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ABC DOMINGO 4 6 2006 Madrid 45 Todo empezó con la querella del PSOE por el tamayazo que el Tribunal Superior ni siquiera admitió a trámite. Fue el primer varapalo para los socialistas, que tuvo su continuación en el caso Majadahonda el caso Bono y, ahora, la crisis del Severo Ochoa Simancas resbala cuatro veces TEXTO: MARIANO CALLEJA MADRID. La estrategia de Rafael Simancas en la oposición acaba de sufrir otro resbalón, y van cuatro. El primer varapalo judicial que sufrió el secretario general de los socialistas madrileños se produjo en julio de 2003, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió no admitir a trámite la querella del PSOE contra los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez y otros cargos políticos y constructores, por la supuesta comisión de un delito continuado de cohecho en la crisis de la Asamblea. Simancas se quedó sin Presidencia de la Comunidad y con su teoría de la trama inmobiliaria hecha trizas. Tras el tamayazo las elecciones autonómicas se celebraron de nuevo en octubre de ese mismo año, y el PSOE se quedó en la oposición. Pero Simancas mantuvo en su discurso la existencia de la trama que relacionó meses después con una operación municipal de venta de parcelas públicas en Majadahonda. De nuevo concentró toda su estrategia de oposición en otro supuesto escándalo, y lo llamó caso Majadahonda El PSOE presentó una querella contra el Ayuntamiento majariego, que vinculaba a toda la cúpula del PP de Madrid- -incluidos Esperanza Aguirre y Francisco Granados- a raíz de la supuesta trama escondida tras la adjudicación de las dos parcelas públicas. En diciembre del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción archivó esta querella, al no acreditarse que los hechos denunciados eran constitutivos de delito. El pasado 16 de mayo, el juzgado de instrucción número 3 de Majadahonda archivó otra denuncia del PSOE contra el Gobierno local, por presuntos delitos de alteración de precios públicos y malversación de fondos. El caso Majadahonda se evaporó casi por completo, porque quien tuvo que declarar ante el juez el pasado lunes 29 de mayo fue la portavoz adjunta del PSOE, Ruth Porta, por la querella que presentó el PP contra ella por un supuesto delito de injurias y calumnias, relacionado con la crisis de aquel municipio de la zona oeste. siva además de antijurídica de complacencia y realizada mirando al tendido según la Audiencia. El Tribunal aseguró que dos de los policías, quizás influidos por las declaraciones del delegado del Gobierno, Constantino Méndez, sirvieron a fines contrarios a la justicia A las pocas horas de conocerse la sentencia, el delegado Méndez presentó su dimisión. El cuarto golpe puede ser uno de los más contundentes para Simancas. El portavoz socialista en la Asamblea ha centrado durante meses sus ataques al Gobierno de Esperanza Aguirre en el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, al que llamó pirómano por su gestión de la crisis del Hospital Severo Ochoa de Leganés, al apartar al responsable del servicio de urgencias tras recibir una denuncia anónima sobre sedaciones ilegales. Simancas ha pedido la dimisión de Lamela en incontables ocasiones, como responsable del mayor escándalo de la sanidad pública y por su actitud negligente, que ha generado alarma, conManuel fusión entre los pacienLamela tes, crispación entre los profesionales y se ha producido error tras error Tras numerosas investigaciones, sodos subrayaron los socialistas en lo se les puede reprochar a los profesiomarzo de 2005, 17 días después de que nales irregularidades de tipo adminisestallara la crisis del Severo Ochoa trativo; vamos, papeles mal rellenapor la presunta mala praxis médica en Torrente de declaraciones Desde marzo de 2005, las declaraciones por la crisis del Severo Ochoa se han multiplicado. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, aseguró que la Comunidad de Madrid actúa en contra de la salud de los madrileños, en referencia a las listas de espera, el caso de Leganés y el decreto de la ley antitabaco. El Gobierno de Aguirre interpuso una querella contra Salgado. El secretario de Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, declaró en abril de 2005 que el líder del PP, Mariano Rajoy, debe pedir responsabilidades a Esperanza Aguirre y al consejero Lamela por el daño que le han hecho a la sanidad española y aseguraba que era incomprensible el apoyo de Rajoy a Lamela. El portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, aseguró ayer que el PSOE está instalado en la estrategia de la mentira, pero los tribunales le están desenmascarando. Se les tendría que caer la cara de vergüenza Lamela comparecerá en la Asamblea para dar cuenta del informe de los peritos. la administración de sedaciones. Simancas no se creyó el informe de expertos de Sanidad, que constataron sedaciones irregulares, ni mucho menos el de la propia Consejería. En cuanto al de la Clínica Médico Forense, que detectó cuatro casos de sedación dudosa de los 13 analizados, se quedó con la parte final, en la que explicaba que no se puede concluir que los fallecimientos se debieran a la sedación. Todo quedaba pendiente del cuarto informe, del Colegio de Médicos de Madrid, en el que los peritos han detectado 34 casos de mala praxis médica de los 73 historiales analizados. La primera reacción del PSOE se produjo, de manera significativa, por un tercer espada, su portavoz de Sanidad en la Asamblea, Lucas Fernández, quien volvió a acusar al consejero Manuel Lamela de la alarma social creada en todo este tiempo y de la insistencia en este asunto. Con el informe del Colegio de Médicos en la mano, Simancas ha vuelto a pinchar en hueso. La estrategia de concentrar en un posible escándalo todo el esfuerzo de la oposición siempre fue vista con reticencia en el sector más crítico de su partido. Ahora, ante la ausencia de nuevos casos Simancas dirige su atención a la Consejería de Educación, donde el PSOE rasca y rasca sin encontrar de momento nada de nada, y trata de ampliar su campo de visión: tala de árboles, la Warner, la siniestralidad laboral, la vivienda... Asuntos no le faltan, aunque ya no alcancen la categoría de casos El tercer varapalo El PSOE ha tenido su tercer gran resbalón en Madrid en mayo con el caso Bono La Audiencia Provincial condenó a tres policías por la detención de dos militantes del PP de Las Rozas tras la manifestación del 22 de enero de 2005, convocada por las víctimas del terrorismo, en la que José Bono aseguró que había sido agredido. Simancas sostuvo desde el principio la misma versión que el ex ministro e incluso tras la sentencia siguió pidiendo responsabilidades al PP. Lo cierto es que la detención fue inmotivada, arbitraria y abu-