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22 Nacional JUEVES 1 6 2006 ABC Acusan al alcalde de Huesca de coaccionar con la Policía a favor de un plan urbanístico b Agentes locales fueron envia- Primer baile de precampaña entre Cospedal y Barreda El Día de Castilla- La Mancha que ayer se celebró en Hellín fue el escenario del primer encuentro entre el presidente regional, José María Barreda, y la recién estrenada candidata del PP. En su primera aparición pública tras ser ratificada como aspirante en 2007, María Dolores de Cospedal pidió a los castellano- manchegos que esperen a conocerme y a tener en cuenta todas las propuestas y novedades que va a traer el PP a una región con muchísimas posibilidades todavía sin explorar Además, confirmó que se quedará en la Comunidad tanto si gana como si pierde las elecciones. dos a altas horas de la noche a identificar a unos vecinos que tienen recurrido un plan urbanístico de la capital oscense ROBERTO PÉREZ ZARAGOZA. Tres vecinos de Huesca han presentado una denuncia contra el alcalde de la capital altoaragonesa, Fernando Elboj, y contra la concejal de Urbanismo, María Jesús Tovar, por entender que han utilizado a la Policía Local para hostigarles, en pleno proceso de negociación de un convenio urbanístico entre particulares para el desarrollo de la denominada Área 3 de la capital, una zona de expansión del casco urbano. Los hechos se produjeron el pasado 16 de mayo. Según han explicado los afectados, sobre las once de la noche se personaron en sus casas agentes de la Policía Local para identificarles, a fin de comprobar si los inmuebles estaban habitados. El hecho de que estén o no habitados no es cuestión menor, porque es uno de los factores que determinan las compensaciones económicas que han de recibir por dejar estas propiedades y unirlas a la junta de compensación urbanística. Sin embargo, no es algo que conlleve un interés económico directo para el Ayuntamiento, sino para el resto de propietarios y, en su caso, para los futuros promotores. M. PODIO El fiscal abre diligencias a dos diputados del PSOE por el caso Terra Mítica Such y Camarasa grabaron al empresario que denunció el cobro de comisiones Cortes valencianas instó al Ministerio Público a investigar si el comportamiento de los dos parlamentarios autonómicos es constitutivo de delito ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE VALENCIA. El caso Terra Mítica en torno a una trama de facturas falsas que supuestamente defraudó a Hacienda 4,4 millones de euros, y en la que está implicado el propio parque y otras 19 empresas, escala un peldaño de complejidad con la apertura de un nuevo frente: la Fiscalía de Valencia ha decidido incoar diligencias de investigación penal contra Antoni Such b La Mesa de las Elboj dice que es una anécdota Por su parte, Fernando Elboj calificó ayer de profesional y correcta la actuación de la Policía Local, aseguró que el gobierno municipal ha intervenido conforme a la ley y negó que se llevara a cabo con el fin de intimidar al grupo minoritario de propietarios que rechazan el convenio urbanístico. Calificó lo ocurrido de simple anécdota y dijo que si hubiera querido beneficiar a los propietarios mayoritarios, sólo habría tenido que aplicar la ley y pasar a la firma del convenio, ya que el 51 por ciento de la propiedad es suficiente para decidir No lo ven igual los afectados. La denuncia por coacción y tráfico de influencias ya está presentada y sigue su curso. Han sido tres los que la han presentado. Según indicó uno de ellos, otros también presentaron denuncia el 17 de mayo por las molestias de la Policía Local. Afirmó que son algo más de veinte los propietarios afectados. El convenio urbanístico que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia en octubre del año pasado está recurrido. Lo hicieron porque no están de acuerdo con varios aspectos del mismo. y José Camarasa, los dos diputados del PSOE valenciano que grabaron algunas de las conversaciones mantenidas por ambos con dos imputados en la trama de facturas falsas, Antonio Moreno Carpio y José Herrero, en las que éstos reconocían sobrecostes desorbitados en las obras que ejecutaron para el parque temático e implicaban a Eduardo Zaplana en el cobro de comisiones ilegales. La decisión de la Fiscalía, lógica desde el punto de vista procesal, se produce después de que el martes llegara un escrito de la Mesa de las Cortes instando al Ministerio Público a investigar si el comportamiento de los dos parlamentarios autonómicos, que grabaron algunas de las conversaciones en sede La Fiscalía de Lugo acusó a funcionarios por incumplir órdenes que no recibieron A. AYCART SANTIAGO. La radiotelevisada Operación muralla es el segundo proceso fomentado por el fiscal jefe de Lugo, Jesus Izaguirre, contra funcionarios de la Diputación Provincial. El primero fue el emprendido contra una administrativa, el interventor y el secretario general de la corporación, en el que llegó a sugerir que podría verse obligado a llevar nuevamente al banquillo de los acusados a otros empleados de la corporación en lugar a las personas que realmen- te deberían estar El representante de la acusación pública sufrió entonces un contundente revolcón judicial, y llegó a ser amonestado por la inadecuada universalidad de los requerimientos efectuados a través de un Agente de Policía Judicial La resolución absolutoria de la Sala Segunda de la Audiencia rechazó que los tres funcionarios entonces procesados hubieran cometido los delitos de desobediencia, continuada falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos. parlamentaria y, supuestamente, sin el consentimiento de sus interlocutores, es constitutivo de delito o si se ajusta a la legalidad. El escrito de la Mesa de la Cámara, respaldado sólo por los tres representantes del PP- -los dos diputados del PSOE votaron en contra- fue promovido por su presidente, Julio de España, después de que el informe que encargó al letrado mayor de las Cortes no apreciara irregularidad reglamentaria en el proceder de los dos diputados socialistas, cuyo comportamiento el propio De España comparó con el tráfico de drogas. Fuentes de la Fiscalía avalaron ayer la validez de las grabaciones, amparándose en una sentecia del Tribunal Constitucional de 1984, según la cual el derecho a la propia voz no está reconocido en el ordenamiento jurídico español y sólo es delito grabar a un tercero sin su consentimiento. Las mismas fuentes precisaron que el hecho de que las conversaciones se grabaran en el despacho de las Cortes de los diputados socialistas, puede ser reprobable, pero en ningún caso suceptible de ser castigado penalmente. El Parlamento regional ha remitido a la Fiscalía un escrito en el que relata someramente los hechos que han de ser objeto de investigación; no imputa delitos concretos a los dos parlamentarios y adjunta, además, diversos recortes de prensa, entre los que se incluyen aquellos que se hacen eco de las declaraciones de uno de los empresarios imputados, Moreno Carpio, cuando se desdice de lo recogido en las grabaciones para asegurar que Such y Camarasa le ofrecieron dinero a cambio de implicar a Zaplana.