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4 Opinión LUNES 26 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil UNA LEY QUE SATISFACE A UNOS POCOS A reforma de la ley de Propiedad Intelectual ha cosechado más críticas que elogios. Los usuarios de internet consideran injusta la imposición de un canon a los soportes digitales, que habrán de pagar todos los usuarios, hagan uso o no de los contenidos protegidos. Los productores de música estiman que la ley ha roto los equilibrios existentes y que perjudicará el desarrollo de un mercado digital. Los editores de diarios ponen el acento en la reproducción comercial no autorizada de los periódicos por parte de las empresas de press- clipping que se lucran de forma parasitaria reproduciendo páginas que no son de su propiedad. La ley sólo parece satisfacer a la Sociedad General de Autores y Editores y también a los productores de cine. En efecto, es llamativo el consenso alcanzado en el Congreso con el voto favorable de todos los grupos, excepto la abstención de ERC y PNV, por razón de las competencias autonómicas. Aunque la ministra asegura que con el nuevo texto el creador español será el más protegido de Europa, parece que otros sectores estiman que se provoca un claro desequilibrio en favor de las entidades de gestión. La novedad principal es el establecimiento de un canon por el uso de soportes digitales como remuneración compensatoria a los autores por copia privada, cuya tarifa se mantiene igual por ahora. Los soportes afectados por el pago del canon son- -entre otros- -los cd, dvd, mp 3, teléfonos móviles, escáneres o impresoras, quedando exentos los discos duros, líneas de adsl y algún otro caso específico. Los defensores del texto se amparan en una directiva europea y en la lucha contra la piratería. Pero consumidores y usuarios advierten con razón que una de las partes (los autores, aunque en realidad se trate de las entidades gestoras) podrán tomar decisiones de forma unilateral. Incluso un dictamen técnico elaborado por la Fundación Autor, dependiente de la propia SGAE, planteaba ciertas reticencias al canon. En definitiva, el desacuerdo social no se corresponde con el consenso político en una cuestión tan compleja y poliédrica desde la perspectiva de una de las partes. Todo apunta a que la ley supondrá un encarecimiento de determinados productos que en nada beneficia al desarrollo de la sociedad de la información. Es probable también que genere una mayor conflictividad, aunque es acertado que la Comisión de Propiedad Intelectual tenga capacidad arbitral a instancia de una sola de las partes; no obstante, se trata de un dictamen preceptivo pero no vinculante y no puede garantizar que se reduzcan los recursos ante los tribunales. Conviene, en fin, que el desarrollo reglamentario de la legislación se realice con el acuerdo de todos los sectores, sin ventajas ni imposiciones por parte de quienes acreditan una mayor capacidad de presión ante el Ministerio de Cultura. L EL PROCESO CAMINO DEL GUIRIGAY E acumulan los obstáculos en el proceso de negociación con ETA, mientras el Gobierno sigue adelante con una actitud voluntarista que pretende negar la realidad concluyente de los hechos. El Comité Federal del PSOE da carta blanca a Zapatero con un respaldo unánime que desvía todas las críticas hacia la actitud del PP, desleal e insolidaria según algunos líderes socialistas. Aquí se acaban las buenas noticias para el presidente del Gobierno. Mientras tanto, la detención de dos empresarios navarros por haber pagado la extorsión exigida por los terroristas reabre el debate sobre la financiación de ETA. La imputación del dirigente del PNV Gorka Aguirre como intermediario en los pagos abre un delicado frente, aderezado por la presencia de Xabier Arzalluz en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional, con sus previsibles efectos mediáticos. Para confirmar la advertencia de Batasuna de que la kale borroka continuará mientras dure la represión este fin de semana se han producido varios actos de terrorismo callejero, incluidos cócteles molotov contra la Casa del Pueblo de Baracaldo, aunque esto no parece afectar al empecinamiento de Patxi López en seguir adelante: según su criterio, cuanto antes, mejor La actitud de la otra parte en este sedicente proceso de paz no contribuye a templar los ánimos: desde la actitud cínica de los terroristas que están siendo juzgados por asesinato hasta la pretensión de designar a un preso de la banda como interlocutor, todo apunta a un desafío permanente al Estado de Derecho y a la decencia moral y política. Ni siquiera por razones tácticas y de puro oportunismo ETA y su entorno son capaces de actuar bajo la apariencia de un comportamiento prudente. Mariano Rajoy resumía ayer en ABC el punto de vista de la oposición con una frase muy precisa: El PP no aceptará nada mientras ETA no anuncie su disolución Lanzaba también un órdago a Zapatero, en el sentido de trazar una línea infranqueable: si el Gobierno quiere negociar con Batasuna o legalizarla, tendrá que derogar la ley de Partidos. No podrán quejarse los socialistas de S la moderación del líder popular durante la primera etapa del proceso incluido el acuerdo para excluir el asunto del debate sobre el estado de la Nación. Sin embargo, el PSOE no supo administrar esa política de responsabilidad, anunciando por sorpresa nuevos movimientos en actos de partido y precipitándose a mover ficha en la negociación con una formación ilegal, que está excluida por sentencia judicial del lugar reservado en democracia para las personas honorables. Sin contar con el PP, el proceso está abocado al fracaso. Consciente de ello, Zapatero procura mantener un equilibrio sobre el alambre entre el deseo de capitalizar esa mal llamada paz entre demócratas y terroristas y la necesidad de mantener vivo un hilo de diálogo con el PP, que le permita legitimar determinadas decisiones. Si las cosas se tuercen, siempre quedará la excusa de culpar a la oposición por su escasa colaboración. No hay lealtad alguna en este juego peligroso. Todo apunta a que, privado de un apoyo que no ha sabido ganarse, el Gobierno tendrá que afrontar la situación a solas, por mucho que obtenga de sus aliados en el Congreso de los Diputados una aquiescencia poco comprometida. La actuación judicial, en particular a cargo del juez Grande- Marlaska, mantiene íntegros y en su plenitud los principios del Estado de Derecho, a pesar de la escasa implicación de la Fiscalía en algunos momentos. Las críticas hacia la posición del juez desde los entornos nacionalistas y socialistas reflejan que algunos se sienten incómodos cuando la ley se aplica- -tal como debe ser- -sin consideraciones respecto a la oportunidad o la presión de las circunstancias. La suma de factores encadenados en los últimos días está llevando el proceso hacia un punto de no retorno, que pronto se va a resumir en la palabra fracaso El presidente del Gobierno, máximo responsable de las decisiones, debería reflexionar seriamente antes de que sea tarde, pues da la impresión que no es él quien lleva adelante el proceso sino que el proceso es el que le lleva a él, si no arrastras, a trompicones. CORRUPCIÓN ITALIANA I TALIA vive presa de una ola de escándalos que incrementa la falta de autoridad moral de los cargos públicos y compromete, aún más, el crédito exterior del país. La detención de Víctor Manuel de Saboya y la dimisión de Adriano Galliani, presidente de la Liga Italiana de Fútbol, han sacado a la luz lo que todo el mundo sabe y viene denunciando: que Italia no puede entenderse en buena medida sin la corrupción. Las últimas noticias han contribuido a enrarecer el ambiente después de la dimisión por abuso de cargo público del gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, o el inicio en el Tribunal de Parma del juicio a 64 acusados por la bancarrota de la empresa agroalimentaria Parmalat. Las derivaciones políticas y deportivas de los dos nuevos escándalos de corrupción no se han hecho esperar. Por un lado, han dañado gravemente la imagen del partido conservador Alianza Nacional del ex ministro de Berlusconi, Gianfranco Fini, al involucrar varios de sus dirigentes; y por otro, han llevado ante la justicia deportiva a la cúpula de equipos como Juventus, Milan, Fiorentina y Lazio. Los barómetros internacionales sitúan a Italia entre los paísesmás corruptos delplaneta, y la presencia de una economía sumergida que supera la cuarta parte de su PIB constata la existencia por debajode la superficie legal de toda un entra- mado de corruptelas e irregularidades que afecta a casi todos los niveles de la vida cotidiana, desde la política a la gestión de una multa de tráfico, pasando por la obtención de una beca o la elección, como acaba de verse, de un árbitro en un partido de fútbol. Es cierto que la situación no es nueva. Por retrotraer un poco la memoria, ya en los años 90 el país tuvo que afrontar una grave crisis nacional que dio pie a un referéndum sobre financiación pública de los partidos políticos y a la adopción de severas medidas de anticorrupción que, por lo que se ve, no han servido de nada. La compleja estructura territorial, la madeja competencial entre las distintas administraciones, los altos niveles de ineficiencia transaccional, los pesados costes derivados del asfixiante intervencionismoburocrático que gravita sobre su economía y lapropia dinámica de los partidos italianos resultan un terreno abonado para que se desarrolle un estructura de corrupción que urge erradicar definitivamente. Italia vuelve a ser actualidad por prácticas corruptas que evidencian el hábito de una cultura de ilegalidad instalada en el tejido social de un país que ha sido capaz de interiorizar una escala de valores paralela a la que regula las actividades legales, de manera que una especie de esquizofrenia moral recorre de arriba abajo el conjunto de la sociedad italiana.