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ABC LUNES 26 6 2006 Opinión 5 UNA RAYA EN EL AGUA AUTODEFINIDO N una nueva muestra del absurdo desquiciado en que se ha convertido el Estado autonómico, los socialistas catalanes han reclamado al presidente Zapatero la potestad de nombrar al futuro sustituto de Montilla, cuando éste abandone el Gobierno para sustituir a Maragall como candidato a la Presidencia de la Generalitat. Es decir, que el Partido Socialista de Cataluña pretende designar, sin tapujos, al ministro de Industria de España. Toma bilateralidad; a esto no se atrevió ni Carod Rovira en la noche de delirante euforia septembrina en que se redactó el Estatuto. Hemos llegado a un punto en que el disparate territorial parece carecer de límites racionales. Si los socialistas catalanes se sienten animados a meter la mano en el cuaderno de Zapatero para escribirle el nombre de un ministro es porque el mismo presidenIGNACIO te ha propiciado un estado CAMACHO de cosas que permite la confusión sobre los principios elementales de funcionamiento del Estado. Y también porque los dirigentes del PSC saben que la presencia del propio Montilla en el Gobierno se debía de manera indubitable a su condición de líder del partido en Cataluña. O sea, a una cuota a la que no están dispuestos a renunciar, desde la creencia de que las competencias nacionales de Industria constituyen una especie de derecho adquirido por el lobby catalán. (Creencia abundada también en época de Aznar, con Piqué y Birulés) Nadie ha desmentido, por el momento, tal presunción. En realidad, sólo hay una manera de desmentirla, y es nombrar como sustituto de Montilla a alguien que no tenga nada que ver con Cataluña. Decisión que corresponde por completo a un presidente que debe su cargo de responsable del PSOE al apoyo de la poderosa federación catalana, aunque entre sus competencias indelegables está la de formar equipo como considere más conveniente. Pronto veremos, a más tardar al final del verano, el verdadero alcance de su autonomía. El sistema de cuotas representa la última perversión de la política, que convierte los gobiernos en una especie de coalición interna. Manuel Chaves, por ejemplo, hace tiempo que compone el Gabinete andaluz como si fuera un puzle, en el que debe combinar las piezas atendiendo a criterios de sexo y procedencia provincial. Tiene que haber una mitad de mujeres y además han de estar representadas las ocho provincias en condiciones equitativas. El resultado no es un Gobierno, sino un crucigrama. Horizontales: Consejería de Medio Ambiente, mujer y de Almería. Verticales: Consejería de Turismo, hombre y de Málaga. Y así. Pero al menos Chaves controla las claves del autodefinido. Lo que quieren hacerle los catalanes a Zapatero es blindarle por las bravas la competencia del Ministerio de Industria, sin necesidad de que la contemple el Estatuto, para poder manejar a conveniencia el sector energético y las localizaciones de inversión. Con las cosas de comer no se juega. Bernard Show escribió, con su lúcida ironía amarga, que la democracia consiste en sustituir el gobierno de una minoría corrupta por el de una mayoría incompetente. Sobre minorías incompetentes no dijo nada, quizá porque no conocía a Zapatero. E JUSTICIA ESPECTÁCULO U N dirigente del Partido Nacionalista Vasco es llamado a declarar ante el juez GrandeMarlaska como imputado en un presunto delito de colaboración con banda terrorista. Al parecer, podría haber actuado como intermediario en las extorsiones de los etarras a empresarios vascos y navarros. Miembros de su formación aseguran, sin embargo, que la citación no le ha sido notificada por los cauces reglamentarios, sino que ha tenido conocimiento de la misma a través de la prensa; y acusan al juez de ejercer la justicia espectáculo El portavoz socialista en el Congreso, por su parte, ha declarado que está seguro de que tales imputaciones no pueden ser ciertas, por tratarse el Partido Nacionalista Vasco de un partido democrático No acabo de entender cuál es el averiado razonamiento que impulsa al portavoz socialista a considerar que la pertenencia a un partido democráJUAN tico exonera de responsabilidad peMANUEL DE PRADA nal a sus militantes; como si la adscripción democrática fuera la purga de Benito. Otra cosa muy distinta sería que la imputación no se hubiera realizado por los cauces correctos. Y aquí la pertenencia del imputado a la dirección de un partido democrático o a las juventudes hitlerianas constituye una circunstancia baladí. Si en verdad el dirigente del Partido Nacionalista Vasco se hubiese enterado de la citación a través de la prensa habría que considerar la posibilidad de que se hubieran infringido las garantías procesales que asisten a cualquier ciudadano. Nuestra Constitución establece el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión así como su derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos Creo que cuando un imputado recibe noticia de una citación judicial a través de la prensa se están vulnerando sus garantías pro- cesales y, por lo tanto, se le está causando un perjuicio en sus derechos e intereses sustantivos. Perjuicio que, además, se debe a una incorrecta actuación del órgano jurisdiccional que permite la filtración. El derecho a ser informado sobre los hechos que se le imputan y sobre la calificación jurídica de los mismos es esencial para que el imputado pueda preparar su defensa. Si dicha información le es escamoteada, nos hallaríamos ante un manifiesto caso de indefensión. Suponemos que ese dirigente del Partido Nacionalista Vasco acabará recibiendo la citación. Nadie lo resarcirá, sin embargo, del daño causado por la publicidad dada a esa citación antes de que llegara a sus manos; publicidad que, según mi modesto entender, constituye una vulneración del deber de presunción de inocencia, que no sólo vincula a jueces y tribunales en el momento de juzgar, sino que debe impregnar toda su actuación; también la fase de instrucción, donde el juez ha de esmerarse por evitar que sus imputaciones alcancen una repercusión social que, de algún modo, enturbie la presunción de inocencia que asiste al imputado. No creo que permitir que la prensa se entere de la existencia de una citación judicial antes que el propio imputado constituya una aportación gloriosa a la presunción de inocencia. Pero en los últimos tiempos nos estamos habituando a que las actuaciones judiciales se desenvuelvan ante las cámaras y los micrófonos, antes que en el ámbito procesal; práctica exhibicionista que, desde luego, el juez Grande- Marlaska no ha inaugurado, pero a la que no es del todo ajeno. No quisiera que este artículo se interpretase como una censura a la actuación de un juez que está defendiendo la vigencia de la ley en una época de indignas componendas y enjuagues. Pero la aplicación rigurosa de la ley exige la observancia de unas determinadas formalidades que no son puros aderezos o floripondios, sino garantías de su riguroso cumplimiento.