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14 DOMINGO 25 6 2006 ABC Nacional La detención de los empresarios navarros abre el debate sobre la financiación de ETA La patronal pide comprensión y el PSE sugiere que se relaje la aplicación de la ley b El presidente del CGPJ, Francis- co José Hernando, recuerda que la Justicia no está en tregua y ha de seguir en actitud de servicio a los ciudadanos, sin descansar B. L. ABC PAMPLONA MADRID. La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) arropó ayer a los dos industriales de la Comunidad Foral detenidos y puestos a disposición judicial por haber pagado 64.000 euros en concepto de impuesto revolucionario a la banda terrorista ETA en este mes de junio, abono que correspondía a una deuda atrasada de 2001. La decisión de Marlaska abre un debate añadido: el de la propia financiación de la banda, que se sostiene por la extorsión a cientos de empresarios. ETA aspira a mantenerla hasta que el Gobierno facilite el regreso de Batasuna a las instituciones y, por tanto, al acceso a las arcas públicas. Los socialistas vascos piden que la Justicia haga la vista gorda. El presidente de CEN, José Manuel Ayesa, pidió respeto para los empresarios porque desconocemos las circunstancias que les han llevado a actuar de esta manera en tanto que el presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, afirmó que, aunque se trata de un hecho condenable y delictivo, hay que entender la situación de coacción y amenaza a la que se pueden haber visto sometidos los dos empresarios. Ayesa manifestó, a este respecto, que, aunque la CEN recomienda siempre no pagar, algo que considera un hecho muy grave, cuando a uno le dicen que es objetivo de la banda y que tienen controlada a parte de su familia, hay mucha gente que se mantiene firme, pero hay otros a los que se les arruga el ombligo y pagan, y esas circunstancias son las que no sabemos La detención de los empresarios J. J. A. N. y J. M. S. C. socios de la empresa de construcción Azpíroz y Saralegui, es el resultado de la reciente operación del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande- Marlaska y de la juez francesa Laurence Le Vert contra el aparato de extorsión de ETA. Fue la documentación incautada en el domicilio de Bayona de uno de los detenidos en esa actuación, José Luis Cau, la que reveló la cesión al chantaje. Los dos empresarios fueron trasladados ayer desde Pamplona, donde les tomó declaración la Policía Judicial, a Madrid, pues el lunes tendrán que com- parecer en la sede de la Audiencia Nacional ante el magistrado Grande- Marlaska, que les imputa un delito de colaboración con organización terrorista. Mientras llega ese momento, permanecen en las dependencias policiales de Canillas. En estas circunstancias, ayer se sucedieron reacciones que abren el debate sobre el celo judicial en el alto el fuego y sobre los silencios y connivencias en la financiación de ETA. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando, aseguró que la Justicia no tiene tregua y debe seguir en actitud de servicio a los ciudadanos, sin descansar En este sentido, y durante el izado de la bandera nacional en la madrileña Plaza de Colón con motivo de la onomástica del Rey, Hernando hizo hincapié en su respeto a las decisiones judiciales y dijo que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande- Marlaska ha tomado esa decisión y sus razones tendrá para ello Hernando recordó que de lo que se trata es de una medida cautelar de privación de libertad momentánea, de detención. Luego, veremos- -añadió- -si la eleva a prisión o qué es lo que hace, pero de momento lo que hay es una orden de detención. Tendrá que recibir declaración y se hará lo que mande la ley de Enjuiciamiento Civil matizó. Críticas apenas veladas del PSE El secretario de organización del PSE pide que la Justicia tenga en cuenta las circunstancias La AVT critica la vista gorda sobre prácticas por las que quien protege su vida financia el asesinato de otro Sin embargo, el secretario de organización del PSE, Rodolfo Ares, expresó críticas poco veladas contra la decisión judicial, porque- -dijo- -todos, incluidos quienes tienen que administrar Justicia, deben tener en cuenta las situaciones y las circunstancias que viven los empresarios Por eso consideró que la acción de los magistrados debe dirigirse más contra los extorsionadores que contra los extorsionados Apreciación distante de la del presidente de la Asociación de Victimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz, quien opinó que tal y como viene tipifi- Xabier Arzalluz conversa con Gorka Aguirre cado en el Código penal tan responsable es el que paga como el que extorsiona, porque ese dinero que ha pagado está salvando su vida pero está financiando el asesinato de su prójimo Añadió Alcaraz que también hay que perseguir al que hace la vista gorda ante esa actividad terrorista y la minimi- El juez procesa a dos imputados por enviar dinero a través de una herriko taberna a etarras huidos NATI VILLANUEVA MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande- Marlaska ha ampliado el procesamiento del sumario de Batasuna y las herriko tabernas a dos imputados por enviar dinero a etarras asentados en Cabo Verde y Venezuela con decenas de asesinatos a sus espaldas. Los procesados, Andrés Larrea y Pedro Félix Morales, se suman a los ya casi cincuenta contra los que se dirige esta causa, en la que también figuran Arnaldo Otegi, Joseba Permach, Joseba Álvarez, Pernando Barrena y el huido Jon Salaberria. Precisamente es en el marco de este sumario, en el que se investiga la financiación de la banda terrorista ETA a través de las herriko tabernas sedes sociales de Batasuna empresa del proyecto Udaletxe según el auto) en el que Grande- Marlaska ha llamado a declarar, ya en reiteradas ocasiones, al portavoz de la formación ilegalizada. Larrea y Morales comparecerán ante el magistrado el próximo martes, cuando se les comunicará su procesamiento en esta causa. Los dos imputados, detenidos el 11 de mayo de 2005, llevaron a cabo numerosas transferencias entre los años 1998 y 2004 a Cabo Verde y Venezuela por importe de 36.000 euros a través de una cuenta bancaria vinculada a una herriko taberna de Ugao- Miravalles (Vizcaya) Los receptores de este dinero eran José Antonio Olaizola, Emilio Martínez de Marigorta, Enrique Barandika Iztue- ta y Félix Manzanos Martínez, todos con un gran historial delictivo a sus espaldas. En concreto, Olaizola participó en el ametrallamiento en noviembre de 1980 de un bar de Zarauz (Guipúzcoa) en el que murieron cuatro guardias civiles y un vecino de esta localidad; en el secuestro (17 de enero de 1985) del industrial Ángel Urteaga, y en otros ocho asesinatos, entre los que figura el del concejal de UCD Ramón Baglietto. Por su parte, Martínez de Marigorta intervino en la colocación de un artefacto en las instalaciones de la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya) En la explosión murieron dos trabajadores. Manzanos está acusado de participar, entre otros, en el atentado cometido el 5 de julio de 1981 en Oyarzun (Guipúzcoa) contra una patrulla de la Guardia Civil en el que murió un agente. Por último, Barandika está reclamado por el asesinato de dos policías y de una mujer en un bar de la localidad vizcaína de Sestao el 22 de marzo de 1982.