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4 Opinión DOMINGO 25 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL CHANTAJE A LOS EMPRESARIOS E MEMORIA Y MONARQUÍA N inquietante y cada vez menos sutil revisionismo sectario y rupturista emerge con progresiva nitidez del programa de recuperación de la memoria histórica puesto en marcha por la izquierda con la complaciente anuencia de un Gobierno que utiliza a sus socios como coartada para un plan en el que no resulta difícil atisbar mucho más que una discutible reivindicación unilateral de las víctimas de la Guerra Civil. La proposición de ley aprobada el viernes en el Congreso, en la que se declara a la II República como referencia histórica de la actual democracia española, insiste con peligrosa recurrencia en obviar el papel de la Monarquía como factor de estabilidad y legitimación de este largo y fecundo periodo de concordia civil y política, y viene a establecer un discurso ideológico que, lejos de hacer justicia histórica, falsifica de manera patente la identidad real de nuestro pasado colectivo. Tras el escandaloso ninguneo con que la izquierda y los nacionalistas zanjaron en febrero la conmemoración de la intentona golpista del 23- F, saltando por encima de la evidencia decisiva de que fue Don Juan Carlos quien atajó definitivamente la sublevación, la iniciativa sobre la memoria histórica abunda en el mismo doloso error de concepto. Y no sólo porque minimiza el papel de la Corona como promotora de la ingeniería política que desmanteló el régimen de Franco para sustituirlo por un sistema de libertades constitucionales, sino porque sitúa en la República- -sin el menor atisbo de reconocimiento de su manifiesto fracaso entre graves desórdenes de convivencia civil- -la referencia de legitimidad del actual orden democrático. Siquiera por un mínimo rigor historiográfico, el recorrido democrático de la España de los dos últimos siglos no puede efectuarse ignorando el peso de la Corona en nuestras experiencias constitucionales. No sólo por su esencial aportación a la Carta Magna de 1978, sino por otros hechos esenciales que el Gobierno parece querer borrar de manera deliberada: la Constitución de 1876, base del turnismo de la Restauración; la patriótica petición de colaboración con la República efectuada por Don Alfonso XIII en mayo de 1931, a través de las páginas de ABC, o el Manifiesto de Lausana con el que Don Juan de Borbón solicitó en 1945 el establecimiento de un U régimen democrático, lo que valió al tiempo la hostilidad de Franco y la consideración y el respeto de una izquierda que ahora parece olvidar su propio ADN histórico. El afán por situar en la República el origen legítimo de la democracia vigente salta, además, por encima de la realidad indiscutible de que el Rey no abdicó en 1931, sino que resignó poderes a favor del nuevo régimen sobrevenido de manera abrupta y no reglada a partir de unas elecciones locales derivadas en pronunciamiento popular. Esa resignación fue lo que permitió la restauración monárquica de 1975, dando paso a un proceso, el de la Transición, de restablecimiento de las libertades civiles y políticas que ha permitido el periodo democrático más relajado, más largo y menos conflictivo de las dos últimas centurias. Existen razones sobradas para abrazar, más allá del mero accidentalismo, la causa monárquica, seña de identidad esencial de este periódico durante su historia centenaria. La Monarquía constitucional del 78 ha resuelto de manera palmaria cuestiones históricas accidentadas, como la religiosa, la agraria o la militar; ha propiciado la plena integración en Europa y ha dado paso a un modelo de organización territorial plural y descentralizado que sólo recientemente ha comenzado a zozobrar, por mor de la arriesgada agenda de un Gobierno poco juicioso. LaCorona representa, según la Constitución felizmente vigente, la unidad y permanencia del Estado, y sólo desde la irresponsabilidad se puede ignorar o minimizar esta crucial referencia de estabilidad histórica. Las omisiones dolosas contenidas en el programa revisionista de la izquierda dan sentido a un nuevo impulso de la militancia monárquica que ABC, en consonancia con su trayectoria histórica, se siente dispuesto a abanderar en la medida de sus posibilidades y en plena coherencia con sus principios fundacionales. Y ello porque, frente a la manipulación con que se pretende reescribir a conveniencia una historia que olvida el papel histórico de la Monarquía constitucional, creemos firmemente que la mayoría de los españoles se identifica con la Corona como garantía y referente democráticos, muchomás que con las instituciones de diseño que el Gobierno y sus aliados propician a través de operaciones torticeras de intencionalidad rupturista y desestabilizadora. LA ASAMBLEA EPISCOPAL A prudencia ha aconsejado a los obispos españoles no abordar ahora una instrucción pastoral que- -en la estela de la de 2002- -abordase, entre otras cuestiones, los aspectos morales que se deducen de la unidad nacional. Una veintena de prelados no apoyó la inmediata redacción de un nuevo documento y, con buen criterio, la Conferencia Episcopal ha optado por diferir sine die un texto pastoral que recogería, muy seguramente, las tesis ya reiteradamente expuestas especialmente por los cardenales Rouco Varela y Cañizares. Sin embargo, la prudencia con la que se han conducido los obispos, señalando que el desacuerdo ha sido fraternal no puede obviar que se esperaba mucho más de un plenario de la Conferencia convocado de modo extraordinario para analizar y debatir la situación de España. Y aunque habrá un análisis doctrinal y pastoral específico, el hecho de que se demore en el tiempo buscando el consenso máximo sobre su contenido y redacción no evita la sensación de que un cierto disenso interno ha impedido que esta asamblea episcopal culminase con mayor brillantez. Por muchas razones- -y en especial por las estrictamente L eclesiales que conciernen a la presencia de la Iglesia en la España de hoy, convulsa por graves cambios y alteración en el universo de sus valores sociales e individuales- -era esperable la proyección de una imagen más sólida y aglutinada en el órgano que reúne a todos los prelados españoles. Más aún cuando la jerarquía católica debe rematar negociaciones de extraordinario calado, como la educativa y la financiera, en vísperas de una histórica visita del Papa Benedicto XVI a Valencia y en coincidencia con el gran cambio que supone en la curia vaticana el nombramiento como secretario de Estado del cardenal Bertone, un salesiano de gran formación jurídica y moral, pero no diplomático y caracterizado por una personalidad fuertemente pastoral. De ahí que la sensación de oportunidad perdida- -o diferida en el tiempo- -haya signado el término de una asamblea plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española que debe estar preparada para tiempos todavía más difíciles. Y en su transcurso, la unidad de los prelados- -en sus palabras y en sus hechos- -será esencial para que la Iglesia en España siga ocupando el papel fundacional y referencial que ha tenido desde la transición democrática. L juez Grande- Marlaska ha ordenado la detención de dos empresarios navarros sobre los que recae la fuerte sospecha de que pagaron a ETA una significativa suma de dinero, eufemísticamente denominada impuesto revolucionario Al parecer, documentación incautada a la red de extorsión etarra desmantelada por la acción impulsada por el magistrado español y la francesa Levert demostraría que ambos se plegaron a la extorsión, como, por cierto, han hecho muchos otros. Han sido pocos los industriales (habría que recordar a los fallecidos Olarra y Alcorta, como excepciones a una regla general) que se han resistido públicamente a la extorsión. Algunos, sin proclamarlo, también lo hicieron y abandonaron su tierra para instalarse en otra y eludir así a esa mafia. Pero la realidad es que las finanzas de ETA se han nutrido del chantaje a empresarios y profesionales, de los rescates de secuestros y de las rentas de sus inversiones opacas. Sin embargo, ni un solo juez ha procesado a ninguno de los extorsionados; ni siquiera lo ha hecho a familiares que han pagado las sumas exigidas para rescatar a sus seres queridos. Tampoco hay precedente de que la Fiscalía haya ejercitado la acción penal con éxito contra ciudadanos que han reconocido, incluso públicamente, haber abonado ese chantaje. Tal impunidad se ha venido entendiendo como exenta de responsabilidad criminal en la medida en que, más que autores de un posible delito, los pagadores eran víctimas de una organización de delincuentes armados capaces de consumar sus amenazas si los extorsionados se negaban a plegarse a su coacción. La eximente de miedo insuperable y, alternativamente, la de estado de necesidad han sido los lógicos argumentos jurídicopenales que han amparado la inacción del fiscal y de los jueces. Grande- Marlaska, sin embargo, no ha tenido más remedio que actuar como lo ha hecho, al obtener en el registro de los locales dela red de extorsionadoresuna evidencia documental que exigía la aplicación de la ley. Es previsible que los ahora detenidos- -y una vez quede probado que no eran colaboradores voluntarios sino víctimas de la extorsión- -se vean libres de acusación penal. Pero la polémica que se ha desatado en torno a este asunto apela directamente al Estado y a su obligación, incumplida, de garantizar la integridad patrimonial de los ciudadanos; apela a las organizaciones empresariales que, colectivamente y en cuanto tales, no han amparado, en la medida de lo necesario, a sus miembros extorsionados, y concierne al sistema político vasco que, por miedo o por complicidad, ha sido condescendiente- -a veces hasta extremos moralmente abominables- -con esta práctica mafiosa integrándola como una variable inevitable en el País Vasco. Se abre, pues, un proceso catártico de reconocimiento de las incapacidades, culpas, acciones y omisiones de un Estado ineficaz, de una autonomía regida por un nacionalismo connivente, de un empresariado que no siempre estuvo a la altura de las circunstancias y de una sociedad egoísta e insolidaria. Y si se abre ese melón del debate ético, habrá, sin duda, muchos culpables, y no serán sólo los que por necesidad o por miedo terminaron pagando a la banda.