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4 Opinión VIERNES 2 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MADRES TRABAJADORAS UEDA mucho por hacer en España en materia de conciliación de la vida laboral y familiar y de igualdad efectiva entre el varón y la mujer. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, que publicaba ayer ABC, sólo una de cada diez madres trabajadoras puede dejar a su marido al cuidado de los hijos durante la jornada laboral, mientras que la mitad de los padres que trabajan cuentan con su cónyuge para que se ocupe de la familia. Los hechos confirman los tópicos más arraigados. Según otro informe de la Fundación Encuentro, los hombres dedican más tiempo al trabajo remunerado y a la formación, y las mujeres emplean más horas en el trabajo doméstico. De ahí se desprende que trabajan en términos reales una hora más al día, con las consecuencias que ello implica en materia de salud y de tiempo libre. Muy pocos padres (sólo el 11 por ciento) piden permiso en el trabajo para cuidar a los niños en situaciones especiales, mientras que las mujeres lo hacen con frecuencia, con la consiguiente dificultad para atender con continuidad sus responsabilidades profesionales o ampliar sus conocimientos. Sin embargo, es esperanzador el dato de que más de la mitad de los trabajadores tiene opción para variar el inicio o el final de la jornada por razones familiares, aunque debería ampliarse mucho más esta posibilidad que tanto contribuye a mejorar la vida cotidiana. Las leyes no cambian de un día para otro unas pautas sociales que se remontan a mucho tiempo atrás; sin embargo, es evidente que ayudan a crear nuevos modelos de conducta y abren opciones que pueden beneficiar notablemente a los millones de mujeres que trabajan. No es satisfactorio por ello que la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad se limite a lamentarse a la vista de los datos y a expresar buenos deseos para el futuro. Las administraciones públicas tienen medios suficientes para desarrollar políticas que promuevan la igualdad, mucho más eficaces que las cuotas o la llamada discriminación positiva Cumplir con el deber mutuo de educación de los hijos es una obligación compartida por ambos cónyuges y la sociedad debería acostumbrarse a que ésa sea la regla y no la excepción. Pero también hace falta que los poderes públicos recuerden que el artículo 39 de la Constitución les impone una política de protección integral de la familia, que suele ser la gran olvidada a la hora de distribuir el gasto público. También dice la Constitución, en su artículo 32, que hombres y mujeres tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Traducir estas disposiciones normativas del máximo nivel en realidades efectivas exige un esfuerzo colectivo en los ámbitos de la educación y el empleo que la sociedad española debe afrontar como uno de sus grandes retos de futuro. Q CAMPAÑA CATALANA EN PLENA CRISIS A campaña del referéndum sobre el nuevo Estatuto para Cataluña arranca hoy enmarcada en una crisis política de tal calado que supone una enmienda a la totalidad de los discursos que han estado amparando al proyecto estatutario. El texto aún no está en vigor y sólo su discusión y aprobación parlamentaria se ha llevado por delante el tripartito de socialistas, eco- comunistas e independentistas; ha provocado un cisma entre Pasqual Maragall y el Partido Socialista de Cataluña, y entre aquél y Rodríguez Zapatero; y, lejos de amansar al nacionalismo, ha estimulado demandas aún más radicales, reservadas para el momento oportuno, que será aquél en el que el Estado se resienta de la debilidad provocada por el vaciamiento de competencias y de autoridad política. Fuera de Cataluña, este Estatuto tiene de las Cortes Generales menos respaldo que el actual de 1979. Ha abierto una brecha en el sistema constitucional al fragmentar el principio de unidad nacional y ha dado el banderazo de salida a una carrera de identidades nacionales, a la que se ha sumado la reforma andaluza, aunque, como ha dicho recientemente Felipe González, el 95 por ciento de los andaluces no sabe qué es eso de realidad nacional La conflictividad constitucional está asegurada a corto plazo, no sólo por el anuncio hecho por el Partido Popular de que interpondrá recurso de inconstitucionalidad, sino también porque el desarrollo de las previsiones estatutarias (en materia de Poder Judicial, financiación, blindaje de competencias, monolingüismo creciente) sólo es posible a costa de un choque constante con el Estado y con los intereses del conjunto de la Nación, porque en la actual situación no hay únicamente un problema de reparto de competencias, sino de definición del modelo constitucional. Es evidente que hay saturación estatutaria en la sociedad catalana, porque de este objetivo- -el esencial de la legislatura de Maragall, que ahora pretende utilizar el referéndum como particular escudo protector- -no se ha obtenido provecho alguno, salvo para la exacerbación nacionalista, y sí muchos perjuicios. Y eso que, insistimos, L no está aún en vigor. Sin duda, este fracaso anticipado de buena parte de las bondades ilusorias del Estatuto- -poco menos que la constitución de la Arcadia nacionalista- -explica el envenenamiento de los eslóganes del socialismo catalán contra el PP. A falta de argumentos propios para una iniciativa de este calado- -como el consenso, la ilusión por el futuro, la mejora de la calidad de vida- el PSC apela a las vísceras y diseña, con tintes totalitarios, una contraposición entre Cataluña y el PP, despreciando el profundo significado guerracivilista que entraña ese mensaje. Aunque resulta difícil de creer, no ha sido un partido oficialmente nacionalista sino uno socialista, el que ha echado mano de algo tan peligroso como la identificación de todo un pueblo con una ideología, haciendo de los discrepantes enemigos de ese pueblo. No es ésta la defensa que se merece una Cataluña moderna, plural y democrática. No es éste, desde luego, el oasis que dibujan con autocomplacencia los dirigentes catalanes. Por el contrario, esta acumulación de crispaciones revela una descreencia en el proyecto estatutario como norma de convivencia y la convicción de que es un mero recurso político para la revisión forzosa del sistema constitucional y la marginación del PP. Es decir, para el cumplimiento del programa definido en el Pacto del Tinell, base del gobierno ex tripartito y bendecido por el PSOE. La expectativa de una escasa participación y, dentro de ésta, de un resultado no abrumador del voto positivo, va a azuzar- -ya lo ha hecho- -las peores artes electoralistas. Mal comienzo para esta etapa de refundación del Estado apadrinada por Rodríguez Zapatero, quien también en este envite del Estatuto catalán tiene en juego buena parte de su legislatura, pues sin su intervención decisiva en los dos momentos críticos del procedimiento de aprobación, el texto no habría salido adelante, ni en Barcelona ni en Madrid. La campaña electoral que hoy comienza debe servir para poner de manifiesto todo el potencial de inestabilidad que encierra el Estatuto, su radical insolidaridad con el resto de España y la innecesaria apertura de un tiempo de perturbación constitucional que sólo irá a más. EL PARIPÉ DEL MUNDIAL A Sexta y Cuatro confirmaron ayer lo que era un secreto a voces desde hace semanas: ambas cadenas compartirán los derechos de emisión de los partidos de interés general del Mundial de Fútbol de Alemania, lote donde se han incluido todos los de España, la inauguración, las dos semifinales y la gran final; es decir, los encuentros de mayor tirón de espectadores y, por ende, comercial. El arreglo, negado hasta hace unos días por la parte vendedora con la misma rotundidad con la que los inversores lo daban por descontado en Bolsa, viene rodeado de un sinfín de sombras sobre la transparencia del proceso negociador. El hecho de que se haya ninguneado a los operadores nacionales con mayor audiencia, a los que se les ha negado incluso la posibilidad de participar en la puja y mejorar el precio final, dice mucho sobre un amistoso entre dos emisoras afines al Gobierno que deja todos los derechos para España, tanto en abierto como en pago por visión, en manos de una sola compañía, Sogecable. Cuando Telefónica ejerció su opción de compra del Mundial a la FIFA hace cuatro años, el organismo deportivo se aseguró de establecer en el contrato un sistema objetivo y nítido de garantías para evitar la especulación L sobre un fenómeno de masas. La cesión fue a parar al mejor postor y con la prohibición expresa de sublicenciar los derechos de emisión, acotando así la entrada a eventuales intermediarios que sólo vieran el Campeonato como una fabulosa oportunidad para obtener cuantiosas plusvalías dando el pase a terceras partes. Cuando La Sexta se hizo con el Mundial el pasado mes de marzo, se creó un segundo mercado en el que en ningún caso se debían contravenir las reglas objetivas que se fijaron en el primer escalón. Si la razón del trato entre La Sexta y Cuatro es la imposibilidad técnica de la primera para poner a disposición de todos los españoles los partidos catalogados de interés general, se habrá actuado con discrecionalidad, incumpliendo todos los criterios selectivos e igualitarios, defraudando las pautas del Derecho de Competencia en materia audiovisual e infringiendo el artículo 4.4 de la Ley Reguladora de Emisiones y Retransmisiones de Competiciones, que obligaba a revender el torneo en régimen de pública concurrencia. No habiendo actuado así, los derechos debían haberse devuelto, con el Gobierno como juez de línea imparcial, para evitar que ningún operador quedara fuera de juego y sin tongo en el resultado.