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4 Opinión LUNES 5 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil DESBORDADOS POR LAS MAFIAS E LA GUERRA MARAGALL- ZAPATERO E L efecto disgregador del nuevo Estatuto catalán se está haciendo especialmente intenso en el seno del partido de los socialistas de Cataluña, apresado por los pulsos continuos de Pasqual Maragall a Rodríguez Zapatero y la necesidad del PSOE de zanjar la discordia que encarna el presidente de la Generalitat mediante su sustitución por el actual ministro de Industria, José Montilla. Sin embargo, la resistencia de Maragall a dejarse defenestrar por su partido podría impedir el logro de dos objetivos estratégicos unidos entre sí: anunciar el relevo de Maragall por Montilla antes del 18- J y evitar que aquél convierta el referéndum en un plebiscito de su gestión. Dos han sido las razones para que Rodríguez Zapatero- -que ayer en Lérida aprovechó el mitin de apoyo al referéndum catalán para cargar contra el PP- -no haya podido cumplir sus deseos: la división en el seno del PSC y el rechazo de los sectores del partido más próximos al catalanismo nacionalista a una operación frustrada, en parte, por el entendimiento permanente y sostenido entre el jefe del Ejecutivo y Artur Mas, lo que llevó a Maragall a sostener en público que Zapatero confunde Cataluña con los nacionalistas Consciente de que el presidente de la Generalitat trata de utilizar el referéndum como escudo protector de su figura, Convergencia i Unió ha pedido expresamente a los votantes que se fijen en el Estatuto y no en Maragall, al que Artur Mas ya ha advertido que puede encontrarse con una moción de censura después de la consulta. La prioridad de unos y otros es evitar que Maragall se consolide, porque la situación sería, entonces, incompatible con el segundo capítulo de los pactos entre Zapatero y Mas: el nuevo reparto de poder en Cataluña tras las elecciones autonómicas anticipadas. Maragall no ha descartado la reedición del tripartito después del referéndum, lo que demuestra que no olvida los largos años de oposición y derrotas a manos de CiU. Por eso tampoco puede decirse que la suerte de Maragall esté echada. Realmente este episodio es imputable de forma directa a la naturaleza misma del proyecto estatutario como una mera estrategia de conservación del poder político en Cataluña, bien para no perderlo, como en el caso del PSC, bien para volver a él, en el caso de CiU, bien para compartirlo, en ambos casos. Pero resulta muy instructivo comprobar que este Estatuto, llamado a ser el de la cohesión y la estabilidad, está resultando una piedra de discordia en todos los partidos que lo han aprobado. En el PSC, porque está lastrado por la lucha entre Maragall y el PSOE. En CiU, por las discrepancias entre Mas y Durán i Lleida, aparte de las contradicciones ideológicas entre Unió Democrática y el capítulo de derechos del Estatuto. Y en Esquerra Republicana de Cataluña, por el tira y afloja entre bases y dirección, que ha pasado por todas las opciones posibles ante el Estatuto para acabar en un no rotundo. Con este panorama, cabría preguntarse si Rodríguez Zapatero rescató del fracaso, en dos ocasiones, el proyecto estatutario para que acabara en esto. Porque, visto con distancia y constatados sus primeros efectos políticos, su apuesta personal en este asunto es un fracaso: ruptura del tripartito que él mismo avaló y campaña de acoso y derribo contra Pascual Maragall, con el que tanto se comprometió. Lo que ya no admite duda alguna es que el escenario político catalán se ha incendiado con llamas de muy diversa naturaleza que confluyen al tiempo para quemar interesados consensos pasados. Cataluña se dispone a refrendar en las urnas un Estatuto que, lejos de convertirse en instrumento de unión del socialismo y el nacionalismo, ha puesto de manifiesto hasta qué punto no era más que un proyecto utilizado al servicio del poder político. Las cosas han cambiado a peor y el Estatuto, hasta hace meses piedra angular de las reivindicaciones nacionalistas, es hoy objeto de discordia entre los antaños compañeros de Gobierno, hasta el punto de que el PSC trata ahora de ganarse el sí de la militancia de ERC subrayando su coincidencia en el no con el PP, único partido que ha mostrado coherencia desde el principio. Todo esto revela la incapacidad de Rodríguez Zapatero para controlar los tiempos de un proyecto en el que se empeñó de manera excesiva y obsesiva y que hoy supone, más allá del resultado del 18- J, la constatación de su propio fracaso. Porque no se necesita esperar al resultado de las urnas para concluir que para este viaje no hacían falta alforjas como las utilizadas en un proyecto profundamente desintegrador y que apura su última etapa en medio de una desgarradora lucha de intereses que el socialismo ya no puede ocultar. PENSIONES: REFORMA INSUFICIENTE E N breve el Gobierno y las fuerzas sociales- -sindicatos y patronal- -firmarán la apariencia de una reforma del sistema de pensiones que sirve para poco más que para proporcionar una foto. El laborioso acuerdo alcanzado por el ministro de Trabajo y los interlocutores sociales avanza unos milímetros en el proceso de reforma: unos meses más en el período de cálculo de las pensiones, cuando lo lógico hubiera sido el cómputo de todo el tiempo de cotización; unos retoques menores en los requisitos para la prejubilación y el contrato de relevo, cuando lo que están planteando otros países es un retraso de un par de años en la edad de jubilación para entrar en vigor a lo largo de la próxima década. Y así sucesivamente. Por múltiples razones económicas, sociales y demográficas, el sistema de pensiones español atraviesa por un período dulce, con superávit presupuestario desde hace varios años que ha permitido dotar un importante fondo de reserva. Pero la suficiencia actual no está asegurada de por vida. Todos los organismos internacionales y nacionales de análisis económico vienen recomendando desde hace años cambios sustanciales en el modelo de pensiones que desplacen la actual pirámide (cotizaciones actuales que permitan pagar los compromisos de pensión) por un sistema mixto que, manteniendo el modelo actual de reparto, insustituible durante no menos de una generación, abra espacio a otro de capitalización. Precisamente una situación de suficiencia y de bonanza económica es la que permite plantear las reformas necesarias. Si en su día el Pacto de Toledo sirvió para contener la demagogia política en este delicado asunto, ahora debería servir para el trabajo pedagógico y reformista imprescindible para blindar el sistema. Pero la actual reforma no va por ese camino; más bien por el de las apariencias y el conformismo. De nuevo, otra oportunidad perdida. L Gobierno alemán ha reiterado sus críticas a la política española de inmigración, que califica de publicidad para las mafias No es cuestión de afinidades ideológicas: ahora se trata de un ministro democristiano, pero antes lo dijo su antecesor socialdemócrata. La idea de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha provocado un efecto llamada que beneficia a las redes criminales de tráfico de personas está muy extendida en los ámbitos comunitarios. Por tanto, aunque Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, niegue cualquier conversación al respecto, las críticas a nuestra legislación no constituyen ninguna novedad en Bruselas a partir de un proceso de regularización que afectó a 700.000 personas el año pasado. Por su parte, Senegal mantiene la suspensión de las repatriaciones, al amparo de un eventual incumplimiento de los convenios internacionales sobre el trato digno a los afectados. Es otro frente abierto para el Ejecutivo, que no puede ser despachado apelando a problemas internos en dicho país africano, como ha declarado el propio Camacho, a quien se le acumula el trabajo en esta materia. Nuevas oleadas de cayucos parten cada día rumbo a Canarias, y si bien algunos de ellos son interceptados, otros muchos consiguen burlar los controles establecidos. De hecho, está a punto de alcanzarse en sólo cinco meses el número total de indocumentados que llegaron a las islas durante todo el año 2002. A lo largo del debate sobre el estado de la Nación se habló mucho de inmigración sin que Rodríguez Zapatero mostrase la más mínima señal de autocrítica, limitándose a ejercer su ya conocida oposición retrospectiva sobre Mariano Rajoy y a despachar con palabras vagas al grupo canario, que planteó sin rodeos el dramatismo de la situación. Crear una Casa de África con sede en Las Palmas no pasa de ser un gesto sin contenido. Los medios para controlar la inmigración ilegal no crecen al mismo ritmo que la acción de las mafias, y tampoco la ayuda de la Unión Europea está resultando particularmente eficaz. Por otra parte, la entrada normal por aeropuertos y fronteras terrestres resulta menos espectacular, pero plantea igualmente problemas muy serios. Tampoco la distribución por la Península de los inmigrantes afectados parece atenerse a criterios objetivos de solidaridad. El origen del problema se sitúa en una legislación ambigua y permisiva que debería ser objeto de una revisión a fondo. Ningún país del mundo puede soportar indefinidamente la llegada de personas que buscan su supervivencia de forma desesperada, muchas veces estafadas por mafias internacionales y gente sin escrúpulos. Para reclamar con firmeza la cooperación europea y afrontar con rigor la situación ante los países implicados, el Gobierno debe actuar con menos complacencia y más eficacia política y administrativa.