera instancia, que aplicó a Juicio contra Farruquito celebrado en 2005 Fernández Montoya la atenuante de confesión, no hiciera mención a los seis meses que transcurrieron desde el atropello hasta el descubrimiento casual de la verdad, ni a que Farruquito negó ante la Policía ser propietario del vehículo que cometió el atropello, como se demostró porque había un contrato privado de compraventa. Sotomayor relató que Farruquito acompañó a su hermano y a un primo suyo, ambos menores de edad, a la Policía cuando éstos acudieron a autoinculparse, algo que, añadió, tampoco se recoge en la sentencia. ABC En este sentido, rebatió la tesis de la juez de que los menores actuaron de forma espontánea al hacer esa confesión falsa y consideró, en cambio, que al hermano de Farruquito lo empujaron para que asumiera la responsabilidad del atropello El abogado de la viuda de Benjamín Olalla, José Manuel Rosendo, que pide ocho años de cárcel para el bailaor, el máximo previsto por homicidio imprudente, se adhirió a las tesis del fiscal. Por su parte, la defensa pide que la condena por homicidio imprudente se rebaje a la categoría de falta. El arquitecto del Ayuntamiento de Seseña fue expulsado por estar al servicio del Pocero CARLOS HIDALGO MADRID. El actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Seseña, perteneciente a Izquierda Unida, abrió un expediente a Jesús Montoya Velasco, arquitecto municipal, tras su doble tasación de los terrenos donde se asienta El Quiñón, el polémico PAU que está levantando la constructora ONDE 2000 S. L. propiedad de Francisco Hernando Contreras, alias El Pocero Fruto de aquello, Montoya fue despedido de su cargo. Más tarde, el aparejador municipal, Mariano Álvarez Martínez, también cesó de sus atribuciones tras la convocatoria de una plaza por parte del Ayuntamiento. Mariano Álvarez era apoderado de Horpavisa, una empresa de pavimentaciones y viviendas cuyo administrador único es Francisco Hernando Contreras. De esta manera, resultaban incompatibles sus cargos en el Ayuntamiento y en la mencionada empresa privada. En el pleno municipal del 26 de abril de 2004, el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU) expuso que pidió a Jesús Montoya un informe de tasación de El Quiñón, en relación a la permuta de las cesiones de aprovechamientos urbanísticos. Me lo deja en mi mesa y aún no lo he leído; al cuarto de hora, me llama el promotor Hernando porque tiene ya copia de ese informe recogen las actas municipales sobre palabras de Fuentes en el pleno. El aparejador municipal trabajaba para Hernando durante la tramitación del PAU bargo, en marzo de ese mismo año, Hernando propone una permuta del 10 del aprovechamiento que al Ayuntamiento le correspondía de El Quiñón a cambio de viviendas. Cuando Montoya emite el segundo informe, sobre este último aspecto, valora el metro cuadrado en 118,50 euros. Tras una reunión entre el alcalde y Hernando, que se celebra de forma áspera, saliendo el promotor un poco enfadado Fuentes propone al arquitecto municipal que renuncie a su puesto voluntariamente. Responde que lo hará, aunque más tarde deja en manos de la Corporación la decisión que crea más oportuna sobre su futuro. El alcalde considera que estaba al servicio de Hernando por lo que le destituye el primero de septiembre de 2004. Montoya denuncia al Ayuntamiento, aunque el juez, según fuentes municipales, da la razón al Consistorio. De 360 a 118 euros por metro Concretamente, el 16 de enero de 2004, Montoya emite un informe de tasación que valora el suelo de ONDE 2000 para que la empresa avale el 100 de las obras de urbanización que garantizan la viabilidad del PAU El Quiñón, de manera que, cumpliendo la ley, la constructora pueda simultanear la edificación. El metro cuadrado, según ese documento, cuesta 360,59 euros. Sin em-