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ABC JUEVES 29 6 2006 Nacional 19 La retroactividad de la ley de títulos nobiliarios puede aumentar los pleitos La Comisión de Justicia del Congreso aprueba hoy la iniciativa b El informe de los Servicios de la Cámara Baja advertía que no es de uso frecuente la retroacción de los efectos a la fecha de la presentación de la iniciativa J. L. L. MADRID. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprueba hoy, con capacidad legislativa plena, la proposición de ley sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios. La nota más destacada de la iniciativa- -y la que ha levantado más polémica- -es la retroactividad de la nueva norma. La disposición transitoria del texto que se aprueba hoy dispone la aplicación de la futura ley a todos los expedientes relativos a Grandezas de España y títulos nobiliarios que, con fecha 27 de julio de 2005 (día de presentación de la proposición en el Congreso) se encuentren pendientes de resolución administrativa o jurisdiccional, tanto en la instancia como en vía de recurso, así como los expedientes que se hubieran promovido a partir de aquella fecha. La autoridad administrativa o jurisdiccional ante quien penda el expediente o el proceso concederá de oficio trámite a las partes personadas a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga de conformidad con la nueva ley en el plazo común de cinco días. El informe que la letrada de la Comisión de Justicia entregó a la ponencia parlamentaria encargada de dictaminar el texto ya advertía que la retroacción de los efectos de la disposición transitoria a la fecha de la presentación de la iniciativa no es de uso frecuente debido a las implicaciones que puedan tener los principios de seguridad jurídica y publicidad de las López Aguilar, ayer en el Pleno, con José Antonio Alonso normas. Los servicios de la Cámara dejaron claro que la retroactividad se utiliza en situaciones en que se pretenden preservar o asegurar los efectos que la norma ha de cumplir, sobre todo, en materia económica o fiscal En todo caso- -se añadía en el informe- la finalidad perseguida parece ser evitar una probable litigiosidad IGNACIO GIL Reunión en el Ministerio de Justicia En ese punto no están de acuerdo los representantes de la Grandeza de España, que creen que la retroactividad puede ocasionar una cascada de recursos. El texto aprobado por la ponencia casi anima a pleitear señalaron a ABC fuentes de la Diputación de la Grandeza. Precisamente, representantes de ese organismo se reunieron ayer con altos cargos del Ministerio de Justicia, con el objetivo de recortar aún más la retroactividad. Las mismas fuentes señalaron que los representantes del Ministerio de Justicia se comprometieron a retirar del texto que hoy aprobará el Congreso la obligación de que a los expedientes que se hubieran promovido a partir de 27 de julio de 2005 les será de aplicación la nueva ley. El artículo 9.3 de la Constitución sólo prohibe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales. Un artículo que ha sido entendido por el Tribunal Constitucional como referido a los ámbitos de los derechos fundamentales y las libertades públicas, de tal manera que, fuera de ellos, nada impide al legislador dotar a la ley de la retroactividad que considere oportuno. La prohibición de retroactividad sólo es aplicable a derechos consolidados e integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes ni futuros. Los jueces absuelven a la mitad de los acusados del caso AVE entre ellos al ex ministro García Valverde N. C. MADRID. El caso AVE uno de los escándalos de corrupción más importantes del PSOE, junto con Filesa, ha quedado prácticamente en nada. Tras doce años de investigación dirigidos a determinar si el Partido Socialista se financió de manera ilegal mediante el cobro de comisiones en la adjudicación de las obras del tren de alta velocidad, la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a seis de los doce acusados que se sentaron en el banquillo, entre ellos al ex ministro y ex presidente de Renfe, Julián García Valverde; la ex coordinadora de Finanzas del PSOE Aída Álvarez y su esposo, Miguel Molledo; el ex administrador de Filesa, Luis Oliveró; el director de compras de Renfe, Leopoldo Iglesias; y el ex responsable de Siemens, Juan José Chinchilla. Los otros seis- -los directivos de Siemens Francisco Francés y Mario Huete; el ex cargo de Moncloa Florencio Ornia; los responsables de la consultora GMP y ex cargos socialistas Juan Carlos Mangana y Sotero Jiménez; y Valentín Medel, ex edil socialista del Ayuntamiento de Madrid- -han sido condenados a un año de prisión y al pa- go de una multa de 18.000 euros por un delito de falsedad que habrían cometido al emitir y cobrar facturas falsas. El Tribunal reduce la pena al mínimo al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas y no aprecia, en ningún caso, la existencia de un delito de cohecho. En una sentencia de 361 folios, la Sala da un tirón de orejas a la fiscal Anticorrupción encargada del caso por la imprecisión de su informe y por no individualizar la conducta de cada uno de los acusados. En cuanto al ex ministro, le absuelve por falta de pruebas, mientras que a Aída Álvarez y a su esposo les aplica el principio de cosa juzgada Es decir, entiende que el delito de falsedad del que venían acusados tiene su origen en el caso Filesa por el que ya fueron condenados. También han sido absueltas las siete empresas, entre ellas Siemens y GMP, a las que se reclamaba la responsabilidad civil.