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24 Nacional MARTES 6 6 2006 ABC Julián Muñoz culpa a Roca de haber edificado en zona verde en Marbella El ex alcalde niega haber presidido la comisión en la que se firmó la licencia b Julián Muñoz está acusado de un delito urbanístico y se enfrenta a una pena de dos años de prisión y diez de inhabilitación especial para ocupar cargo público J. M. CAMACHO MÁLAGA. El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz responsabilizó ayer al ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca- -en prisión por la trama de corrupción institucional en la localidad costasoleña- -de autorizar la construcción de seis viviendas en zona verde. Muñoz declaró en el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga por un delito urbanístico y se enfrenta a una pena de dos años de cárcel y diez de inhabilitación especial para ocupar cargo público. El ex regidor municipal, junto a los ex ediles del GIL Pedro Román, Rafael González, María Luisa Alcalá, Mario Jiménez, José Manuel Pomares, Manuel Calle Arcal y Juan Antonio Yagüe Reyes- -este último hermano de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, encarcelada por la operación Malaya está acusado de un delito contra la ordenación del territorio al haber autorizado una licencia de obra en zona verde. El ex alcalde manifestó en el juicio que todas las licencias estaban recogidas en un cuaderno, donde se especificaba si debían autorizarse o no, ya que estaban avaladas por profesionales de reconocido prestigio. Muñoz y el resto de acusados aseguraron que ellos no votaban nunca en las comisiones de gobierno ni firmaban las actas, por lo La Audiencia inicia la investigación del genocidio en el Tíbet N. V. MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno comenzó ayer a practicar las primeras diligencias de investigación contra los ex dirigentes chinos presuntamente responsables del genocidio en el Tíbet. Aunque la causa está en manos de la Audiencia Nacional desde junio de 2005, no fue hasta la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Guatemala (septiembre de 2005) cuando se dio luz verde a la competencia de España para investigar crímenes de lesa humanidad con independencia de la nacionalidad de las víctimas. El director de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona, Thubten Wangchen, fue el primer testigo que, en relación con esta causa, declaró ayer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2. Este exiliado tibetano, nacionalizado español, se limitó a ratificar los hechos expuestos en la querella interpuesta hace ahora un año por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT) contra siete dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente, Jiang Zemin. Tras prestar declaración ante el magistrado, Wangchen confesó ante los periodistas que el objeto de la querella no es tanto obtener la entrega a España de los miembros del Gobierno chino contra los que va dirigida, como que se hable de lo ocurrido en el Tíbet a nivel internacional para que el Gobierno chino reconozca sus errores y empiece a respetar los derechos humanos Julián Muñoz acudió ayer al Juzgado de lo Penal de Málaga que no confirmaron su presencia en las comisiones en las que se aprobaron dichas licencias, y que las competencias en materia de Urbanismo no estaban delegadas en concejales, pues las llevaba el entonces alcalde, Jesús Gil, ya fallecido. Algunos de los acusados explicaron que si no estaba Gil, los encargados de presidir las comisiones eran Julián Muñoz o Pedro Román, primeros tenientes de alcalde del Ayuntamiento. Muñoz negó haber presidido la comisión de gobierno que aprobó el 20 de diciembre de 1996 la licencia del proyecto básico de edificación presentado por la entidad Moansa S. A. para construir seis viviendas unifamiliares pa- EFE readas en la urbanización Huerta Belón de Marbella. El ex alcalde aseguró que en aquella época casi no iba al Ayuntamiento marbellí. Por su parte, Pedro Román reconoció que formó parte el 7 de noviembre de 1997 de la comisión de gobierno que aprobó por unanimidad la licencia de obra al proyecto de ejecución de construcción de esas seis viviendas, al tiempo que hizo hincapié en que en la de diciembre de 2006 no estuvo por motivos familiares. Román explicó que era imposible comprobar cada caso y aseguró que ni él ni los demás miembros del equipo de gobierno fueron conscientes jamás de aprobar algo que no fuera legal.