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ABC MIÉRCOLES 28 6 2006 Internacional 29 Nuevo tropiezo de la Audiencia Nacional en su misión en Guatemala El juez Santiago Pedraz no podrá interrogar a los testigos del genocidio defensas y las dilaciones de la Corte Suprema guatemalteca impiden la toma de declaraciones, que tendría que haberse iniciado el lunes NATI VILLANUEVA. ENVIADA ESPECIAL CIUDAD DE GUATEMALA. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha encontrado una nueva piedra en el camino de la investigación del genocidio cometido en Guatemala entre 1978 y 1986. A los obstáculos de la Justicia para que España investigue los hechos denunciados (la Corte Suprema lleva desde el viernes sin resolver un recurso que permitiría el inicio de los interrogatorios) y a los diversos recursos que han presentado las defensas de los imputados, se suma ahora la imposibilidad jurídica de que el magistrado tome declaración en la Embajada española a los testigos que quieran comparecer de forma voluntaria, entre ellos a la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. Esta opción, que en principio podría convertir en tribunal esta sede diplob Las argucias de las mática (donde el 31 de enero de 1980 fueron asesinadas 37 personas, entre ellas tres españoles) mientras los ex altos cargos guatemaltecos siguen torpedeando el proceso, no es posible desde el punto de vista jurídico, según aseguró el embajador de la legación española en este país, Juan López Dóriga. El diplomático explicó que la función jurisdiccional es territorial y, como tal, es competencia del Estado, en este caso España. Sin embargo, la embajada es una oficina española en territorio guatemalteco que, aunque protegida por una serie de prerrogativas que le atribuye el Convenio de Ginebra, tales como la inmunidad, no tiene encomendada ninguna función jurisdiccional. Resolver el conflicto Lo único que permitiría al juez comenzar la práctica de diligencias (las primeras estaban previstas para el lunes) sería la resolución del conflicto de competencias planteado por la defensa del coronel Germán Chupina, director de la Policía Nacional durante el Gobierno del general Lucas García. Y es que el papel de la comisión judi- cial desplazada a Guatemala no está siendo fácil. Aunque el lunes fue recibida en los Tribunales entre los aplausos de medio centenar de indígenas víctimas de los crímenes militares, en el interior de la sede judicial el trato fue muy desagradable. Pedraz, el fiscal Jesús Alonso y los letrados de las partes estuvieron durante más de una hora en un habitáculo de cristal de diez metros cuadrados, con las ventanas abiertas en una vista tan pública como tramposa. Observados por medio centenar de personas- -casi todos periodistas- la Policía guatemalteca no adoptó las mínimas medidas de seguridad para evitar un posible atentado. En esa misma vista pública se encontraba el abogado del ex general Ríos Montt, principal imputado en la causa y bajo cuyo mandato se produjeron más de 300 masacres en pueblos mayas con un saldo de 16.000 muertos en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y matanzas. Francisco Palomo reiteró que ni si su cliente, golpista y político en activo, ni los demás imputados reconocen la jurisdicción universal y recalcó que España perdió cualquier potestad sobre Guatemala el 15 de sep- Ríos Montt REUTERS tiembre de 1821 (el día que se proclamó su independencia) El principal periódico de Guatemala, Prensa Libre, recogía ayer declaraciones del general retirado José Luis Ayuso, presidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, en las que advierte de que el proceso contra los militares vinculados al caso del genocidio por la Justicia española puede tener consecuencias negativas. No queremos mover aguas que no convienen- -dijo- -pero este caso puede traer acciones trágicas