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4 Opinión DOMINGO 4 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil IBERIA Y LA LIBERTAD DE EMPRESA A decisión de Iberia de abandonar buena parte de las rutas que operan desde Barcelona ha desatado una significativa tormenta política y social. Está prevista para el próximo martes una reunión entre Pasqual Maragall y Fernando Conte, presidente de la compañía, mientras diversos sectores empresariales han manifestado su alarma y algunos llegan a proponer un boicot al puente aéreo como medida de presión. Se mezcla este asunto con el debate sobre la gestión del aeropuerto del Prat, mal cerrado, como tantos otros, en el estatuto y que es objeto de nuevas negociaciones para buscar un acuerdo tardío en las resoluciones del debate sobre el estado de la Nación. Hay grupos políticos y económicos que sólo creen en la libertad de empresa cuando les beneficia. Como el resto de sus homólogas europeas, Iberia ya no es una compañía de bandera, sino una entidad privada que funciona baja la fuerte presión de un mercado muy competitivo y cuyos accionistas exigen una gestión orientada a revalorizar su inversión. Las compañías de bajo coste han desatado una competencia feroz en el transporte aéreo, con la complacencia- -por cierto- -de algunas administraciones territoriales, entre ellas la catalana. Así, UGT ha denunciado el trato favorable de la Generalitat y de algunas cámaras de comercio a determinadas líneas aéreas, lo que les ha permitido vender billetes a bajo precio gracias a las ayudas recibidas. A través de sus representantes en el Parlamento europeo, CiU pretende instar a Bruselas para que investigue si la cesión de la T- 4 de Barajas a Iberia es una ayuda de Estado ilegal en términos de Derecho Comunitario, a la vez que considera inadmisible que la compañía siga operando en el puente aéreo una de las rutas más rentables. Sin embargo, fue el Gobierno socialista (ahora tan bien avenido con los convergentes) el que otorgó a Iberia la explotación de dicha terminal, revocando una decisión adoptada en la etapa del PP. La visión localista y estrecha de los intereses empresariales no es aceptable en tiempos de economía globalizada. No hacen falta comparaciones con la reacción de algunos ante las opas en el sector energético para ser conscientes de la evidencia: el consejo de administración de la empresa adopta decisiones desde el punto de vista de la rentabilidad para hacer frente a una competencia que ha causado graves quebrantos a las compañías tradicionales. Pretende también compensar a los viajeros habituales desde Barcelona con una segunda marca que tendría su base principal en el Prat. Las empresas privadas son propiedad de sus accionistas y los gestores no deben dejarse influir por presiones coyunturales de políticos que entienden la libertad económica a su propia conveniencia. L IMPRESCINDIBLE AUDIENCIA NACIONAL E N pleno repliegue del Estado de Derecho frente al terrorismo, no podía faltar quien diera rienda suelta a la fobia rancia del nacionalismo contra la Audiencia Nacional. Con motivo de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, en trámite en el Congreso de los Diputados, Esquerra Republicana de Cataluña ha presentado una serie de enmiendas cuyo objetivo es el desmantelamiento de la Audiencia Nacional, a la que dedica todos los tópicos habituales de la propaganda proetarra. Los que, hasta ayer, eran socios preferentes de Rodríguez Zapatero e interlocutores precoces de ETA en Perpiñán dicen que la Audiencia Nacional es la heredera del Tribunal de Orden Público que ha vulnerado principios democráticos en materia antiterrorista y que es un tribunal de excepción que quiebra el derecho al juez predeterminado por la ley. El nivel de ignorancia jurídica que revela este planteamiento liquidacionista de la Audiencia Nacional sólo es explicable por el objetivo político que persigue, que es el de eliminar toda posibilidad- -si es que a día de hoy quedara alguna- -de que ETA salga materialmente derrotada al final del proceso de paz El partido que lidera CarodRovira, que no pide el desmantelamiento de ETA sino de la justicia antiterrorista, sabe bien, pues por algo se reunió con la cúpula terrorista en Perpiñán, que el Poder Judicial es el último bastión del orden constitucional y, por tanto, del sistema defensivo de la democracia frente a cualquier estrategia pactista con los etarras. Pero tampoco es una iniciativa extravagante. Si desde el Gobierno, el PSOE y la Fiscalía se ha sincronizado una campaña de presión sobre la Audiencia Nacional para que sus jueces cedan en la aplicación de la ley y se conviertan en sociólogos que atiendan a la realidad del momento es lógico que un partido como ERC, siempre opuesto a la derrota de ETA y a todas las reformas legales que la han debilitado, dé un paso más y pida la defunción de esta estructura judicial. Al margen de las polémicas suscitadas por algunos de los jueces que han prestado servicio en la Audiencia Nacional y de la crítica que pudieran merecer algunos aspectos de su funcionamiento, se trata de un conjunto de órganos judiciales imprescindible para el Estado de Derecho. Sobre todo, para un Estado que tiene que de- rrotar al terrorismo. La teoría de que los delitos siempre tienen que ser juzgados por tribunales del lugar donde se cometen falla absolutamente cuando se trata de delitos de terrorismo (también de narcotráfico organizado) siempre que la prioridad sea dotar a los jueces de la máxima seguridad frente a presiones externas. En casos como el terrorismo, la mejor justicia es la que se imparte lejos del ambiente en el que los terroristas han cultivado apoyos sociales. ERC desconoce a conciencia la coacción que han sufrido los jueces y fiscales destinados en el País Vasco en los últimos años y sin tener que juzgar actos de terrorismo. El recuerdo del asesinato del magistrado Lidón sería suficiente para descalificar el planteamiento de los independentistas catalanes. Los tribunales penales de la Audiencia Nacional, verdaderos objetivos de la enmienda de ERC, son órganos perfectamente predeterminados por la ley, en su composición, funcionamiento y competencias, que es lo que exige la Constitución. Y las molestias de presos y familiares por desplazarse a Madrid, que tanto preocupan al partido de Carod- Rovira, no son mayores que las que sufren las familias de las víctimas, ya condenadas de por vida al sufrimiento. Pero es evidente que quienes nunca han querido la derrota incondicional de ETA tampoco atiendan ahora las demandas de las víctimas de los etarras. La Audiencia Nacional, con todos sus defectos, es el muro de carga del Estado de Derecho en la lucha antiterrorista. El apresuramiento con el que se está gestionando el llamado proceso de paz podría provocar la tentación de rebajar la fuerza de estos Tribunales especiales- -que no de excepción- -como uno más de los gestos para que no se pudra el proceso Bastante se ha mermado ya la fortaleza de la Audiencia Nacional con el cese de Eduardo Fungairiño y con la presión política ejercida sobre el juez Grande- Marlaska. El Gobierno debe ser inequívoco en el mantenimiento de la Audiencia Nacional, que ha de recibir también un respaldo explícito del Consejo General del Poder Judicial, porque su silencio ante la campaña contra el juez Grande- Marlaska sólo redunda en perjuicio de una institución judicial cuya desaparición sería un nuevo éxito de ETA. OTRO PATINAZO SOCIALISTA EN MADRID E L informe del Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha confirmado, en la más cautelosa de las interpretaciones sobre su dictamen, que casi la mitad de las sedaciones practicadas en el Hospital de Leganés investigadas por un Juzgado presentan malas prácticas médicas En concreto, el dictamen forense constata que hubo sedaciones no indicadas o contraindicadas, informes de ingresos incompletos o sin exploraciones previas, ausencia de consentimiento del paciente o de familiares y administración de sedantes en dosis superiores a las habituales. El informe confirma el acierto global de las decisiones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, cuando, a la vista de las informaciones sobre sedaciones irregulares, decidió suspender a algunos facultativos e investigar los hechos, sin llegar nunca a calificarlos como delito. Ahora es el juez quien tiene que decidir si estas malas prácticas médicas fueron causa- -y con qué intensidad- -de los fallecimientos denunciados. Lo que queda claro es que el PSOE- -primero desde el Ministerio de Sanidad y más adelante a través del líder del partido en Madrid, Rafael Simancas- -ha vuelto a fracasar con estrépito en su enésimo intento de menoscabar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a golpe de escándalo o enfrentándolo a la opinión pública. Fue Simancas quien valoró las sedaciones de Leganés con perlas como Doctor Muerte o eutanasias activas para luego rectificar y tratar de explotar el perfil ideológico de los posibles responsables, eligiendo la peor opción: la de abandonar la causa de los derechos de los pacientes a ser atendidos sin riesgos injustificados. El PSOE suma así otra torpeza a su reciente historial político, fruto de su impotencia. Campañas como la de trama inmobiliaria el no menos célebre caso Majadahonda o, ahora, el dictamen del Colegio de Médicos sobre las sedaciones del Hospital de Leganés revelan el fracaso de una torpe y desesperada estrategia de acoso que, por chusca, puede volvérsele en contra.