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ABC DOMINGO 4 6 2006 La Entrevista 11 CARLOS RÍOS Vocal del grupo conservador del Consejo General del Poder Judicial En Europa quieren copiar el modelo de la Audiencia Nacional TEXTO: N. C. FOTO: JAIME GARCÍA -Grande- Marlaska acordó el jueves mínimas medidas cautelares para Permach pese a considerarle autor de amenazas terroristas. ¿Cree que ha cedido a la presión que puede haber supuesto la firme decisión del Gobierno de iniciar la negociación y los contactos con Batasuna y su anuncio antes de la declaración de los dirigentes abertzales? -Confío plenamente en la independencia y profesionalidad de los miembros del Poder Judicial, y esa confianza tenemos que trasladarla a todos los ciudadanos. No debemos ni podemos movernos en el terreno de las especulaciones en cuanto a posibles cesiones ante presiones. No obstante, considero inadmisible cualquier recomendación o sugerencia que, desde el campo de la política, se haga a la labor jurisdiccional y a sus efectos. No se puede considerar a los jueces como obstáculo o como impulsores de un denominado proceso de paz. Jueces y magistrados sólo están sometidos a la ley, como establece la Constitución. ¿Cómo valora el cambio de criterio de la Fiscalía en este asunto? -La Fiscalía debe someterse al principio general de defensa de la legalidad. Comprendo que, bajo ese prisma, la ciudadanía no haya podido entender cambios de criterio de la Fiscalía en tan breve lapso de tiempo, y más aún cuando no ha sido modificada la ley. Pero no me corresponde a mí aclararlo, sino al fiscal general del Estado. ¿Considera que la constante interferencia política en asuntos judiciales de trascendencia pública está debilitando la separación de poderes y, con ella, el Estado de Derecho? -Cualquier estrategia de interferir políticamente en las decisiones judiciales, intentando que se aparten del principio de legalidad, va a ser baldía. Estoy convencido de que el Estado de Derecho se verá fortalecido a medida que se vayan adoptando decisiones judiciales, y se comprobará la real y efectiva separación de poderes. ¿Es prescindible la Audiencia Nacional, como pretende ERC? -La Audiencia Nacional ha realizado y realiza un magnífico trabajo, no sólo en la lucha contra el terrorismo sino también contra la delincuencia organizada. Es un órgano judicial especializado frente una delincuencia especializada. Internacionalmente goza de gran prestigio y es un modelo que quieren imitar muchos países de nuestro entorno europeo. Si no existiera la Audiencia Nacional, habría que inventarla. ¿En este momento es un tribunal incómodo para el Gobierno y su plan de negociación con ETA? -La Audiencia Nacional es un órgano Al inicio del mandato, un grupo de vocales hizo política seguidista del PSOE Considero inadmisible que desde el campo de la política se haga cualquier sugerencia a la labor jurisdiccional Cuando nuestra leal actuación ha resultado incómoda, ha habido un afán desmedido de control político del CGPJ judicial más y, como tal, sólo se rige por el principio de legalidad. No entiendo que la aplicación de la ley, es decir, la sujeción al principio de legalidad, pueda ser considerado incómodo ni por el Gobierno ni por nadie que tenga verdaderos principios democráticos. ¿Existe una guerra GobiernoCGPJ desde que el PSOE ganó las elecciones? -Desde que se constituyó este Consejo, hemos actuado con una comprobada lealtad institucional en el ejercicio de nuestras competencias legales. No hemos cedido ante ningún recorte, por la vía de hecho, de esas competencias. Pongo como ejemplo, en materia de informes de legalidad, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo o las modificaciones que afectan a la Justicia dentro de las reformas estatutarias. Eso se ha entendido por algunos sectores sociales y políticos como un enfrentamiento con el Ejecutivo y el Legislativo. No ha sido así. Simple y llanamente hemos ejercido nuestras competencias dentro del marco constitucional y de la LOPJ. A veces ha incomodado nuestra leal actuación y, como reacción, nos hemos encontrado con un afán desmedido de control político del órgano de gobierno de los jueces, incluso con reformas legales realizadas por el trámite de urgencia. En este sentido hay que recordar que la primera modificación de ley orgánica realizada por el Gobierno actual fue la del Poder Judicial. El ejercicio de las competencias constitucionales y legales nunca puede ser considerado como una declaración de guerra a ningún otro poder del Estado. -La idea generalizada es la de que los dos grupos en que se encuentra dividido el CGPJ se corresponden a nivel político con PP y PSOE. ¿Es eso cierto? -Rotundamente, no. La realidad del Consejo no se corresponde, a veces, con lo que se ha transmitido en los medios de comunicación de que existen dos bloques y de la existencia de un enfrentamiento permanente entre ellos. Me remito a la estadística. La mayoría de los acuerdos adoptados en el Pleno del Consejo han sido por unanimidad o por asentimiento de los vocales. Acuerdos que no han versado sobre materias insignificantes sino con gran trascendencia para la carrera judicial. También me puedo referir a los nombramientos realizados antes y después de la entrada en vigor de la reforma de los tres quintos. En ellos se puede adverar el consenso y pluralismo de los nombramientos con respecto a la pertenencia a distintas tendencias y asociaciones judiciales, y que siempre han primado los principios de mérito y capacidad según el entender de la mayoría democrática del Pleno. No obstante, no puedo negar que desde el inicio de este mandato un grupo de vocales, liderados por el hoy ministro de Defensa, José Antonio Alonso, utilizaron algunas competencias del Consejo y su repercusión pública para hacer una política seguidista del PSOE, llegando incluso a reunirse estos vocales en la sede de Ferraz. El resto de los vocales, aunque se nos haya imputado postura política partidista, hemos ejercido y ejercemos nuestra función con la única finalidad de mejorar día a día la Justicia. -La ley de los tres quintos hizo más complicados los nombramientos al exigir mayoría cualificada. La exigencia del Tribunal Supremo de que se hagan por acuerdo motivado, ¿supondrá una dificultad añadida? -Todavía no he tenido ocasión de leer la sentencia pues no ha sido notificada. Pero parece que rectifica la propia doctrina del Tribunal Supremo respecto a explicitar la motivación de los nombramientos. Creo que no habrá problemas para cumplir este requisito formal ya que en todos los nombramientos se ha cumplido el principio constitucional de mérito y capacidad según el parecer de una mayoría cualificada del Pleno.