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36 JUEVES 15 6 2006 ABC Madrid Los cinco intercambiadores en construcción tendrán túneles de salida directa a las nacionales Estupor policial por las razones que da el fiscal para dejar en libertad a los atracadores La falta de pruebas suficientes motivó que sólo permanecieran unas horas a disposición judicial b El atestado policial consta de un centenar de folios, más otros tantos con las transcripciones de las conversaciones telefónicas fruto de la investigación M. J. ÁLVAREZ MADRID. Estupefacción e incredulidad. Ése es el sentir de los mandos policiales un día después de conocer que están en libertad con cargos los cinco detenidos, sorprendidos in fraganti por los GEO cuando trataban de asaltar una sucursal bancaria situada en el distrito de Hortaleza con un nuevo método: accediendo por los conductos de aire acondicionado. Al grupo, armado y peligroso, se le imputa, al menos, otros quince atracos cometidos entre las provincias de Madrid y Pontevedra, con varios heridos. Y, en cartera, tenían otros tres previstos, según fuentes próximas al caso. Los afectados por esa medida, tres madrileños y dos gallegos de entre 29 y 52 años, tienen antecedentes penales por delitos contra la propiedad; incluso alguno es un viejo conocido de la Policía. El malestar del Cuerpo no obedece a que el fiscal de guardia no solicitara la medida de prisión provisional, sino, sobre todo, por las explicaciones dadas ayer por la Fiscalía. Así, entre otras razones, denunció que los agentes que llevaron a cabo la operación, en la madrugada del 8 de junio, no aportaron pruebas suficientes como para que el fiscal encargado de la causa pidiera el encarcelamiento provisional como medida cautelar. Y, como es sabido, ante esa circunstancia, el juez tiene que dejar en libertad a los arrestados- -en este caso, con cargos- Los GEO frustaron el robo en una entidad bancaria situada en el barrio de Canillas el 8 de junio zar esa cuestión como criterio para exigir que ciertas personas ingresen en la cárcel. En este caso no había riesgo de que los acusados se fugaran, son españoles, con domicilio conocido, no destruyeron las pruebas porque les sorprendieron in fraganti y no ha habido reiteración delictiva sentenció. Sobre los 15 asaltos imputados a la banda, Martínez aclaró que no existen pruebas biológicas ni huellas dactilares que relacionen a los detenidos con esos hechos. La versión de la Fiscalía fue rebatida, punto por punto, por fuentes policiales cercanas al caso. El fiscal no ha debido de leer las diligencias, de cien folios, y otros tantos de las conversaciones telefónicas fruto de un mes de investigación. Hay pruebas más que suficientes En esta línea, subrayaron: ¿Qué más hace falta ante cinco personas cometiendo un delito, tres en la sucursal con dos armas de fuego dentro de una mochila; otra, fuera, en un coche robado y con revólver, y la quinta, a punto de llegar, desde el centro en el que cumple el tercer grado, con otra pistola en el maletero? Junto a ello, añaden que en el primer párrafo del informe y en negrita se comunica que un juzgado de Vigo tenía abiertas diligencias contra la banda por delitos similares. Y, además, se preguntan sobre la respuesta que hubiera dado la Fiscalía si el robo se produce y alguien resulta herido o muerto. El grupo pasó a disposición judicial el sábado por la mañana y salió esa misma tarde. En relación a los otros asaltos, añaden que no tenían huellas dactilares ni biológicas porque actúan con guantes y con el rostro cubierto, y que otros restos como ADN son propios de los homicidios. Recalcan que todos los indicios apuntaban a la banda por el modus operandi la mochila- -usada en Pontevedra- -y las armas, extremos que se podían haber verificado solicitando pruebas y esperando el resultado. Incluso se podría haber comprobado si alguna de las armas intervenidas fue la utilizada en Aravaca, en la que resultó herida una persona. Además, negaron que exista un protocolo de actuación, que, en todo caso, sería verbal y se realiza siempre en actos previsibles y de cierta complejidad. Nunca en un hecho que no se sabe cuándo se va a ejecutar, y que se impidió por el seguimiento del que era objeto el grupo. Las mismas fuentes, indicaron que tampoco informan de oficio al juez sobre el atestado ni tienen porqué aportar el vídeo (lo hacen si se lo piden) y que utilizan la grabación en los casos en los que sea necesario incriminar a alguien. No había riesgo de fuga El teniente fiscal de Madrid y portavoz del Ministerio Público, Pedro Martínez, manifestó ayer a Ep que los agentes encargados del caso no explicaron el atestado a la magistrada del juzgado de Instrucción número 2. Además, indicó que el vídeo policial que se grabó no se incorporó a las actuaciones; y que, en vista del informe, a los supuestos ladrones sólo se les podía imputar un delito de robo con fuerza en grado de tentativa o, como mucho, tenencia ilícita de armas. El teniente fiscal puso de manifiesto que la Policía se saltó el protocolo de actuación para redadas de gran complejidad: la comunicación continua entre las fuerzas policiales y las jurídicas. Respecto a la prisión preventiva, reclamada por la opinión pública ante la alarma social causada, subrayó que el Tribunal Constitucional prohíbe utili- El ministro de Justicia, convencido de que se aclarará la puesta en libertad El temporal político no tardó en caer sobre la polémica suscitada por la puesta en libertad de los atracadores. Incluso el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se pronunció al respecto. Tras expresar su preocupación, insistió en que el fiscal y la juez competente esclarecerán el caso, y confió en que se adopten medidas oportunas para resolver la situación. Insistió en que había hablado con el Fiscal General del Estado, Cándido Conde- Pumpido y en que habrá una respuesta satisfactoria Mientras, el Grupo Popular en el Senado reclamó la comparecencia del ministro del Interior y del Fiscal General. El consejero de Justicia, Alfredo Prada, dijo que, si ha habido un error, el fiscal jefe procederá a arreglarlo lo antes posible El juez decano José Luis González Armengol atribuyó lo ocurrido a que las diligencias las llevara un juzgado de Vigo e indicó que la situación puede ser reversible