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4 Opinión LUNES 12 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil GUANTÁNAMO, AHORA SUICIDIOS OS Estados Unidos se equivocan con Guantánamo. Los suicidios de tres presos que estaban confinados en la base norteamericana ha vuelto a poner de manifiesto la irregularidad que representa la existencia de un penal en el que se inaplica deliberadamente no sólo la legislación procesal norteamericana, sino la Convención de Ginebra y las leyes internacionales que regulan el trato que debe dispensarse a los prisioneros de guerra. Creado en el otoño del año 2001, tras los brutales atentados del 11- S, el presidio de Guantánamo fue una respuesta a la excepcionalidad del momento y a la entidad de la amenaza que en aquellos momentos gravitaba sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero si ya entonces era dudosa la oportunidad de la decisión del presidente Bush, los años transcurridos lo han confirmando sobradamente. Y no sólo por las denuncias de vulneración de los derechos humanos, los requerimientos de la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas y las resoluciones judiciales que están pendientes de ejecución sobre este asunto, sino porque los propios fundamentos morales de la sociedad abierta se resienten al analizar con un mínimo detalle lo que significa la inicua cotidianidad que viven los presos en el penal de Guantánamo. Desprovistos de los mínimos derechos que las leyes reconocen a los detenidos o, en su caso, a los prisioneros de guerra, permanecen confinados por tiempo indefinido a la espera de que se formulen cargos contra ellos. En este sentido, que una democracia modélica- -y los Estados Unidos lo son- -permita que haya presos que, estando sometidos a su jurisdicción, sufran una reclusión en la que se les niegue indefinidamente la posibilidad de ejercitar el derecho a la tutela judicial resulta inadmisible. Incluso si la jurisdicción a la que están sometidos es especial debido al estatus peculiar del territorio sobre el que se asientan las instalaciones militares que alojan el penal, y los tribunales creados por el Gobierno tienen un régimen de excepcionalidad que presuntamente permite eludir la legislación civil o castrense habituales. Más allá de cuáles sean la calificación jurídica exacta de los presos confinados en Guantánamo y la gravedad de los hechos que se les imputan, lo cierto es que los Estados Unidos no pueden persistir en el error de mantenerlos por más tiempo en esas condiciones. De hecho, el propio presidente Bush ha reconocido ya su deseo de cerrar la cárcel y enviar a los presos a sus países de origen o a los Estados Unidos para que sean juzgados. Perseverar en la equivocación no es la solución, sobre todo si reviste el nombre de una injusticia. Se vio en Abu Grahib y ahora tiene que verse también en Guantánamo. L LO QUE INTERESA AL GOBIERNO N toda estrategia política tanto importan los aciertos propios como los errores ajenos, hasta el extremo de que son estos los que pueden pesar decisivamente en el ánimo de los electores. El Gobierno socialista no escapa a este principio de actuación política, sino que lo cultiva con esmero a la vista de los primeros y notorios resultados que está provocando en la derecha española. Al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero le interesa que incrementen su peso los lastres que arrastra la derecha, porque ponen sordina a los graves despropósitos que está cometiendo contra las bases de la convivencia política y de la estabilidad constitucional. El aumento de la coacción violenta contra la oposición no nacionalista en Cataluña (heredera de la violencia contra el PP en las elecciones del 2003 y 2004) la exacerbación de instintos que abocan al enfrentamiento civil o la hemorragia ética que provoca el nuevo discurso socialista sobre el fin del terrorismo requieren sucesivas cortinas de humo que velen su gravedad a ojos de los ciudadanos. Y la derecha política y social no puede cometer el error de prestarse a esta estrategia que sólo redunda en su perjuicio y en la aminoración de sus expectativas de regresar al poder. Por eso, al Gobierno le interesa que la propia derecha se divida y, por ejemplo, canibalice a quienes se reclaman con derecho a ejercer la política con criterios propios, sin secundar arengas ni temer invectivas al día siguiente. Nada más grato para los socialistas que desde la propia derecha se anime al insulto y descalificación del alcalde de Madrid, pese a ser un activo electoral de renta fija- -y lealtad probada- -para el Partido Popular. Igualmente agrada al PSOE que el recordatorio permanente del 11- M se haga en términos calumniosos- -cada día más brutales- -para la Justicia y las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, enmarcados en hipótesis que ahuyentan a muchos ciudadanos de una actitud más crítica hacia el partido de Ferraz; ciudadanos que rechazan con igual intensidad la burda manipulación socialista de los sentimientos colectivos en la noche electoral del 13- M que el lanzamiento continuo de condenas sin prueba contra jueces y policías. Y así es como el PSOE y el Gobierno de Rodríguez E Zapatero consiguen que la más tremenda verdad judicial sobre el 11- M quede retirada de la circulación, pese a que consista, según el auto de procesamiento del juez del Olmo, en atribuir a los terroristas islamistas el propósito de evitar que el PP ganara las elecciones generales del 14 de marzo. Si el Gobierno realmente quisiera preservar el buen nombre de las instituciones, habría actuado ya judicialmente frente a quienes imputan a la Policía y a la Guardia Civil la responsabilidad del 11- M. Pero no lo hará, porque le conviene que una parte de la derecha siga atrapada en ese círculo de argumentos delirantes, que deslegitiman al Estado tanto como lo deslegitimó el PSOE entre el 11 y el 13 de marzo. Igualmente, este debería ser el momento en que la superioridad moral de los argumentos contra este corrosivo proceso de paz comenzara a aglutinar de forma efectiva y movilizadora a la mayoría social de este país, de izquierda a derecha, creando un mensaje transversal como lo fue el del Espíritu de Ermua, por encima de partidos y de consignas, y con un fundamento ético inasequible a la atracción de una paz tan falsa como la que propone ETA Batasuna. No es aceptable que, en este preciso momento, las víctimas no estén agrupadas bajo un solo mensaje y con una sola actitud. Ciertamente, no será el Gobierno el que promueva su unidad, sino todo lo contrario, porque le interesa restar todo el protagonismo y la representatividad posibles a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, aprovechando, también, la falta de flexibilidad de su directiva en el trato hacia otros grupos de víctimas y en la elaboración de un discurso común para todas ellas, que habría de estar centrado en la inmoralidad radical del diálogo político con ETA Batasuna. La oportunidad es histórica para la derecha española, social y política, frente a una izquierda decididamente conjurada con la quiebra del consenso constitucional y con la refundación del Estado sobre la base de la exclusión y la revancha. Pero esa clara oportunidad corre riesgo de perderse si la propia derecha no es consciente de que, con la división que propician unos y el radicalismo sectario de otros, está alimentando la estrategia del PSOE. CRISIS EN EL MERCADO ELÉCTRICO OS responsables de las compañías eléctricas españolas llevaban ya unos cuantos meses quejándose amargamente de las consecuencias del actual marco regulatorio. Fruto del real decreto aprobado por el Gobierno socialista el pasado mes de marzo, esta normativa de carácter eminentemente intervencionista, lejos de resolver los problemas que aún tiene pendientes el sector, los ha agravado considerablemente. Es decir, de nuevo al intentar parchear un asunto, el Ejecutivo pincha la rueda. Hasta tal extremo han llegado las cosas que esta semana se ha desatado una profunda crisis en el pool, el mercado en el que se casa a diario la oferta y la demanda de energía eléctrica en España, cuyas consecuencias son difícilmente previsibles a día de hoy. Uno de los principales agentes, Iberdrola, ha decidido dejar de vender a pérdidas, en defensa de los intereses de sus accionistas y de un mercado que debiera avanzar en su liberalización. En el fondo, el problema tiene un nombre: la tarifa, que está en el ojo del huracán. Difícilmente podrá crearse un L mercado eléctrico competitivo y eficiente en nuestro país mientras la tarifa eléctrica no refleje el coste real de la energía y siga suponiendo una subvención encubierta para otros sectores industriales. Se hace urgente, por lo tanto, que el Ministerio de Industria se tome en serio los avisos que están dando el sector y el mercado y se decida a tomar cartas en el asunto. Quizás el ministro José Montilla debiera dedicar algo menos de tiempo a la campaña del Estatuto catalán y más a los asuntos cuya tutela y custodia le han sido encomendados. Con que dedicara el mismo, tal vez valdría. Se ha de definir, por ejemplo, una nueva normativa que ofrezca las señales necesarias a las empresas- -para que sigan invirtiendo en unas infraestructuras energéticas imprescindibles para el país y obteniendo la rentabilidad necesaria- -y a los mercados, para que continúen apoyándolas en esta tarea. Hay que tener en cuenta que esta situación de incertidumbre regulatoria es impropia de un país moderno que pretenda no hipotecar su futuro.