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4 Opinión SÁBADO 17 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil VUELOS DE LA CIA E EL DESCRÉDITO DE LA FISCALÍA A decisión del juez Grande- Marlaska de ordenar a la Policía que impida la manifestación convocada por Batasuna para hoy en Pamplona representa, en el contexto de la lucha antiterrorista, un nuevo revés para el Ministerio Fiscal, que ha vuelto a ignorar la fuerza de los hechos y el mandato de la ley para sustituirlos por el apoyo a la acción política del Gobierno en el proceso de paz con ETA Batasuna. Nuevamente, el Estado de Derecho se ha sostenido gracias a la decisión de un juez independiente y a pesar de una Fiscalía instruida políticamente para blindar al entramado batasuno de la aplicación de la ley. No se puede obviar por más tiempo el descrédito que está sufriendo la institución del Ministerio Público por causa única y exclusiva de las decisiones que está tomando Conde- Pumpido para someter a los fiscales al principio de oportunidad frente al de legalidad. En toda la historia de la democracia no ha habido un fiscal general más desautorizado por los Tribunales de Justicia que el actual y, además, en un asunto determinante para el Estado de Derecho, como es la lucha antiterrorista. La Fiscalía tiene su razón de ser en la defensa de la legalidad y en la protección de los derechos y libertades ante los Tribunales de Justicia. Se trata de un mandato constitucional que pretende evitar a los ciudadanos la carga de asumir su autoprotección frente al delito y asegurar el monopolio de la justicia en manos del Estado. La actuación de la Fiscalía General en las causas contra el entramado de ETA contradice estos principios constitucionales. No sólo no ha demandado la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, sino que, además, ha hecho todo lo posible por entorpecer la aplicación de la suspensión cautelar de las actividades de Batasuna, en coherencia con el pensamiento presidencial de que Otegi siempre ha defendido un discurso de paz La prohibición de la manifestación convocada para hoy en Pamplona es un motivo para la confianza en la supremacía del Estado de Derecho y una nueva advertencia a Rodríguez Zapatero de que no puede transitar por ese largo, duro y difícil proceso de diálogo con ETA Batasuna, como si no existieran leyes ni Tribunales de Justicia. Como si no existieran ciudadanos, asociacio- L nes de víctimas y grupos cívicos dispuestos a velar por sus derechos y los de la sociedad. Al actuar así, el Gobierno está desgastando el crédito de instituciones tan necesarias para el Estado como la Fiscalía, destinataria de una desconfianza creciente por parte de los ciudadanos y, al mismo tiempo, víctima de las prioridades políticas de Conde- Pumpido. Sería terriblemente injusto ignorar el extraordinario servicio que tantos fiscales de la Audiencia Nacional han prestado y siguen prestando a la causa de la justicia frente al terrorismo, aunque ahora sientan como una losa el peso del principio de jerarquía que rige en el Ministerio Fiscal. Aunque el episodio se haya producido en otro ámbito jurisdiccional distinto, también es sintomático de la desorientación interna de la Fiscalía la polémica entre fiscales y policías a cuenta de la detención, puesta en libertad y nueva detención de los atracadores sorprendidos in fraganti por la Policía en Madrid la pasada semana. La Fiscalía General del Estado ha endosado a la Policía la responsabilidad de que quedaran libres los cinco atracadores detenidos y ha calificado la operación policial como manifiestamente irregular imputando al atestado serias deficiencias Las duras acusaciones de Conde- Pumpido aparentan ser una cortina de humo sobre la defectuosa actuación de la Fiscalía en este caso, porque si el atestado era insuficiente, la fiscal encargada del caso podía haber solicitado aclaraciones a la Policía, incluso pedir la comparecencia de los investigadores como prevé la Ley para solicitar la prisión provisional. Pero si resulta que la fiscal, después de leer el atestado policial, decidió no comparecer siquiera a la vista ante el juez, difícilmente podían enmendarse los errores del atestado, que, como bien sabe el fiscal general, no tiene más valor que el de una denuncia y que, por tanto, puede ser completado con nuevas diligencias. Para eso sirve la comparecencia ante el Juez de Instrucción. Todo un síntoma. Desde su nombramiento, la Fiscalía está sometida con mayor rigor que nunca a la jerarquía del Fiscal General, pero eso no se ha traducido en una mayor eficacia, sino en un aumento de su politización y en una grave crisis de confianza de la sociedad. SEGURIDAD ALIMENTARIA N I a los productores de huevo, ni al Ministerio de Agricultura, les ha sorprendido el informe europeo que sitúa las granjas avícolas españolas entre las más contaminadas por salmonela de la UE. Desde hace meses conocían los resultados de un estudio previo que había detectado la bacteria en una de cada dos explotaciones, un nivel de infección sólo superado por Chipre y Polonia. La presencia de la salmonela en las granjas no implica la contaminación de los huevos, pero es un riesgo impropio de un país desarrollado que, además, es uno de los principales exportadores. España reúne las condiciones climáticas idóneas para que la salmonela se convierta en problema en las granjas, aunque esta circunstancia no puede ser utilizada como excusa. Algo falla. Los últimos gobiernos han hecho un esfuerzo para garantizar la seguridad del consumidor e impedir que huevos en mal estado lleguen al mercado, pero la vigilancia y las medidas de prevención no han sido tan estrictas en las explotaciones, donde se encuentra el origen del problema: hasta el año pasado no era obliga- torio vacunar a las gallinas ponedoras contra la salmonela, mientras que otros estados europeos llevaban años haciéndolo. Suecia y Luxemburgo son algunos de los países que vacunaban a su cabaña, y en este último informe no se ha encontrado ni rastro de la infección en ninguna de sus granjas. La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, ha dicho del informe- -que califica de demasiado exigente- -que buscó la salmonela en nichos donde se puede acumular el bacilo, como si buscáramos suciedad en la parte del garaje donde están los neumáticos viejos Como si el rigor del informe disculpara la situación de las explotaciones. Lo cierto es que la salmonela estaba allí y las autoridades eran conscientes de que había un problema. Ése fue el motivo por el que se diseñó un plan de erradicación antes de que el informe les estallara en las manos a los responsables de Agricultura, cuyo plan de erradicación prevé reducir la presencia de la salmonela en los próximos cuatro años, margen de confianza para resolver el problema desde el origen. L informe elaborado por la comisión de la UE sobre los vuelos secretos de la CIA contiene un dato muy significativo: 63 escalas de las 125 realizadasen suelo español se han producido durante la etapa del gobierno socialista. Zapatero repitió ayer que el Ejecutivo no sólo no autorizó dichas escalas, sino que ni siquiera tuvo conocimiento de ellas. Sin embargo, el ministro de Justicia ha ido un paso más allá hablando de indicios aunque sin olvidar que las culpas se deben al militarismo de Aznar. Parece claro que el Gobierno practica una doble moral en sus relaciones con los Estados Unidos. Zapatero acusó al PP de sumisión a Bush y al imperialismo, realizó desaires inauditos y ordenó de inmediato la retiradade las tropasen Irak, además de lanzar proclamas inoportunas desde Túnez. Ahora resulta que practica un servilismo injustificado en una cuestión que merece un serio rechazo de la comunidad internacional. El Ejecutivo, que se dice progresista y lanza retos de boquilla a la potencia hegemónica, se pliega a la CIA y permite utilizar aeropuertos civiles en vuelos de más que dudosa legalidad. Ni siquiera cabe la disculpa de lo previsto en convenios o tratados, porque se han utilizado aeropuertos comoel de Mallorca, ajenos a cualquier condición militar o estratégica. El presidente del Gobierno está obligado a dar explicaciones en el Congreso, porque la opinión pública contempla con perplejidadeste extraño juego de maquiavelismo a pequeña escala. Muchos sectores de la izquierda están más que molestos al haber sido utilizados como coartada para una retórica trasnochada de tono antiimperialista por parte de quienes no tienen luego la dignidad de denunciar los aspectos más criticables en la actuación de la única superpotencia actual. De hecho, desde Izquierda Unida se dice que el informe europeo ha dado un baño al Gobierno, al que acusa de practicar la política del avestruz. También algunos socios nacionalistas reclaman su cuota territorial de explicaciones: así el BNG requiere del ministro de Asuntos Exteriores que informe sobre la utilización presunta del aeropuerto de Vigo para uno de los vuelos. El desconocimiento que alega Moratinos sobre el informe comunitario no tiene justificación alguna y deja en mal lugar su promesa de informar con plena transparencia. El PP, por supuesto, debe exigir a Zapatero que diga a los españoles por qué era intolerable el apoyo de Aznar a Bush y resulta en cambio una buena estrategia favorecer los planes de la CIA actuando como cooperador necesario en esos vuelos ilegales. Los asuntosde política exterior han dado pocas alegrías al presidente del Gobierno, empeñado en hacer juegos malabares con falsos amigos populistas y situando a España en tierra de nadie. Ahora puede, además, causarle un serio disgusto, porque las dos opciones posibles son muy negativas: si se trata de un ejercicio de cinismo, quedará al descubierto que practica un doble juego con los Estados Unidos; si se trata de una ignorancia inexcusable, alguien de alto nivel debe pagar muy cara su absoluta ineficacia en el cumplimiento de las obligaciones.