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20 Nacional MARTES 13 6 2006 ABC Los letrados de oficio del 11- M amenazan con pedir la nulidad de actuaciones b Denuncian que dos años después del inicio de la instrucción siguen contando sin medios para poder afrontar la defensa de sus clientes con un mínimo rigor N. VILLANUEVA MADRID. Los veinte abogados de oficio que defienden a 21 de los 29 procesados en el sumario de los atentados de Madrid (los otros 8 cuentan con abogados de pago) denunciaron ayer la carencia de medios materiales y económicos que padecen dos años después del inicio de la investigación del 11- M. La precariedad de medios es tan evidente, tan grave y tan desigual respecto del Ministerio Fiscal que se puede afirmar sin exageración alguna que los procesados están indefensos y que se ha vulnerado su derecho constitucional a un proceso con todas las garantías señalan en un comunicado que los letrados difundieron ayer en una rueda de prensa. Esta indefensión y la desigualdad de armas de las defensas respecto al Ministerio Público constituyen motivos suficientes, señalan, para pedir la nulidad de actuaciones y volver al punto de partida de la instrucción. No obstante, los letrados confían en que su reunión con responsables del Ministerio de Justicia, prevista para el próximo 20 de junio, dé sus frutos y el Departamento de López Aguilar entienda que este procedimiento es diferente- -por su trascendencia, complejidad y dedicación- -que los que diariamente son turnados en la jurisdicción penal. Cada letrado recibirá 315 euros por ejercer una defensa que puede durar años y que al menos durante 12 meses (los que se prevé que dure el juicio) le impedirá atender su despacho con el perjuicio económico que ello conlleva. El Colegio de Abogados de Madrid ha tasado esa labor en 60.000 euros. Uno de los aviones que presuntamente trasladaron detenidos AFP La Audiencia Nacional asume la investigación de los vuelos de la CIA en contra del criterio del fiscal El juez Moreno justifica su decisión en que, de ser ciertos, los hechos serían constitutivos de torturas b El instructor afirma que los trata- la de la Audiencia Nacional, aunque el fiscal- jefe de esta última, Javier Zaragoza, según informa Efe, aseguró ayer que no recurrirá la decisión del juez Ismael Moreno para no dilatar el procedimiento En el auto dictado ayer, Moreno considera que los hechos denunciados- -detenciones ilegales presuntamente realizadas por servicios de inteligencia extranjeros y traslado de presos terroristas, con escalas, entre otros, en aeropuertos españoles, a centros de prisioneros ubicados en diversos países- -encajan en los supuestos del artículo 65 de la ley orgánica del Poder Judicial, el que enumera las competencias de la Audiencia Nacional en materia penal, así como en las previsiones del artículo 23 del mismo texto, que determina los supuestos en los que puede actuar la Justicia española. En este caso concreto, añade el juez, se dan varias circunstancias que justifican que sea la Audiencia Nacional, y no el juzgado de Palma de Mallorca, el órgano que asuma la investigación. De un lado, se trata de delitos cometidos en el extranjero- -la nacionalidad del autor es aquí indiferente- de otro, los hechos denunciados podrían ser constitutivos, al menos, de un delito de torturas, que la ley ordena conocer a la jurisdicción española en cumplimiento de los tratados firmados por nuestro país y en virtud del principio de jurisdicción universal. El instructor cita la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984, y ratificada por España el 19 de octubre de 1987. dos internacionales y la ley obligan a España a perseguir este delito en virtud del principio de jurisdicción universal NIEVES COLLI MADRID. La Audiencia Nacional investigará los vuelos que la CIA supuestamente utilizaba para el transporte clandestino de detenidos por terrorismo internacional. Así lo ha acordado el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, en una resolución con la que se declara competente para iniciar la tramita- ción de una causa por hechos que, de demostrarse ciertos, podrían ser constitutivos, al menos, de un delito de torturas. La investigación nace a partir de una querella por delitos de torturas, secuestros y detención ilegal presentada en marzo del pasado año en Palma de Mallorca, cuyo aeropuerto sería uno de los utilizados por los aviones de la CIA para hacer escalas dentro del territorio español. El juzgado mallorquín al que correspondió la querella decidió remitirla a la Audiencia Nacional por entender que los hechos denunciados entraban dentro de las competencias de este Tribunal. En contra se manifestó la Fiscalía, primero la de Mallorca y después Una posibilidad nada lejana Basándose en lo anterior, y en contra del criterio sostenido por la Fiscalía para negar la competencia de la Audiencia Nacional, el juez considera que los hechos cuya verosimilitud se investiga, de comprobarse que son ciertos, sin duda conllevarían la competencia de este Tribunal. Asimismo, cree más adecuado que sea el Juzgado Central de Instrucción- con preferencia sobre el de Palma de Mallorca -el que realice las primeras indagaciones, pues, afirma, existe la eventualidad no meramente especulativa y lejana de que, de los hechos investigados, pudiera en su momento derivarse la competencia de la Audiencia Nacional