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4 Opinión JUEVES 1 6 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil TIRÓN DE OREJAS A LA COMISIÓN E ZAPATERO LEGALIZA A BATASUNA A decisión del PSE de negociar directamente con Batasuna como interlocutor necesario del diálogo políticoen el País Vasco constituye unpaso más en el cumplimiento de los peores presagios sobre el rumbo del llamado proceso de paz porque rompe de cuajo la condición básica hecha pública por el jefe del Ejecutivo de que no habría negociación sin la previa renuncia etarra a las armas. Traspasadas de largo las líneas rojas fijadas por el PP, la negociación, en las actuales circunstancias, traerá como consecuencia inevitable la ruptura del consenso con el principal partido de la oposición, tal como confirmó ayer a ABC Mariano Rajoy. ETA ha demostrado, gracias a las sucesivas decisiones del Gobierno de Zapatero y del socialismo vasco, que tiene la llave de la situación y que marca las pautas de las respuestas políticas del Ejecutivo. Especialmente significativas resultan en estos momentos las declaraciones hechas ayer por Felipe González- las reglas del juego no se cambian a tiros y lo primero es renunciar a la violencia que constituyen una seria advertencia a las intenciones del jefe del Ejecutivo. Si a la entrevista con los etarras en el diario Gara en la que exigían la obtención de los mismos objetivos por los que han asesinado durante cuarenta años, le siguió el anuncio del presidente del Gobierno de que aceptaba el diálogo directo con ETA, ahora, a las amenazas de ruptura- -es decir, de vuelta a la violencia- -hechas por Batasuna les ha seguido la aceptación por el socialismo vasco del reconocimiento político formal de esta formación ilegal. ETA consigue así la doble vía que se planteó en la Declaración de Anoeta: la negociación directa con el Gobierno y la constitución de una mesa política con Batasuna en ella. Y, además, lo ha conseguido con oprobiosa facilidad, sin necesidad de cumplir, siquiera en apariencia, ninguna de las condiciones que en su día plantearon el PSOE y el Ejecutivo: ni ETA ha mostrado voluntad inequívoca de abandonar las armas- -lo ha dicho el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba- -ni Batasuna ha condenado la violencia para ajustarse a la ley de Partidos- -como exigió también el ministro del Interior- Y, mientras tanto, aumenta la violencia callejera y se reactiva la coacción a los concejales no nacionalistas. Se ufanaba hace meses Arnaldo Otegi de que vamos ganando Y es cierto. En este momento preciso del llamado proceso de paz ETA va ganando, porque ha conseguido corromper L el lenguaje político, hasta el extremo de confundir los conceptos básicos de dignidad y justicia, y porque ha implantado una dinámica en la que cada una de sus amenazas es rápidamente correspondida con una nueva concesión del PSOE y del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Por eso es falso que el PSE vaya a reunirse con Batasuna únicamente para decirle que condene la violencia. Esta explicación del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ofende la inteligencia y la memoria colectiva, pero expresa bien a las claras hasta dónde está dispuesto a llegar el socialismo para disfrazar la dramática realidad del éxito terrorista. Esa futura negociación con Batasuna, tal y como está planteada por Patxi López, supone la rehabilitación de esta formación ilegalizada, la desautorización del Estado de Derecho y, lo que es peor, la legitimación retroactiva del discurso político en el que ETA cimentó cuarenta años de terrorismo. Hablar con Batasuna acerca de soluciones al conflicto es aceptar que el terrorismo etarra no es el único conflicto que aflige a la libertad y a la democracia en el País Vasco. Lógicamente, todo ello se produce de forma paralela al intento de sumar al PP a un proceso para el que Rodríguez Zapatero le pide lealtad, y, sin embargo, todos los anuncios que comprometen al Gobierno y al PSOE en el diálogo con ETA se han hecho sin conocimiento previo del PP, bien en un acto de partido, bien en emisoras de radio. Incluso en el debate sobre el estado de la Nación. Prueba de ello es que Rodríguez Zapatero respondió ayer a la lealtad de Rajoy dando a conocer al PNV, y no al PP, su posición ante el proceso de negociación de ETA, aprovechando la cautelosa intervención del líder popular en sus intervenciones del martes. Con estos antecedentes, la anunciada convocatoria del Pacto Antiterrorista carece de contenido y se presenta como un recurso táctico del PSOE para poner al PP en una encrucijada: la de aceptarla y facilitar una imagen de consenso que no existe; la de rechazarla y activar el argumento inmoral de que si el proceso falla es porque el PP no ha querido ayudar. Pero ¿qué sentido tiene ahora la reunión del Pacto Antiterrorista? Todo lo que se podía discutir en él ya está anunciado por el Gobierno y el PSOE, que casualmente pregonó su disposición a abrir el diálogo con Batasuna a menos de veinticuatro horas de que Otegi y otros dirigentes proetarras comparecieran ayer ante el juez Grande- Marlaska. HIPOTECAS CADA VEZ MÁS CARAS A subida del euribor por octavo mes consecutivo lo sitúa en mayo en el 3,308 por ciento, la cifra más alta de los cuatro últimos años, lo que encarece de nuevo las cuotas hipotecarias, ya que el euribor se utiliza como referencia en España en ocho de cada diez operaciones inmobiliarias. El aumento manifestado en el pasado mes coloca este índice 1,115 puntos por encima del registrado en mayo de 2005, lo que encarecerá los nuevos créditos y se traducirá en un aumento en las cuotas de los que se revisen en los próximos dias. Para un préstamo medio- -120.000 euros a veinte años, con un diferencial de 0,60 sobre el euribor- -la nueva cuota al mes subirá desde los 653 euros actuales hasta 721, lo que supone 68 euros más al mes y 816 al año, encarecimiento que puede seguir a corto plazo, ya que se da por descontada la nueva subida de tipos de interés- -de 0,25 o 0,50 puntos sobre el 2,5 por ciento actual- -que adoptaría el Banco Central Europeo en su reunión de Madrid la próxima semana, o nuevos aumentos que, de forma progresiva, situarían los tipos de interés en torno al 4 por ciento a finales de año. Espa- L ña se vería especialmente perjudicada, pues la mayoría de las hipotecas son a muy largo plazo, y casi todas referenciadas al euribor a doce meses, un tipo de interés variable muy sensible a las variaciones y expectactivas del precio del dinero, Se agravaría así el ya alto nivel de endeudamiento de las familias y aumentarían las dificultades para el pago de sus créditos, con el consiguiente aumento de la morosidad bancaria. Estas subidas podrían servir, por otra parte, para frenar el alto crecimiento en el ritmo de concesión de créditos hipotecarios, que en el primer timestre del año batió nuevas marcas, y, de paso, enfriar el continuado aumento en los precios inmobiliarios, fenómenos que han provocado serias y constantes advertencias por parte de diversos organismos internacionales y del propio Banco de España, instituciones que alertan del peligro de un incremento de la morosidad bancaria, así como de la conveniencia de una corrección escalonada en el permanente aumento de los precios inmobiliarios, que algunos sitúan ya en niveles de riesgo. L tribunal de Justicia de Luxemburgo acaba de darles un tirón de orejas a la Comisión Europea y al Consejo con una sentencia que anula el acuerdo con Estados Unidos sobre la transferencia de datos confidenciales de los pasajeros de los vuelos trasatlánticos. Con la sentencia, dictada a instancias del Parlamento Europeo, los jueces han advertido de que no es posible tomar atajos o usar interpretaciones oportunistas del ordenamiento legal comunitario, tan complejo y superpuesto en sí mismo que si las instituciones se dedican a jugar con el procedimiento corren el riesgo de trastornar su propio funcionamiento. La Comisión no puede invocar sus competencias en una materia tan genérica como la prestación de servicios, para intervenir en un asunto que se refiere claramente a aspectos de seguridad por un lado, y de derechos y libertades de los ciudadanos por el otro. Nadie- -ni siquiera el Tribunal- -ha puesto en duda la necesidad de que las policías de ambas orillas del Atlántico tengan acceso, dentro de la legalidad, a todos los datos posibles para intentar evitar atentados terroristas, incluyendo en este tipo de información aspectos tan privados como las preferencias gastronómicas de los viajeros. Pero la sentencia recuerda que en un asunto que afecta a derechos individuales básicos no es posible dejar ningún elemento sin el correspondiente apoyo legal. Europa goza en este campo de una sólida tradición garantista que nadie tiene intención de cambiar, porque está demostrado que puede seguir existiendo sin entrar en contradicción con los objetivos de seguridad que exigen también nuestras sociedades. El Parlamento Europeo, por ejemplo, aprobó recientemente una directiva que obliga a las compañías de telecomunicaciones a almacenar para uso de la Policía los datos sobre las llamadas de teléfono y los correos electrónicos; y todo se hizo con el consenso de los principales partidos, de los países miembros e incluso de la industria afectada, y usando los apropiados procedimientos legislativos. Hablar de mayor o menor confianza en el uso que puedan hacer de estos datos la Policía o la Administración de EE. UU. no deja de ser una ingenuidad, si se tiene en cuenta que esas informaciones detalladas sobre los pasajeros ya están en manos no de las autoridades civiles, sino de las compañías aéreas, la mayor parte privadas y muchas de ellas norteamericanas, es decir, parcialmente ajenas por tanto a la legislación comunitaria. Lo que la Unión Europea debe hacer primero es resolver con toda celeridad la situación de incertidumbre que ha provocado la sentencia, porque este vacío legal puede afectar negativamente a la competitividad de las condiciones en las que están obligadas a operar las compañías aéreas europeas. Y también aprender la lección para que algo así no vuelva a producirse.