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4 Opinión JUEVES 29 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LOS RIESGOS DE POLITIZAR EL BANCO DE ESPAÑA E LA TRIBU FRENTE A LA JUSTICIA A reacción del Partido Nacionalista Vasco a la investigación judicial sobre la intervención de su dirigente Gorka Aguirre en el cobro de la extorsión etarra ha puesto otra vez de manifiesto la repelencia del nacionalismo hacia el Estado de Derecho. Los nacionalistas vascos se han creído siempre ungidos por una patente de impunidad frente a los tribunales de Justicia, propiciada en buena medida por los errores históricos de la clase política española, que aceptó la hegemonía del PNV en el País Vasco como un mal necesario para frenar la ofensiva terrorista de ETA. Desde esa posición altanera del poder discrecional que han ejercido en las instituciones vascas, el PNV ha mantenido una actitud de hostilidad constante hacia el poder judicial, sin dudar en calificar a los jueces destinados en el País Vasco como sucursalistas de una justicia extraña. Por eso es un acto de cinismo que Xavier Arzalluz, después de declarar ante el juez Grande- Marlaska sólo como testigo en el sumario por la extorsión de ETA, amenazara con impugnar la Constitución si seguían las acciones judiciales contra miembros de su partido, como si en algún momento el PNV hubiera acatado o hecho valer el texto constitucional con un mínimo de rectitud. Su pacto secreto con ETA en 1998 demostró hasta qué punto el nacionalismo vasco interiorizó la deslealtad con el sistema constitucional como una constante política vital. La llegada de Josu Jon Imaz a la presidencia del PNV no ha supuesto mejora democrática alguna al respecto, llegando él mismo a desafiar a la Audiencia Nacional al anunciar que se iba a reunir con Batasuna, como así hizo, buscando para sí el martirio judicial que se había cometido con el lendakari Ibarretxe, querellado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por el mismo motivo. Esta reacción visceral del PNV carece incluso del más mínimo escrúpulo estético, como se vio ayer cuando su portavoz parlamentario, Joseba Egibar, se sumó a la protesta de los acusados en el macrojuicio contra Ekin y pidió al Gobierno que detuviese los procesos contra la izquierda proetarra y las iniciativas de GrandeMarlaska. Es realmente preocupante que este naciona- L lismo, que jamás mostró similar sensibilidad con las víctima de ETA, sea el que pueda hacerse con el control del gobierno judicial en el País Vasco a través de los Consejos Autonómicos con los que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero va a quebrar el principio de unidad del poder judicial. La solidaridad del PNV con Gorka Aguirre Todos somos Gorka decía ayer la pancarta que agrupaba a los peneuvistas que apoyaban al imputado durante su declaración ante el juez Grande- Marlaska- -no es un ejercicio de buena fe colectiva, sino de tribalismo reaccionario, de coerción explícita al poder judicial y, en definitiva, de incompatibilidad con las reglas del juego democrático. Algo que ha tenido consecuencias muy graves en el País Vasco, donde la función jurisdiccional ha sido deslegitimada desde el propio poder autonómico y rodeada de un ambiente, agresivo, en el que ETA, siempre que lo ha necesitado, ha encontrado escritas por mano ajena buena parte de sus coartadas criminales contra los jueces. Ante esta actitud sistemática del nacionalismo vasco contra la justicia, que no cesó siquiera cuando ETA asesinaba y los tribunales acorralaban a los responsables del entramado político, financiero, mediático y social de los terroristas, el Gobierno no puede refugiarse en tópicos de manual. Si el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se siente identificado con un Estado comprometido con la derrota de ETA, tiene que apoyar explícitamente las decisiones judiciales que aplican la ley a los terroristas y a sus cooperadores y cómplices. En este asunto, capital de la democracia, no hay neutralidad que valga ni es admisible que el Gobierno asista indiferente a la cacería verbal desplegada contra el juez Grande- Marlaska o los magistrados del Tribunal Superior vasco que han imputado a Ibarretxe. Estos jueces son los que representan los intereses del Estado- -apliquen la ley con más o menos acierto- -y no aquellos políticos nacionalistas o portavoces etarras que han dedicado todo su empeño a entorpecer la acción de la Justicia contra ETA, por mucho que ahora sean éstos los que se complazcan con la posición del Gobierno en el sedicente proceso de paz UNIDOS TAMBIÉN EN LA DERROTA L A selección española ha regresado de Alemania antes de tiempo, dejando un sabor agridulce a la hora de valorar su actuación. Hubo goles y fútbol de calidad en la primera fase, pero faltó capacidad competitiva para hacer frente a Francia en octavos de final. En todo caso, y a diferencia de otras ocasiones, España ha dejado su huella en este Mundial. Tenemos una selección joven, con un talento indiscutible y unas maneras envidiables. Hay equipo para varios años si se sabe cuidar y si se otorga la confianza imprescindible a quienes la merecen: los grandes jugadores se forjan en la alta competición y rinden sus mejores frutos después de algún tiempo en la elite. El futuro de Luis Aragonés es incierto, y se resolverá en los próximos días, aunque el técnico ha asumido que no se han cumplido los objetivos. Es un reconocimiento que le honra, cuando lo fácil sería ampararse en la buena imagen ofrecida durante de una etapa en la que sólo se ha perdido un partido, aunque fuera precisamente el más importante. En tal caso, nadie podrá negar su esfuerzo, así como su voluntad para combinar juventud y veteranía, unas veces con más fortuna que otras. Más allá del terreno deportivo, el Mundial deja buenas sensaciones desde el punto de vista sociológico. Las derrotas unen tanto y más que las victorias y todos los españoles- -sin distinciones ideológicas o de procedencia- -hemos vivido juntos las andanzas de la roja un equipo capaz de ilusionar a un país como hacía mucho tiempo que no ocurría. Es un fenómeno muy significativo, que se ha hecho patente sobre todo entre los jóvenes, auténticos entusiastas de la bandera y del himno en estos tiempos en que- -por razones absurdas- -ciertas instancias sociales prefieren eludir los símbolos de la nación española. La España oficial debería tomar buena nota de esta explosión social, que durante varias semanas ha gozado y ha sufrido con nuestra selección para demostrar que el patriotismo (por supuesto, sin agresividad ni exclusivismo) es una virtud cívica que engrandece a las principales naciones del mundo. Nadie podrá quitar este mérito indiscutible a nuestra selección de fútbol en un momento social y político en el que unir en la misma emoción a todos los españoles resulta especialmente oportuno. L vicepresidente Solbes se ha esforzado por presentar como normal el relevo en el Banco de España. No lo ha conseguido, porque ni la figura de Miguel Ángel Fernández Ordóñez- -eminentemente política- -corresponde a la del gobernador saliente ni el proceso de renovación se parece a los anteriores, desde que en junio de 1994 entró en vigor la ley de Autonomía del Banco de España. El Gobierno ha roto el consenso tácito con el primer partido de la oposición, que fue eficaz para la designación del equipo Rojo- Martín, en 1994, y del siguiente, Caruana- Gil, en el año 2000. Con los gobiernos de González y de Aznar funcionó perfectamente ese pacto no escrito, que cumple la ley y va más allá para reforzar la representatividad e independencia del equipo de gobierno del instituto emisor. Con el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero salta por los aires ese consenso y se empuja a la oposición a una fiscalización del nuevo equipo. Es cierto, como señaló Solbes en su preceptiva comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso, que el Gobierno cumple la letra de la ley, la cual se limita a subrayar que el Rey designa a quien el presidente del Gobierno propone, una vez que el ministro de Economía informa al Congreso. El proceso es tan sencillo como poco exigente. Porque el problema no está en la letra de la norma, sino en las formas: en una democracia asentada se debería exigir, al menos, una audiencia en el Parlamento con preguntas al candidato. Así se hace con el aspirante a gobernador de la Reserva Federal en los Estados Unidos, que es examinado por el Senado (lo que no ha sido óbice para que los candidatos hayan obtenido un respaldo abrumador del poder legislativo) Con esta nueva ruptura del consenso entre los grandes partidos, el Gobierno confirma su tendencia a la arbitrariedad: prácticamente para todas las instituciones ha designado o apoyado a personas del partido, desdeñando elementales criterios de independencia, indispensables para un puesto como el del gobernador del Banco de España. De esta manera, no se respeta el principio básico del equilibrio de poderes, que es una condición necesaria para que el sistema funcione. No se discute la profesionalidad de Fernández Ordóñez, aunque no sea un experto en política monetaria y apenas conozca los circuitos del Banco Central Europeo. Lo que plantea graves inconvenientes es su condición de miembro del PSOE, porque su nombramiento como gobernador, después de su paso por la secretaría de Estado de Hacienda, politiza una institución que, por su propia naturaleza, debería estar al margen de la contienda partidista. Quien se resiente es el Banco de España, situado desde ahora en el centro de una batalla de intereses altamente perjudicial para sus fines y objetivos.