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4 Opinión MIÉRCOLES 7 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL FUTURO DE ORIENTE PRÓXIMO E RUPTURA EN DEFENSA DEL ESTADO L presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, empezó ayer a recoger el fruto de la discordia que ha venido sembrando desde que ETA anunció el alto el fuego permanente. En buena medida es un fruto que venía madurando desde mucho antes de la tregua etarra, desde que el PSOE comenzó a difundir un mensaje sobre las nuevas oportunidades para la paz Lo que entonces parecía ser sólo un acto de voluntarismo del presidente del Gobierno, hoy ya asoma ribetes de lo que podría haber sido un largo proceso de diálogo oculto con el brazo político de ETA, mientras los etarras asesinaban y las víctimas enterraban a sus muertos. En estas condiciones, es lógico que el Partido Popular haya llegado al límite de su paciencia, un límite con el que se ha topado después de ignorar a conciencia y con generosidad, como recordaba ayer Mariano Rajoy, hechos, declaraciones e informaciones inquietantes. Pero el anuncio de la reunión entre los socialistas vascos y Batasuna ha rebasado el más amplio de los márgenes que una oposición democrática y responsable puede conceder al Gobierno. Rajoy anunció ayer que rompía su relación con el Ejecutivo y que retiraba su apoyo a Rodríguez Zapatero. Es una reacción comprensible. Lo hizo después de desgranar en un discurso sólidamente argumentado todas las contrapartidas que ETA ha recibido hasta el momento, pese a que no ha cumplido ninguna de las condiciones que el propio jefe del Ejecutivo se impuso como requisito previo a cualquier diálogo. Rajoy, al mismo tiempo que propuso un resolución basada en los principios del Pacto Antiterrorista, liberó ayer a su partido y a la mayoría social opuesta a la negociación con ETA de seguir acompañando en silencio forzoso a un Gobierno que ha actuado con doble fondo en este grave asunto. También demostró el presidente del PP que el Gobierno se equivoca si cree que este proceso es viable en compañía únicamente de los firmantes del pacto de Estella, de los interlocutores de Perpiñán o de los partidos acomodaticios a cualquier coyuntura. Sin el PP, sin las víctimas y en contra de la ley de Partidos, de las sentencias judiciales y del Esta- E do de Derecho, el Gobierno socialista camina hacia un callejón sin salida. Rodríguez Zapatero no ha sido leal con el PP, y los acontecimientos confirman que lo que ha pretendido es utilizarlo como coartada para el proceso con un discurso que era inmediatamente desautorizado por sus propios actos y los del Partido Socialista de Euskadi. Ni la paz será antes que la política, ni Batasuna tendrá que ser legal- -porque ya lo es de hecho- -para hablar con el PSE, ni ETA tendrá que disolverse para sentarse en la misma mesa de negociación con el Gobierno. Y lo peor es que, descubierta la trama, la respuesta no ha sido la rectificación, sino la imputación al PP de querer que se frustren las oportunidades de la paz. Sin embargo, lo cierto es que ETA y Batasuna saludan la reunión con el PSE como una victoria política histórica, porque entraña la aceptación del diálogo político en lo que sólo es un mero paréntesis en la actividad terrorista, y no el cese definitivo de la violencia. Otegi, acostumbrado últimamente a contar sus apariciones públicas como celebraciones, lo reconocía ayer mismo al interpretar el cambio radical del PSE como un compromiso en favor del debate político, de reconocer nuestra interlocución y de una apuesta en favor de la mesa Pero advertía, dejando en evidencia al Gobierno, que vamos a hablar de nuestra legalización Quizá por eso va a pasear estos días a Gerry Adams, ese terrorista que puede jactarse de que en su proceso de paz que ya dura más de quince años, ni el IRA se ha disuelto, ni el Gobierno británico ha verificado el desarme- -sino dos clérigos y un general canadiense al que el IRA ha engañado cuantas veces ha querido- ni ha impedido que los presos de uno y otro bando- -porque el modelo irlandés sí es un intento de paz en una guerra civil- -se hayan convertido en mafias delictivas. El PSOE no tiene motivos para escandalizarse por las críticas que está recibiendo, porque se apoyan en hechos concretos que desvelan su voluntad de negociar políticamente con ETA. El presidente del Gobierno se vio ayer reflejado en el implacable discurso de Rajoy, pero no podrá decir que se vio distorsionado. Una vez más, Zapatero ha elegido estar donde quiere y con quien quiere. EL ÚLTIMO TREN PARA RTVE L Gobierno por fin pone hoy boca arriba sus principales cartas sobre el nuevo modelo de Radiotelevisión Española. La propuesta formal incluye la salida de 4.150 contratados fijos e indefinidos mayores de 52 años, con una antigüedad mínima de diez años en la compañía, que deberán prejubilarse de forma obligatoria a partir del próximo 31 de diciembre. Los que tengan 50 años en esa misma fecha deberán hacerlo veinticuatro meses después. El Plan de Viabilidad diseñado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) establece para los trabajadores afectados una cobertura económica del 72 por ciento sobre el salario bruto hasta el momento de su jubilación forzosa, fijada en los 65 años, con una revisión anual de los complementos del 2 por ciento para compensar el impacto de la inflación. De acuerdo con la legislación vigente en materia fiscal y la media ponderada del excedente de plantilla, la oferta del Ejecutivo se traduce en que cada empleado que salga por la puerta recibirá entre el 80 y el 87 por ciento de su salario bruto hasta el acceso a la edad legal de jubilación. E Sin adentrarnos en más honduras sobre la conveniencia de un ajuste fino de los números, de lo que ya se ocuparán con mayor celo los representantes sindicales, la propuesta del Ejecutivo es quizás el último tren para RTVE, un ineludible punto de partida para establecer estándares eficaces de tamaño y funcionamiento en la TV pública estatal. Sería deseable que todas las partes, a uno y otro costado de la mesa negociadora, tuvieran en cuenta la necesidad de pespuntar con doble hilo lo que es un saco roto para los contribuyentes y tengan presente el mandato de las asambleas de trabajadores: alcanzar un acuerdo suficiente que ponga fin a la incertidumbre. Con todo, el pacto que el Gobierno quiere sellar a toda prisa para su inmediata explotación en el mercado de la opinión pública será sólo el comienzo de la nueva Corporación RTVE. A continuación habrá que definir con nitidez el coste del servicio público que asuma el Estado cada año para evitar, de una vez por todas, la competencia desleal con las cadenas privadas y garantizar unos órganos de dirección plurales y competentes. Que no es poco. N medio de grandes incertidumbres, el futuro de Oriente Próximo trata de ser dibujado de acuerdo con la sensatez. De hecho, las iniciativas que tratan de proyectar sus efectos en estos momentos sobre Palestina e Irán responden a una estrategia que busca desactivar los conflictos que amenazan la paz del conjunto de la región. Sin una Palestina y un Irán comprometidos con la legalidad internacional- -y esto exige el reconocimiento de Israel por un lado y, por otro, la renuncia a la proliferación nuclear- -es inviable cualquier diseño político que pretenda dar estabilidad. La actitud de la comunidad internacional es al respecto inequívoca. Palestina e Israel deben convivir pacíficamente dentro del marco de la legalidad de Naciones Unidas. Y eso exige por parte del actual Gobierno palestino que reconozca el derecho de Israel a existir. La decisión del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, de convocar un referéndum sobre si se admite, o no, la convivencia de Israel y Palestina es, en este sentido, la respuesta sensata a la actitud intransigente de Hamás, que, no lo olvidemos, a día de hoy sigue defendiendo un estado islámico sobre el conjunto de los territorios que abarcan Israel y la Autoridad Palestina. Con esta iniciativa- -aplazada unos días a la espera de que Hamás rectifique- el presidente Abbas plantea un arriesgado, pero inevitable, pulso político al Gobierno que lidera Ismael Haniya. Para ello, apela a la voluntad del pueblo palestino y coloca a éste en la encrucijada de tener que decidir sobre si respalda o impugna el proyecto radical que protagoniza en estos momentos el gubernamental partido de Hamás. De cuál sea el resultado de ese referéndum dependerán muchas cosas. La principal de ellas: saber quién decidirá, y conforme a qué proyecto, el futuro de Palestina. Por otro lado, la reacción iraní a la propuesta planteada en Teherán por el Alto Responsable para la Política Exterior y la Seguridad Común de la UE, Javier Solana, abre una puerta a la esperanza de que la crisis nuclear generada por el régimen de los ayatolás sea paulatinamente desactivada. El paquete de incentivos diseñado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para disuadir a Irán de que continúe con el desarrollo de su programa nuclear parece así haber acertado en la fórmula. Sobre todo cuando la comunidad internacional no ha dudado en ningún momento en trasladar al mismo tiempo a las autoridades iraníes su inequívoca voluntad de poner en marcha cuantas medidas puedan impedir- -de acuerdo con la legalidad internacional- -la proliferación nuclear impulsada por su presidente, el integrista Mahmoud Ahmadineyad. Y aunque el desenlace que deparará el futuro de Oriente Próximo está pendiente de ser resuelto definitivamente, con todo, las posibilidades de que los conflictos abiertos en Palestina e Irán se despejen es en estos momentos una realidad.