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36 MIÉRCOLES 28 6 2006 ABC Madrid LAS CONCLUSIONES El alcalde Alberto Ruiz- Gallardón ha tratado a los madrileños como súbditos, y no como ciudadanos Es indiferente que la M- 30 sea una calle o una autovía; lo que cuenta no es el nombre, sino las dimensiones de las obras No me explico cómo alguien puede siquiera imaginar la posibilidad de eludir la legislación europea cambiando una autovía de nombre No existe confrontación entre la legislación española y europea; la que prima en todo momento es la comunitaria La delegación europea suspende la M- 30, y el Ayuntamiento duda de su competencia Los dos eurodiputados creen que la reforma de la vía incumple la normativa comunitaria b Los representantes socialista y verde avisan de posibles sanciones a España el Ayuntamiento dice que hay un problema legal que debe resolver el Estado SARA MEDIALDEA MADRID. Más que duras, durísimas fueron las valoraciones realizadas ayer tarde por los dos eurodiputados que formaban la comisión oficial de visita en Madrid para ver las obras de la M- 30, tras las denuncias realizadas por IU, ecologistas y vecinos. Proinsias de Rossa- -socialista irlandés- -y Margrete Auken- -danesa y de Los Verdes- -consideran que los trabajos incumplen la normativa europea porque no tienen declaración de impacto; la M- 30 no les parece en ningún modo una calle, sino más bien una gigantesca autopista de circunvalación y respecto al alcalde Ruiz- Gallardón creen que ha tratado a los madrileños como súbditos, y no como ciudadanos Una trampa A ambos eurodiputados les parece una trampa que el Gobierno local utilizara el cambio de denominación de autovía a vía urbana para la M- 30 con el único fin de eludir la obligación de realizar una declaración de impacto ambiental. Lo que cuenta- -dijeron- -no es el nombre, sino las dimensiones de la obra, y estas dimensiones evidencian que la declaración de impacto en la M- 30 era ineludible Por eso, no dudan que España podría ser sancionada por este incumplimiento de la normativa comunitaria, e insisten en que ésta prevalece sobre la normativa del país miembro Añadieron además que el problema de la M- 30 no es de carácter legislativo, sino que ni el Gobierno municipal ni el regional han dejado participar a los ciudadanos en este proyecto, y se les ha negado su derecho a ser escuchados La última jornada de los eurodiputados en Madrid no empezó bien: su primer encuentro institucional fue con la directora de Calidad y Evaluación Ambiente del Gobierno regional, María Las obras de la M- 30, tal y como las vieron los eurodiputados desde el edificio Torre de Praga Jesús Villamediana, y con la directora de Asuntos Europeos de la Consejería de Presidencia, Laura de Esteban. A los miembros de la comisión oficial enviada por la CE les pareció una representación muy pobre: Lamentamos profundamente -dijo Auken- -no haber sido recibidos por alguno de los dos vicepresidentes o de los 13 consejeros regionales, porque no es de utilidad hablar con funcionarios Las dos aludidas protestaron: ellas son cargos políticos, y se estableció que les atendieran porque lo que pedían eran datos técnicos Justificaron haber eximido a las obras de la M- 30 de la declaración de impacto en base a la normativa estatal y autonómica aunque les recordaron que el Gobierno regional sí estableció una serie de requisitos ambientales y patrimoniales que debía respetar el proyecto JAIME GARCIA Palabras muy duras La siguiente parada de los eurodiputados fue en la Asamblea de Madrid. Allí les recibieron los tres grupos políticos, por separado. Rafael Simancas, encabezando al del PSOE, aseguró al terminar el acto que éstos habían tenido palabras extraordinariamente graves para el proyecto de reforma del tercer cinturón de Madrid. Utilizaron, dijo, términos como desastre o afecciones graves al patrimonio históricoartístico y hablaron de sanciones de las instituciones europeas y los tribunales de justicia Simancas, por su parte, les pidió que en sus recomendaciones- -que se conocerán verbalmente el 10 de julio- -busquen que esta obra termine cuanto antes y bien que se establezca un plazo máximo para su finalización, antes del próximo verano Por parte del grupo parlamentario de IU, su portavoz Fernando Marín insistió ante la delegación en lo preocupante de un precedente como esta exención de declaración de impacto No obstante, el portavoz del grupo popular, Antonio Beteta, planteó la cuestión en términos muy diferentes: se sorprendió de que la eurodiputada popular que debía estar entre la delegación no hubiera acudido, y criticó el desconocimiento sobre el derecho in-