Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión JUEVES 8 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil GIBRALTAR SE CRECE UNQUE el Gobierno español haya aplicado a la noticia el método habitual de negarle la importancia que tiene, el anuncio de las autoridades gibraltareñas de convocar un referéndum de autodeterminación para una nueva relación constitucional con Gran Bretaña es un revés para las aspiraciones españolas sobre el Peñón. Un referéndum de estas características supone el ejercicio de una soberanía que jamás había sido reconocida por el Estado español a la población de Gibraltar, y por eso implica un nuevo fallo de la política exterior del Ejecutivo. Para Gran Bretaña, el asunto de Gibraltar tiene un planteamiento colonial, y eso explica su diferente actitud ante este anuncio. Sin embargo, el paso dado por las autoridades de Gibraltar es coherente con el papel que el actual Gobierno socialista les reconoció al principio de la legislatura, enmarcado en esa afición por los grandes giros estratégicos en la política exterior, tan fracasados en este capítulo como en tantos otros. Es bueno recordar ahora que al ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, se le integró en el foro de diálogo sobre el Peñón, junto con los representantes de Gran Bretaña y España. Aquella decisión, presentada como un gesto para avanzar en la cooperación entre la colonia británica y el Campo de Gibraltar, sin vincularla a correlativos progresos en el reconocimiento de la soberanía española, fue determinante del encogimiento diplomático español, proporcional al envalentonamiento gibraltareño. Simple cesión, sin asegurarse contrapartida alguna y sin abordar decididamente ante la Unión Europea la responsabilidad de este enclave colonial en el blanqueo de capitales. A Gibraltar se le dio silla en la mesa de los gobiernos y ahora quiere actuar con soberanía. Es el peligro de utilizar tanta mesas para debatir asuntos de Estado y, al mismo tiempo, desistir de los recursos propios del Estado, como podrían ser, en el caso de Gibraltar, las relaciones diplomáticas o los foros internacionales. Desde 1964, Naciones Unidas ha tratado la situación de Gibraltar como un contencioso que deben resolver los gobiernos del Reino Unido y de España, a los que se emplazaba a tener en cuenta los intereses de los gibraltareños Ahora Gibraltar irrumpe con el derecho de autodeterminación, quebrando el principio tradicional de la política exterior española sobre el Peñón. El exceso de creatividad diplomática de este Gobierno está costando muy caro a la posición internacional de España en los frentes principales de su diplomacia. Si Gibraltar ha dado este paso es, entre otras razones, porque no le disuade la posible reacción española. Es triste reconocerlo, pero la debilidad internacional del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no disuade a nadie de perjudicar los intereses de España a su conveniencia, ni en Bruselas, ni en Bolivia ni ahora en el Peñón. A PUJANZA DE LA ESPAÑA EMPRESARIAL O que empezó como la opa hostil de una compañía multinacional española, Ferrovial, sobre BAA, primera empresa británica de explotación de aeropuertos, empieza a dibujarse como una operación acordada entre los gestores de ambas compañías con muchas posibilidades de éxito y un valor de casi 15.000 millones de euros, lo que la sitúa entre las más voluminosas y ambiciosas de la historia empresarial española. La opa se presentó el pasado mes de febrero con una primera oferta del pretendiente español, que ha revisado las condiciones un par de veces, incrementando el precio más de un 17 por ciento, hasta convencer a los directivos de la compañía opada. En el corto plazo de un par de semanas se concretarán los extremos y el desenlace de la operación, que, si concluye satisfactoriamente para Ferrovial, colocará a ésta entre las compañías líderes del mundo en su sector por dimensión y rentabilidad. Con esta opa se cierra, brillantemente, uno de los capítulos del libro de la internacionalización de las compañías españolas, escrito sin pausa durante la última década. En el plazo de poco más de un año, tres de las principales compañías españolas- -Banco Santander, Telefónica y Ferrovial- -han cerrado acuerdos empresariales de altos vuelos en Gran Bretaña para convertirse en actores principales de esa economía. Las tres multinacionales españolas asientan buena parte de sus activos en la madura y competitiva economía británica con estas adquisiciones milmillonarias en euros, a las que se pueden añadir también las de Abertis en Francia e Italia, que la convierten en una de las principales y más avanzadas compañías del mundo en su sector, aunque las inversiones en el continente, especialmente en Italia, pasen siempre por más incertidumbres que las efectuadas en las Islas Británicas. No se trata de operaciones excepcionales, aunque lo aparenten por las magnitudes en juego, o inimaginables: todas ellas tienen lógica empresarial, están al alcance de las posibilidades de quienes las protagonizan y ponen de relieve las capacidades y potencialidades de estas compañías españolas, que crecieron en el mercado local para inmediatamente, y casi sin descanso, abordar la expan- L sión internacional y las oportunidades de la globalización. Con evidente éxito, además. No es casualidad que el mercado británico, el más abierto de Europa, sea un campo de juego atractivo para quienes tienen vocación de crecimiento. En los tres casos citados- -las compras de Abbey por el Santander, de O2 por Telefónica y, ahora, de BAA por Ferrovial- -se trata de operaciones en un marco de competencia y de libre circulación de ideas y de capitales. En Gran Bretaña, el Gobierno no actúa como obstáculo ni de paladín de unos presuntos intereses nacionales que suelen esconder, casi siempre, intereses de parte. La economía española ha superado la zona intermedia europea en cuanto a apertura e internacionalización y sigue ganando terreno a países más avanzados y madrugadores en cuanto a desarrollo. En poco más de una década, más de un millar de empresas españolas se han colgado merecidamente el apellido de multinacionales de cabecera. De economía dependiente de los capitales exteriores, la española se ha convertido, desde finales del pasado siglo, en economía exportadora de capitales, tecnologías y capacidades a través de empresas con vocación de crecimiento y capaces de competir en cualquier escenario. Desde esa experiencia, las fuerzas políticas deberían reparar en las ventajas de los intercambios libres y del abatimiento de las fronteras, desde aquí hacia afuera y a la inversa. Poner obstáculos y barreras a la inversión exterior que busca oportunidades significa recortar el potencial de crecimiento y mermar oportunidades. Mientras Ferrovial concluye su operación de compra del principal operador aeroportuario del mundo, la sociedad catalana protagoniza un debate proteccionista e intervensionista, a cuenta de la gestión del aeropuerto de El Prat y de las decisiones de una compañía como Iberia. Con la experiencia británica, el Gobierno español debería abordar decididamente la privatización de buena parte de los negocios de AENA, en pro de una mayor eficacia y también para poner coto a un debate de competencias entre las distintas administraciones territoriales. IMPREVISIÓN EN EL AUDIOVISUAL L A política audiovisual ha sido una de las áreas peor gestionadas en España durante la última década. Unas veces, por intervenir con exceso de celo en aspectos coyunturales y donde el mercado no precisaba mayores atenciones que la simple supervisión. Otras, por desatender las necesidades objetivas de los operadores o, en el mejor de los casos, actuar con exasperante lentitud y excesiva gradualidad. Así, ha quedado ad calendas graecas la ley General Audiovisual, y ahora entra en el ángulo oscuro el Plan Técnico Nacional de FM, llamado a actualizar el mapa radiofónico, anclado en el diseño de 1997, el siglo pasado para un sector que se reinventa cada día. El Gobierno se dispone a modificar en las próximas semanas la normativa que regula el derecho de los espectadores a ser informados de la programación televisiva y pone límites a la molesta práctica de la contraprogramación. Con arreglo al real decreto 1462 1999, de 17 de septiembre, las cadenas de televisión de ámbito nacional están obligadas a hacer pública su oferta diaria con una antelación de, al menos, once días. La nueva norma reducirá ese margen a siete días, periodo que recoge en parte las recurrentes demandas de las emisoras y que esconde, bajo la inocua apariencia de un ajuste técnico, una grave amenaza que puede lesionar para siempre el futuro de legítimos proyectos empresariales desarrollados a partir de una idea principal: atender los derechos de los telespectadores, en cuanto usuarios, a conocer con la antelación suficiente la programación de televisión, incluidas las películas y la retransmisión de espectáculos. El pasado año, cada español pasó delante de la pequeña pantalla una media de 217 minutos diarios, lo que sitúa el consumo de TV como uno de los principales recursos de los ciudadanos a la hora de organizar su oferta de ocio. El todavía vigente periodo de once días no se determinó de forma caprichosa, sino que equivale al tiempo mínimo necesario del que disponen las publicaciones especializadas para trasladar al usuario una información fiable y que, en última instancia, se traduce en una mayor capacidad de las cadenas para fidelizar espectadores y ponerse en valor ante sus anunciantes como un soporte seguro, eficaz y estable.