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4 Opinión MIÉRCOLES 14 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil CAOS EN ORIENTE PRÓXIMO ALESTINA vive al borde del caos mientras el enfrentamiento con Israel se reaviva. La tensión crece en Oriente Próximo y los intentos de George Bush- -que ayer viajó por sorpresa a Bagdad- -por encontrar una salida al clima de creciente violencia en Irak complican todavía más el escenario. En estos momentos, dos conflictos armados se libran en Palestina a la vez. Por un lado, los ataques de represalia israelíes golpean la franja de Gaza como respuesta a los bombardeos de las milicias de el yihad islámica que operan desde ese territorio. Por otro, la lucha entre Hamás y Al Fatah se agrava y preludia lo peor: el estallido de una guerra civil. De hecho, las dos facciones mayoritarias han situado a la Autoridad Nacional ante la crisis política más grave vivida desde la muerte de Yaser Arafat. No en vano, ya han fallecido una veintena de palestinos, y la cifra puede aumentar según pasen las horas. Una descripción del escenario revela la extraordinaria gravedad de la situación: secuestros de parlamentarios y cruces de amenazas entre ambas facciones, las milicias de Al Fatah incendiando las sedes del Gobierno y el Parlamento, policías a las órdenes del presidente y del Gobierno intercambiando disparos, y todo ello dentro de un clima de violencia generalizada que ha obligado finalmente al presidente Abbas a decretar el estado de alerta máxima en los territorios de Gaza y Cisjordania. El origen de esta caótica situación está en la imposible cohabitación de Abbas y de su primer ministro, Ismail Haniyeh. La causa de ello hay que localizarla en la incompatibilidad que se da entre los proyectos que representan uno y otro para Palestina. El pulso entre ambos comenzó realmente con la victoria de Hamás en las elecciones legislativas del pasado 25 de enero. La mayoría absoluta de los integristas desbarató los planes de negociación con Israel y desde entonces la tensión entre una y otra facción palestina ha ido en aumento. La negativa del Gobierno de Haniyeh de reconocer a Israel y el hecho de seguir respaldando la violencia terrorista contra este Estado han enrarecido el ambiente al bloquear la capacidad negociadora de los palestinos dentro del proceso de paz abierto ante la comunidad internacional con los israelíes. Máxime cuando lo hacen inviable en la práctica y debilitan la posición de Abbas como interlocutor en la negociación. El pulso político permanecerá mientras no se dilucide cuál de esos proyectos debe decidir el futuro, algo que ha tratado de forzar Abbas apelando a la voluntad del pueblo con la convocatoria de un referéndum para el 26 de julio y que el Parlamento controlado por Hamás trata de declarar ilegal el próximo día 20 de junio. Así las cosas, el escenario se torna sombrío debido a la dificultad de aproximar las partes en liza y a la voluntad de un Israel que no duda en contribuir a la debilidad de su oponente con el fin de resolver sus propias querellas domésticas. Pésimas noticias para un conflicto que actúa como el eje de la compleja y difícil estabilidad del convulso Oriente Próximo. P EL OASIS CATALÁN A sucesión de actos violentos contra los dirigentes del PP y de Ciudadanos por Cataluña que hacen campaña por el voto negativo al Estatuto es el reflejo que el pacto del Tinell- -la exclusión del Partido Popular del escenario político catalán- -encuentra en determinados sectores y ámbitos de una sociedad a la que la clase dirigente se ha empeñado en trasladar el mensaje perverso de que no se puede ser catalán si no se es nacionalista. Exactamente fue ése el reproche que el socialismo hizo de Jordi Pujol durante años, hasta que el socialismo llegó al poder en Cataluña y puso en marcha una estrategia idéntica, pero más radical por la aportación de ERC a ese proceso de estigmatización del no nacionalista. No hay más responsables de las agresiones al periodista Arcadi Espada, a Mariano Rajoy y a otros líderes populares que los que llevan años- -y, especialmente, los últimos meses- -inoculando en la sociedad catalana el enfrentamiento civil y la división ciudadana, con la coartada dialéctica de esa artifical oposición entre España y Cataluña. Pero también hay que recordar que, ya en las elecciones locales y autonómicas de 2003, trescientas sedes del PP fueron atacadas en plena campaña electoral en toda España, con el colofón de la tarde- noche electoral del 13- M, jornada de reflexión convertida en cerco intimidatorio y colosal ejercicio de manipulación. Por eso suena a puro cinismo culpar a la víctima, como están haciendo irresponsablemente algunos dirigentes del socialismo catalán, incluso del nacionalismo tradicionalmente calificado como moderado. Unos y otros piensan, como en 2003 y 2004, que estas agresiones son la reacción que el propio PP ha provocado con su estrategia política. Semejante explicación sólo alienta a los violentos a perseverar en su táctica de limpieza ideológica de Cataluña, donde a los discrepantes con el régimen establecido de consuno por nacionalistas y socialistas sólo se les reconoce la opción del silencio o del exilio. El camino que lleva esta forma de entender- -o de destruir- -la convivencia es extremadamente peligroso, porque a quien se le legitima la violencia luego no está dispuesto a renunciar a ella. Y por esto mismo, por los daños que está sufriendo el sistema de libertades públicas en Cataluña, su clase dirigente, tanto la que gobierna ahora como el nacionalismo que espera en la oposición, debería L reconocer cuanto antes el grave error de seguir identificando al pueblo catalán y a Cataluña con la ideología que sustenta ese régimen. Esta actitud totalitaria, que confunde al pueblo con la ideología, acaba criminalizando a los discrepantes y legitima la violencia contra ellos como si fuera una sanción justificada y excusable. Toda sociedad democrática debe estar alerta frente a la aparición de grupos violentos que pretendan romper las libertades y los derechos individuales. Pues bien, en España esa alerta debe activarse con toda seriedad, porque la violencia política de la izquierda y del nacionalismo contra la derecha democrática no es ningún simulacro, sino un hábito agravado por la comprensión y la justificación que está recibiendo de responsables políticos con cargos institucionales de máxima relevancia. El PSOE y el PSC despreciaron las advertencias sobre los riesgos que provocaban sus eslóganes de la campaña catalana, que convertían el referéndum en un plebiscito contra los populares, azuzando sentimientos hostiles que ahora no sólo no se frenan, sino que se alientan al calor de la catalanofobia que el Gobierno de Zapatero le imputa a Mariano Rajoy. Tanto profetizar sobre la aparición de la extrema derecha y resulta que sus métodos violentos- -tan propios del fascismo como del comunismo- -están implantados en la izquierda y el nacionalismo. Sin duda, la actitud comprensiva de la clase dirigente catalana- -con las excepciones conocidas- -es un serio motivo para temer el devenir de Cataluña con un Estatuto que consolide una sociedad culturalmente de izquierda y políticamente nacionalista, propósito confeso de los redactores del proyecto estatutario, cuyo objetivo es, en definitiva, unificar el pensamiento político de los catalanes al son de la ideología de un poder previamente repartido entre el nacionalismo y el socialismo filonacionalista. La relativización moral de la violencia es el peor síntoma de la decadencia de una sociedad democrática. Cataluña no debe aceptar que la persecución de los no nacionalistas sea una norma de funcionamiento social y político. Como no puede aceptar pacíficamente la paulatina erradicación del bilingüismo, ni la beligerancia aldeana contra la más mínima presencia de lo español. Al oasis catalán se le están envenenando las aguas. ESTATUTO PARA LOS FUNCIONARIOS A Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución. Con este fin, el acceso a la función pública debe estar basado exclusivamente en los principios de mérito y capacidad, y el régimen jurídico de los funcionarios tiene que establecer con rigor el equilibrio entre los derechos y los deberes de quienes están llamados a servir a todos los ciudadanos y no al Gobierno de turno. El ministro Sevilla ha conseguido el acuerdo de los principales sindicatos que operan en el sector público, plasmado en la firma de un documento que servirá de base al correspondiente proyecto de ley. Zapatero exagera al afirmar que se trata de un hito histórico puesto que la regulación vigente es plenamente acorde con los principios constitucionales. Se trata de una norma que afecta a casi dos millones y medio de empleados en las distintas administraciones públicas y cuyo objetivo es aprobar una ley de bases, puesto que una parte sustancial de la materia es competencia de las comunidades autónomas. La información sobre el contenido de la futura ley es esca- L sa y no siempre tranquilizadora. Los funcionarios tienen que ser seleccionados con criterios que posean un nivel suficiente de exigencia y que eliminen las arbitrariedades. Una menor dificultad en los temarios, criterios difusos de corrección o cuotas de diverso tipo son elementos que disuaden a los mejores candidatos y que serían rechazados por los responsables de recursos humanos de cualquier empresa privada. Es interesante vincular el puesto de trabajo con el rendimiento profesional, pero esta regla no puede convertirse en un mecanismo para la promoción de los afines, ni ser una fuente de inseguridad jurídica y vital. Algunas actuaciones del Gobierno invitan a extremar la prudencia. Entre ellas, los nombramientos y ceses realizados en niveles de subdirección general o algunas maniobras poco claras en las oposiciones de acceso a la carrera diplomática. En último término, la clave es que los funcionarios actúen con eficacia y no estén sujetos a presiones políticas. En la medida en que establezca las garantías necesarias para ello, el Estatuto presentado a bombo y platillo cumplirá su objetivo en beneficio de sus destinatarios y de la sociedad española.