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20 Nacional JUEVES 8 6 2006 ABC Roca acusa a Gil de ser quien tramitaba las licencias urbanísticas J. M. C. MÁLAGA. El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca negó ayer que fuese él quien tramitara los expedientes urbanísticos y aseguró que el ex alcalde del consistorio marbellí, el fallecido Jesús Gil, era quien decidía. Roca fue trasladado desde la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) hasta los juzgados para declarar en calidad de testigo en el juicio que se sigue contra Julián Muñoz y otros siete ex ediles del GIL por delito urbanístico. El ex asesor, encarcelado a raíz de la Operación Malaya, llegó a las dependencias judiciales sobre las 9.00 horas pero hasta las 13.00 no fue conducido hasta el juez. Durante su declaración, que duró veinte minutos, fue custodiado por dos policías que le retiraron las esposas mientras comparecía. Roca afirmó que Jesús Gil dio orden para que las licencias urbanísticas se concedieran con arreglo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y que todos los concejales del GIL conocían dicha instrucción. Aclaró que él no era gerente de Planeamientos 2000, sino apoderado y que dicha empresa era una sociedad municipal que se encargaba de redactar el nuevo Plan. Mientras, el juez del caso Malaya ha dictado un auto para que se retiren varios cuadros que iban a ser subastados ayer por la Sala Retiro de Caja Madrid ante la posibilidad de que sean propiedad de Roca. Entre las obras retiradas destacan creaciones de Novell, Basquiat y Francis. Los directivos de Afinsa salen de la cárcel de Soto del Real, ayer, tras la decisión del juez Pedraz EFE El juez excarcela a los directivos de Afinsa al no ver riesgo de destrucción de pruebas Pedraz considera que sigue habiendo indicios de que los cinco estafaron declaración como imputado (ya es el octavo) al responsable de la empresa que auditó a Fórum Filatélico entre 1999 y 2004 N. VILLANUEVA MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la presunta estafa de Afinsa, acordó ayer la puesta en libertad del presidente de la sociedad, Juan Antonio Cano Cuevas, y de otros tres consejeros, y la del proveedor de sellos Francisco Guijarro (quienes permanecían en prisión preventiva desde el 12 de mayo) al considerar que no existe peligro de destrucción de pruebas ni tampoco riesgo de fuga. En el auto dictado ayer, Pedraz reconoce que aún siguen existiendo motivos para estimar responsables de los delitos imputados a Cano Cuevas y al resto de directivos que se encontraban hasta ayer en prisión: el fundador de la compañía Albertino de Figueiredo, los miembros del Consejo de Administración Carlos de Figueiredo y Vicente Martín Peña y el proveedor Guijarro. Sin embargo, no cree necesario mantenerlos en prisión, pues, tras la intervención judicial, ha desaparecido ya cualquier riesgo de destrucción de pruebas y el peligro de fuga se puede evitar con las medidas acordadas en el mismo auto, con comparecencias cada b Grande- Marlaska toma hoy Vera podrá salir de prisión 5 días a la semana controlado con una pulsera ABC MADRID. El ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenado a siete años de cárcel por malversación de fondos reservados, podrá salir de prisión de sábado a jueves, llevando puesta una pulsera de control, según decisión de la Audiencia Provincial de Madrid hecha pública ayer. El auto de la Audiencia, del pasado día 5, estima un recurso de Vera contra la decisión de un juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, que el pasado 24 de marzo le denegó la ampliación del tiempo que el penado pasa fuera de la cárcel. La Audiencia madrileña aprobó, así, el acuerdo que había adoptado el 2 de marzo la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia, donde Vera cumple su condena. tres días ante la Audiencia Nacional y prohibición de salir del país. Además, tendrán que facilitar el número de su teléfono móvil para estar localizados en todo momento. El incumplimiento de cualquiera de estas medidas podría conllevar un nuevo ingreso en prisión, tal y como advierte el magistrado, que recuerda que no es necesario que los imputados constituyen fianza por cuanto sus bienes y cuentas han sido embargados y bloqueados Desde el pasado 9 de mayo, cuando comenzó la instrucción de las presuntas estafas de Afinsa y Fórum, además de nombrar sendos administradores judiciales ya se han practicado diversas diligencias, como bloqueos de cuentas, incautación de documentación y material informático o embargo de bienes muebles e inmuebles. Los directivos de Afinsa están imputados por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, administración desleal, delito contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y falsificación de cuentas anuales. Además de los querellados que hasta ayer permanecían en pri- sión hay otras dos personas que se encuentran en libertad: el ex director de impuestos de la compañía, Emilio Ballester, y el auditor de Afinsa a través de Gestynsa Auditores S. L. Francisco Blázquez Ortiz. El abogado de los imputados, José María Plaza, valoró de forma muy positiva la resolución de Pedraz, reiteró la inocencia de sus clientes y auguró un proceso judicial largo informa Ep. Declara otro imputado de Fórum Por otra parte, el juez Grande- Marlaska, quien investiga la presunta estafa de Fórum Filatélico, tomará hoy declaración como imputado a José Carrera Sánchez, responsable de la sociedad Carrera Auditores SL, compañía que auditó a la entidad filatélica entre 1999 y 2004. Desde el primer año y hasta 2002 no se apreciaron salvedades en las cuentas de Fórum Filatélico por parte de Carrera Auditores, a la que varios afectados han pedido responsabilidad por su labor auditora. Este auditor es el octavo imputado en la causa que se sigue contra los antiguos administradores de Fórum. Fuentes próximas a ambos juzgados mostraron el malestar de los magistrados por que el Ministerio de Justicia no haya creado todavía la oficina de víctimas que Pedraz y Marlaska reclamaron hace dos semanas en una nota de prensa. Esta oficina iba a canalizar las denuncias y personaciones de los afectados por ambas estafas. Fuentes próximas a ambos instructores mostraron su malestar por que el Gobierno no haya puesto en marcha la oficina de víctimas