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ABC DOMINGO 18 6 2006 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC EPÍLOGO CONSTITUCIONAL EN CATALÁN La falaz adhesión a la Carta Magna es una actitud simétrica a la que mantienen la izquierda y los nacionalismos respecto del PP y de la derecha española en general. Mientras se reclama su participación en los grandes quehaceres del Estado, se trama su liquidación como posible alternativa política... AS Constituciones, y desde luego la nuestra, comienzan con prólogos muy enfáticos, pero ninguna incorpora epílogos. Sin embargo, los epílogos constitucionales existen y son aquellos hitos históricos, bien de carácter fáctico, bien normativos, que sentencian su pérdida de vigencia o su derogación expresa. Si hoy, como parece muy probable, los catalanes aprueban en referéndum el proyecto de Estatuto de Cataluña, la Constitución española de 1978 habrá entrado de facto en su epílogo; es decir, su vigencia, en parte sustancial, habrá decaído de manera me temo que irreversible. La bilateralidad que incorpora el nuevo texto estatutario establece un nivel de interlocución entre el Estado y la Generalidad impropio de su naturaleza unitaria y autonómica, y es coherente con un modelo confederal. Además, la apropiación de competencias del Estado, la privación a éste de su capacidad normativa para la elaboración de las leyes de bases, la incorporación en el mismo Estatuto de la fórmula de financiación de Cataluña y las menciones al carácter nacional de determinadas realidades catalanas crean un modelo incompatible con la Constitución autonómica al tiempo que conforman una ciudadanía- -la catalana- -diferenciada de la común española. Sería cínico llamarse a engaño: la letra y el espíritu del nuevo Estatuto catalán han buscado la ruptura del modelo constitucional de 1978 sin que la izquierda que coadyuvó a erigir, primero, y pilotar, después, la transición democrática haya salido en defensa de su propia trayectoria. La reciente abdicación periodística de Felipe González en la reivindicación del protagonismo del socialismo democrático en la ardua labor constitucional de hace casi tres décadas deja huérfanos de expectativas a los que todavía creían- -creíamos- -que en el PSOE alentaba una naturaleza sabiamente jacobina. L nen la izquierda y los nacionalistas respecto del Partido Popular y la derecha española en general. Mientras se reclama su participación en los grandes quehaceres del Estado, se trama su liquidación como posible alternativa política. En realidad, la ruptura constitucional y la anulación de la derecha democrática como alternativa son fases, a veces simultáneas, de un mismo propósito que consiste en la creación de un férreo eje de complicidades entre el socialismo del siglo XXI y los nacionalismos vasco y catalán para repartirse el poder- -con vocación de eternidad- -en Vitoria, Barcelona y Madrid. En ese propósito ha de entenderse la estigmatización del PP en Cataluña- -agresiones incluidas a sus dirigentes durante la campaña del referéndum y miserablemente aceptadas por buena parte de la clase política catalana- -y los quiebros del presidente del Gobierno al del PP en su arrítmica interlocución en torno al mal llamado proceso de paz con la banda terrorista ETA. Santa Sede- -los de 1976 y 1979- -no está en la agenda gubernamental, pero la judicialización de su cumplimiento, según ha anunciado el cardenal primado, los aboca a un deterioro definitivo. Y la prometida reforma del Título II de la Constitución sobre la Corona- -que exige un procedimiento de revisión agravado, con referéndum mediante- -arroja sobre la forma monárquica del Estado algunas y muy serias inquietudes. odrá tacharse este planteamiento de pesimista, pero en modo alguno de inverosímil. Y si no lo es- -que no lo es en absoluto- -parecería inteligente que la derecha democrática española estuviese ya barajando respuestas y alternativas. Y no sólo la derecha política, sino también la social y empresarial, además de la propia Iglesia jerárquica, todos ellos estamentos concernidos por la estratagema de socialistas y nacionalistas, pero, por desgracia, enfangados en visiones de muy corto alcance, en diatribas internas y en emisiones a la sociedad repletas de interferencias anacrónicas y reactivas. La izquierda que hoy está en el Gobierno de España destaca por un rasgo aparentemente- -sólo aparentemente- -contradictorio con su discurso buenista, que es el de su implacabilidad. La ruptura constitucional- -y la consiguiente de valores- -estaba preanunciada en los primeros compases de la legislatura y el desarrollo de la partitura está resultando armónica y sostenida, sin debilidades ni fases dubitativas. La respuesta a la radicalidad con la radicalidad, tratando de extirpar por unos y por otros el moderantismo político en la derecha, siempre más feraz en ideas y en estrategias que el integrismo frustrante tan estúpido como autosatisfecho en el proceloso devenir español, es uno de los grandes errores en los que el PP y otros sectores están incurriendo, porque desprecian la variable social- -el estado de la cuestión en la ciudadanía española que se ha transformado de manera vertiginosa- -a la que habría que incluir entre otras para alcanzar un buen diagnóstico del porqué y del para qué del epílogo constitucional que hoy se va a redactar en Cataluña. Si la izquierda y los nacionalistas han aplicado la sutileza taimada en una operación múltiple- -jurídica, política y social- -de liquidación, parece obvio que la derecha política y social no debiera contestar a esta añagaza con una actitud tan previsible como la que plantea ahora. Es necesario que mientras se redacta el epílogo de la Constitución de 1978 se esté ya comenzando a redactar el prólogo de otra para una España nacional con un Estado unitario y verdaderamente autonómico con Monarquía parlamentaria. Sería, de nuevo, una España de ciudadanos y no de territorios. Una España contemporánea y no feudal, como ésta que rediseñan los nostálgicos al hilo de esa malhadada y selectiva memoria histórica. P P E l designio rupturista del actual Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, seguramente inspirado en un revisionismo radical, ha ido creando sus agarraderas políticas y sociales. La primera, el mismo Estatuto catalán, pero también otras: la denominada memoria histórica, la alteración del modelo familiar, la supresión precipitada de la discusión ética acerca de la manipulación genética, el modelo educativo laicista- -con esa nueva moralidad estatalizada en la asignatura denominada educación para la ciudadanía- -y, muy probablemente, la metodología del diálogo con la banda terrorista ETA que bien podría acabar con la transformación de la actual comunidad autónoma vasca en la tercera entidad política de un futuro Estado confederal. Este proceso de ruptura fáctica de la Constitución de 1978 es compatible con las protestas de adhesión a ese texto normativo con que el Gobierno, su partido y los de su entorno emboscan sus verdaderas intenciones. La falaz adhesión a la Carta Magna es una actitud simétrica a la que mantie- ero la ruptura no estará consumada si no se recorren tres etapas más: el aquietamiento del poder judicial y de la jurisdicción de garantías constitucionales; la neutralización de la Iglesia en su función institucional, por un lado, y cohesiva en cuanto referente histórico del hecho nacional español, por otro; y la adaptación de la Corona a un trazado jurídico- constitucional muy diferente al actual. La demostración de que jueces y tribunales conforman el poder judicial independiente del Ejecutivo, con posibilidades, en su ámbito competencial, de frustrar las transgresiones que todos los gobiernos tienden a intentar para lograr sus objetivos nos conduce a una reforma legal que, además de reducir al Tribunal Supremo a la mínima expresión- -como está previsto en el nuevo Estatuto catalán- liquidará la Audiencia Nacional para, sin esa jurisdicción especializada, franquear los acuerdos a los que eventualmente pueda llegarse con los terroristas. La revisión de los acuerdos entre España y la JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director de ABC