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28 Nacional DOMINGO 11 6 2006 ABC Operación Muralla o Caso Izaguirre los enfrentamientos entre el fiscal jefe de Lugo y el presidente de la Diputación trascienden de los aspectos jurídicos para entrar de lleno en una batalla política en la que está en juego el futuro de la corporación Lugo dirime su futuro en los juzgados TEXTO: ALFREDO AYCART FOTO: MIGUEL MUÑIZ La política, en Lugo, no se dirime en los despachos de las sedes de los partidos; ni siquiera en los de las diferentes instituciones. Los resultados de las próximas elecciones municipales dependen más de la resolución de los casos que se acumulan en la actualidad en los juzgados de instrucción y de la Audiencia Provincial que de las discusiones partidarias o los previsibles argumentos de los mítines de campaña. Francisco Cacharro, un histórico del PP que ha conservado la Diputación de Lugo para su partido desde hace la friolera de 23 años, no oculta un rictus amargo cuando asume que aunque la sentencia de la Operación Muralla fuera absolutoria, tengo la impresión de que el trabajo ya está hecho Y es que la intervención judicial se ha producido en el momento más inoportuno, cuando luchaba por seguir siendo el candidato a la reelección, pese a la evidente apuesta de la nueva dirección regional del PP de Alberto Núñez Feijóo por José Manuel Barreiro. El dirigente del PP ha utilizado toda su artillería para enfatizar el carácter político de la operación- -saldada con la imputación de dos funcionarios y un ex funcionario de la corporación, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros- -para sugerir que su impulsor, el fiscal Izaguirre, podría haber mantenido un almuerzo secreto con el secretario de Organización socialista, José Blanco, pocos días antes de proceder a las detenciones, en el marco de una actuación generalizada de persecución a los cargos públicos del PP. El jefe del servicio de vías y obras de la Diputación y su esposa fueron detenidos por orden de la fiscalía de Lugo PSOE que a las que afectan a los más de 60 dirigentes de su partido. Yo no persigo a nadie. Mucho menos a un partido político. Eso es una locura agregó el acusador público, que dijo sentirse acosado en cierta manera por las acusaciones de politización, que también tuvo que soportar su antecesor, y recurrió a la ironía al rememorar que me han denunciado ante la Fiscalía General hasta por mi tesis doctoral La Operación Muralla es ya el tercer caso emprendido por la Fiscalía contra funcionarios de la corporación provincial. Hasta ahora sólo se ha fallado uno, con un severo varapalo para las tesis de Jesús Izaguirre, que según la sentencia acusó de desobediencia a personas que no habían recibido órdenes, y les imputó un delito de falsedad documental por documentos que ni habían emitido, ni habían expedido, ni habían firmado. ABC El presidente de la Diputación habla de una conspiración para dañar su imagen antes de las elecciones Yo no persigo a nadie, y menos a un partido. También he actuado contra el PSOE se defiende el fiscal jefe Entonces el fiscal habló de una trama funcionarial, un argumento similar al que emplea en la llamada Operación Muralla donde apreció en su escrito de acusación una trama, montada con el objetivo de conseguir de manera sistemática y fraudulenta la adjudicación de diversos contratos con la Diputación Provincial y otras corporaciones locales de la provincia de Lugo No es el único que habla de tramas. También lo hace el presidente de la Diputación, aunque Francisco Cacharro apunta en otra dirección al aludir de nuevo a las presuntas conexiones entre el PSOE y la Fiscalía lucense. El pasado viernes, en su habitual rueda de prensa, convertida en las últimas semanas en foro de réplica a las tesis de Jesús Izaguirre, precisó que el objetivo de esta conspiración sería afectar y dañar la imagen de la Diputación y de su presidente, además del daño que se cause a las personas directamente afectadas Expedientes ocultos Las diferencias en la teoría de las tramas se extienden también a la cantidad y la calidad de la documentación aportada por la Diputación al fiscal en sus distintos requerimientos. Francisco Cacharro ha enarbolado en los últimos días abultados informes para clarificar las actuaciones de la corporación, precisando siempre que eran los mismos informes que obraban en poder del fiscal, quien sin embargo, estima que pudo haber existido ocultación de expedientes. Ése fue el motivo del polémico registro en las oficinas de los dos funcionarios imputados, sobre cuya espectacularidad hay también enormes discrepancias según quien sea el interlocutor. Izaguirre sostiene que los funcionarios policiales plantearon al jefe de seguridad de la Diputación provincial que prohibiera el acceso de las cámaras a sus dependencias, una insinuación rechazada por el responsable, según esta versión, siguiendo órdenes directas de Francisco Cacharro. Pero el aludido recuerda con ironía que la página web de un medio de comunicación gallego en el que casualmente colabora uno de los inspectores que participaron en el registro, telegrafió la intervención varias horas antes de que se produjera. No persigo a nadie El fiscal jefe de Lugo niega tajantemente la mayor- nunca he comido, cenado o desayunado con José Blanco; sólo le conozco de haber coincidido con él en dos actos oficiales -para insistir en que acusarle de promover actuaciones contra políticos por el mero hecho de pertenecer a un partido supone imputarle un delito de prevaricación. Jesús Izaguirre recordó en una conversación con ABC el mapa político de la provincia- -con abrumadora mayoría de cargos populares- e insistió en que también ha promovido investigaciones sobre alcaldes socialistas. En concreto, los de Sarria- -en tramitación en el juzgado de la localidad- -y As Nogais, iniciada por su predecesor y archivado por el juez, entre otros. No es esa la visión en el PP. Al margen de la disputa interna por la presidencia de la Corporación, tanto José Manuel Barreiro como el propio Feijóo han incidido también en reprochar a la Fiscalía que no aplica la misma eficacia, entusiasmo y dedicación a las escasas investigaciones sobre cargos del Tramas paralelas Las discrepancias de la sala con el acusador público comenzaron en la vista oral, cuando una de las imputadas, María Mato, le acusó de haberla amenazado en su despacho. Izaguirre pidió el amparo del tribunal, que hizo caso omiso de sus requerimientos, en una actuación por la que aún se muestra dolido: Me acusó de un delito y la Sala no hizo nada. En una situación así, se debería amonestar a la funcionaria o se debería imputar al fiscal, pero no se hizo ninguna de las dos cosas