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14 Nacional EL DEBATE SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON ETA LUNES 26 6 2006 ABC El Gobierno espera a abrir el diálogo con ETA para dar luz verde a la ley de solidaridad con las víctimas El Ejecutivo la aprobará antes de septiembre, después de guardarla más de un mes en un cajón b La normativa estaba lista para haberse tramitado en las Cortes antes del verano, pero La Moncloa ha preferido que quede para el próximo periodo de sesiones B. TORQUEMADA MADRID. El borrador de la nueva ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo lleva más de un mes en el despacho de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pero el Ejecutivo paralizó su tramitación en busca del momento óptimo para aprobarla, en función de un adecuado encaje en la opinión pública del proceso de diálogo con la banda terrorista ETA. Tras varias semanas de indefinición, desde mayo, en las que distintas fuentes de La Moncloa coincidían en que el proyecto estaba muy abierto y poco maduro y que por tanto no tenía calendario Fernández de la Vega manifestó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado viernes que el Gobierno aprobará la ley antes de septiembre. Todo apunta al mes de julio, pero también cabe la opción de que se le dé luz verde en la reunión del Gabinete de finales de agosto, después de las vacaciones. Parón desde abril La insistencia del entorno del presidente del Gobierno en que la ley no está aún ultimada (la propia vicepresidenta habló el viernes de fase de borrador contrasta con el hecho de que la Oficina del Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo que encabeza Gregorio Peces- Barba había convocado el pasado 19 de abril, justo después de Semana Santa, una reunión con los colectivos de víctimas para presentarles el proyecto, en lo que iba a ser una puesta en común previa a su inmediata aprobación. Esta convocatoria se anuló a última hora so pretexto de la crisis de Gobierno y del relevo de los titulares de ministerios concernidos por la normativa, como era, sobre todo, el caso del de Interior, en el que tomó mando en plaza en aquel momento Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde entonces, la aprobación ha quedado a expensas de la estrategia de tempos del Gobierno para encauzar ante la opinión pública el proceso de conversaciones con ETA, según diversas fuentes consultadas. De la seguridad que esgrimió el propio presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el pasado 1 de marzo manifestó en el Congreso de los Diputados que la ley vería la luz antes del verano, se ha pasado a una dilación sopesada, ajena al trabajo técnico de elaboración de la normativa, que ya lleva tiempo hecho. El propio Peces- Barba se comprometió a terminar el anteproyecto en abril cuando en el III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo celebrado en Valencia el pasado mes de febrero anunció que dejaría el cargo después del verano. La oficina del Alto Comisionado fue el organismo al que Rodríguez Zapatero encomendó la elaboración de esta ley, y por eso Peces- Barba lleva meses diciendo que se marcha con los deberes hechos Pero esos deberes remitidos a La Moncloa a finales de mayo, quedaron a la espera de un momento idóneo que, finalmente, el Ejecutivo sitúa en el paréntesis estival. En el camino del Gobierno se cruzó, hace dos semanas, la manifestación convocada por la AVT en Madrid, que aconsejaba no revolucionar aún más el flanco sensible (y esencial) que representan las víctimas. Cuando Zapatero prometió poner en marcha esta ley, la asociación encabezada por Francisco José Alcaraz interpretó que el proyecto trataba de callar y conformar a los afectados mientras, paralelamente, el Ejecutivo se escudaba en sus desvelos por las víctimas para des- Zapatero, con Peces- Barba y Maite Pagazaurtundúa en La Moncloa plegar con más libertad sus movimientos de acercamiento a los terroristas. Ahora, ese mecanismo que tanto la AVT como el PP consideran compensatorio (en un plato de la balanza las negociaciones con la banda, en el otro la atención a las víctimas) lo ven con- JULIAN DE DOMINGO La AVT cree que la ley busca conformar a las víctimas para que aflojen su presión contra la negociación Una normativa integral La ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo pretende ser una ambiciosa reforma de la normativa vigente desde 1999, que, según la Oficina del Alto Comisionado, presenta deficiencias operativas, referidas sobre todo a complicaciones burocráticas y a la falta de cobertura de determinados supuestos. Nacerá con vocación de ley integral (del estilo de la de violencia de género) por lo que abarca aspectos que son competencia de distintos ministerios. Además de la mejora de las ayudas económicas a las víctimas, solventará carencias como la escasez de asistencia psicológica (se suprimirá su limitación temporal) y facilitará el acceso de los afectados a viviendas adaptadas a sus necesidades. Se pretende lograr una ventanilla única que acabe con el sistema dual de subvenciones derivado de la normativa de 1999 según PecesBarba, quien se fijó como principal objetivo de su mandato elaborar esta ley. Ahora, con la anunciada supresión del Alto Comisionado, que depende directamente de Presidencia del Gobierno, Rubalcaba ha tomado las riendas de la política de atención a las víctimas. firmado en que inmediatamente después de la apertura del diálogo con ETA (Zapatero obtendrá el plácet del Congreso esta misma semana) la ley será finalmente aprobada sin riesgos de calentamiento social ni político. Al refrendarla el Consejo de Ministros en julio o, a lo sumo, agosto, su tramitación en las Cortes quedará para septiembre, con lo que, según estiman, se evitan (o al menos se difieren) posibles cuestionamientos. Fuentes del Partido Popular han explicado a ABC que el asunto de la ley de Solidaridad con las Víctimas se abordó en la última entrevista que mantuvieron en La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno expresó su voluntad de aprobarla antes del verano, y el líder de la oposición le secundó en esa intención. Sin embargo, desde entonces ha crecido el malestar en el seno del PP porque, aducen las mismas fuentes, la comunicación La Moncloa- Génova no es tan fluida como el Gobierno pretende hacer creer y ese ambiente no garantiza en estos momentos el respaldo a ninguna ley