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4 Opinión MARTES 13 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL DIFÍCIL CAMINO DE TURQUÍA AS negociaciones para que Turquía pueda convertirse algún día en miembro de pleno derecho de la Unión Europea empezaron formalmente ayer y fueron un perfecto reflejo de las sensaciones ambivalentes que suscita este proceso. Si uno quiere ver el vaso medio lleno, dirá que en la primera reunión se aprobó de golpe uno de los 35 capítulos en los que se ha dividido la negociación- -el relativo al aséptico mundo de la tecnología y la investigación- algo en lo que Turquía ya está perfectamente alineada con Europa. Y si lo quiere medio vacío, entonces se fijará en el hecho de que la reunión estuvo a punto de naufragar porque tanto los turcos como los chipriotas mantienen intactas sus posiciones básicas en el asunto de la división de la isla, que sigue tensando la cuerda en sus relaciones. Al final, y con la sempiterna estrategia del pragmatismo más absoluto que caracteriza la política comunitaria, la presidencia austriaca logró un compromiso provisional, que durará como mucho hasta que la Comisión tenga que pronunciarse en otoño sobre los progresos que haya hecho Turquía específicamente en este asunto de Chipre. Para entonces, muy probablemente nos volveremos a encontrar en esta situación y, si nada lo remedia, en términos igual de dramáticos. Es cierto que la UE debió haber resuelto al problema de la división de Chipre antes de aceptar que este país se convirtiera en miembro de pleno derecho. Pero una vez admitido, ahora no se puede compensar con otra aberración, aceptando como si no pasara nada que un país tercero, como Turquía, esté ocupando militarmente una parte del territorio de un estado miembro. En términos de Derecho internacional, ésta es la situación, y mientras todas las partes implicadas (chipriotas, turcos, griegos y la propia UE) no se decidan a coger el toro por los cuernos, el problema seguirá enfangando un proceso que por razones evidentes ha de estar sometido a la mayor claridad posible. La UE debe cumplir con la promesa que le ha hecho a Turquía de abrir un proceso que pueda permitirle llegar a ser miembro de pleno derecho, pero antes tiene otro compromiso con los ciudadanos europeos y con su propia coherencia. Ya hemos visto, con la Constitución europea, lo que sucede cuando los dirigentes de la UE se dedican a tomar decisiones que políticamente les pueden parecer exitosas, pero que después se estrellan en el muro de la incomprensión de la opinión pública. En Bruselas insisten en que todas las ampliaciones han sido hasta ahora un éxito, pero no pueden seguir ignorando que el principal éxito de la UE es que los ciudadanos se sigan sintiendo vinculados a lo que significa. Si los europeos pierden su fe en Europa a causa de decisiones forzadas, el resultado no será bueno para nadie. Ni siquiera para Turquía. L GASTO SANITARIO SOSTENIBLE E L artículo 43 de la Constitución establece el derecho a la protección de la salud y dispone que los poderes públicos deberán organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. A su vez, el artículo 41 hace referencia al régimen público de la Seguridad Social, que debe garantizar la asistencia precisa para todos. A diferencia de los debates sobre identidades y repartos de poder, que sólo interesan a la clase política, estas cuestiones importan mucho a la inmensa mayoría de los ciudadanos. La prestación de servicios públicos en condiciones de calidad suficiente, de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia, es un requisito inexcusable en el Estado de Bienestar. Dichas prestaciones no son producto de la benevolencia del Gobierno de turno, sino que la sociedad financia buena parte de los servicios que recibe a través de los impuestos y demás tributos, y tiene derecho por tanto a reclamar una gestión a la altura de las circunstancias. Sin embargo, ni siquiera la economía más desarrollada del mundo podría asumir el coste íntegro de una atención de máxima calidad para todo tipo de beneficiarios. El Estado social de Derecho tiene sus limitaciones económicas, y a ellas debe atenerse una ordenación racional del gasto público. Según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad referidos a 2004- -que hoy recoge ABC- el coste medio de la hospitalización supera los 3.300 euros por paciente, con una estancia de más de siete días en los hospitales públicos. En el 36,6 por ciento de los casos, se producen intervenciones quirúrgicas, siendo la cesárea la más común entre las mismas. Estas cifras dan motivo a una seria reflexión. Como es sabido, se trata de una materia transferida a las comunidades autónomas, cuyo déficit sanitario ha alcanzado límites insostenibles y forzado una importante aportación del Estado, conforme al acuerdo que se alcanzó en la última conferencia de los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno. El Estado tiene el deber de garantizar unos mínimos que manten- gan la igualdad entre todos los españoles, pero las comunidades autónomas son responsables de sus propias competencias y deben asumir el coste de la mejora de los servicios a través de cargas tributarias propias o de alguna fórmula de copago que- -aunque impopular- -podría estar justificada en determinados supuestos. Lo que no es aceptable es gastar de forma inmoderada y exigir luego que alguien venga a pagar la factura. Así pues, deben establecerse mecanismos que hagan viable la sostenibilidad del sistema en un ejercicio de responsabilidad de cada administración territorial, imprescindible para el buen funcionamiento de un Estado complejo. Una planificación adecuada de las necesidades y un aprovechamiento correcto de los medios disponibles son principios elementales para una buena administración. Sin embargo, la impresión es que se improvisa con demasiada frecuencia, pensando sólo en el corto plazo y prometiendo lo que no se puede cumplir. La experiencia demuestra que el personal sanitario en sus diversos niveles trabaja en condiciones que no son óptimas y que los recursos materiales (algunos muy costosos en su adquisición y en su mantenimiento) no siempre se utilizan a pleno rendimiento. El Ministerio carece de competencias directas, pero dispone de mecanismos legales para coordinar actuaciones y puede influir a través de las conferencias sectoriales para exigir unas pautas de eficacia administrativa que tranquilicen a los ciudadanos sobre el uso que se hace de su dinero y sobre lo que pueden esperar de la sanidad pública cuando necesiten hacer uso de sus prestaciones. Distinguir entre lo fundamental y lo accesorio, rebajar el tiempo de las listas de espera y mejorar la calidad de la atención preventiva son elementos que podrían ahorrar tiempo y dinero en beneficio de todos, lo mismo que una mejora de la atención primaria. Los poderes públicos deben emplear la parte más valiosa de su tiempo en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque, cuanto más madura es una sociedad, más exigente se muestra con la capacidad de gestión de sus políticos. DOBLE RASERO CON LA JUSTICIA UNIVERSAL pesar del criterio en contra de la Fiscalía, el juez central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se ha declarado competente para investigar los posibles delitos cometidos por la CIA en los vuelos que hicieron escala en Palma de Mallorca. En concreto, el juez se considera competente porque entre los delitos que se han podido cometer se encuentra el de tortura, al que la Audiencia Nacional extiende su jurisdicción cuando se ha cometido en el extranjero. Abierta la instrucción sumarial, ya se verá cuáles son los indicios que la han justificado. En el plano político, este asunto está perturbando las relaciones entre Europa y Estados Unidos. En diciembre pasado, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se dieron por satisfechos con las explicaciones de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, quien negó que Washington hubiera organizado vuelos secretos con el fin de trasladar presos terroristas a cárceles donde fueran torturados. Paradójicamente, y pese a que España estuvo señalada desde el principio como país de paso de esos vuelos, el ministro Moratinos no asistió a la reunión con Rice. El Consejo de Europa también ha abordado este asunto, aunque su informe, presentado hace pocos días, ha sido igualmente rechazado por los gobiernos europeos. A Llama la atención, en todo caso, que el Gobierno español, a través del Ministerio Fiscal, se muestre ahora tan poco proclive a la justicia universal que tanto jaleó en el caso Pinochet Los antecedentes son llamativos. El fiscal pidió el archivo del sumario por la muerte de José Couso, al considerarlo resultado de un acto de guerra, después de que este trágico episodio fuera utilizado como la prueba del nueve del belicismo de Aznar por parte de grupos y celebridades que hoy ni lo recuerdan. Igualmente se ha opuesto a las investigaciones por genocidio contra las autoridades chinas en los casos Tíbet y Falung Gong, finalmente incoadas también en la Audiencia Nacional. Ahora, en el asunto de los vuelos de la CIA, el fiscal apoyaba la competencia del Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca, lo que suponía tanto como frustrar la investigación desde el principio. Estas contradicciones acreditan la necesidad de una reorientación de las relaciones con EE. UU. tarea que incumbe a Europa en su conjunto, pero especialmente a España por las sucesivas torpezas con las que el actual Gobierno ha deteriorado, como ningún otro ejecutivo europeo, una alianza que para nuestro país sigue siendo estratégica.