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ABC MADRID 31-05-2006 página 28
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28 Nacional MIÉRCOLES 31 5 2006 ABC El CGPJ respalda a Del Olmo ante los insultos de Federico Jiménez b La Comisión Permanente del Los socios republicanos del Gobierno quieren eliminar la Audiencia Nacional ERC propone suprimir también por ley la Sala Militar del Tribunal Supremo Ley Orgánica del Poder Judicial se suman a la pretensión de ERC que afecta a la Sala Militar del Supremo por su exigua carga de trabajo NIEVES COLLI MADRID. La supresión de la Audiencia Nacional del esquema judicial español es la propuesta que ocupa más de la mitad de las enmiendas al proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial presentadas por ERC la pasada semana en el Congreso de los Diputados. Este partido- -útil socio del Gobierno de Zapatero y, en Cataluña, del Ejecutivo que preside Maragall hasta que el Estatuto provocara el distanciamiento entre socialistas y republicanos- -también pretende que se elimine la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, iniciativa en la que coincide con el Partido Nacionalista Vasco. El Grupo parlamentario de ERC considera que la la Audiencia Nacional- -pieza clave en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia económica- -es heredera del viejo Tribunal de Orden Público del franquismo, argumento con el que justifica su desaparición. Este partido llega a afirmar que la Audiencia Nacional no ha sido respetuosa con los principios democráticos, sobre todo cuando nos referimos a materia antiterrorista Después de calificarlo de tribunal excepcional que se halla fuera de la normalidad del sistema judicial los b Las enmiendas del PNV a la órgano de gobierno de los jueces respeta que se critiquen las resoluciones judiciales, pero no consiente los ataques personales N. C. MADRID. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer por unanimidad salir en defensa del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ante la virulencia y la gravedad de los insultos y descalificaciones que se han dirigido contra el instructor del 11- M desde dos medios de comunicación. El acuerdo del CGPJ se refiere a los comentarios realizados el pasado día 25 por Federico Jiménez en la Cope y a un artículo publicado al día siguiente en el diario El mundo La Comisión- -integrada ayer por Fernando Salinas, Enrique Míguez, Luis Aguiar, Juan Carlos Campo y Carlos Ríos- -reafirma su plena convicción sobre la imparcialidad e independencia de Del Olmo y le traslada su respaldo Reconoce como una práctica deseable en un Estado de Derecho la crítica hacia las resoluciones judiciales, pero no los ataques personales o la deslegitimación de los jueces y magistrados. Carlos Divar ABC Los nacionalistas catalanes cuestionan que se respeten los principios democráticos en las causas por terrorismo diputados de ERC aseguran que la existencia de este órgano vulnera el artículo 24 de la Constitución, en el que se reconocen, entre otros, el derecho de los ciudadanos al juez predeterminado por la ley, el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y la pre- Dívar propone investigar delitos de inmigración y contra el Patrimonio N. VILLANUEVA MADRID. Las redes mafiosas que canalizan la inmigración no son ajenas a las que se dedican a actividades delictivas como la falsificación documental, el fraude, los secuestros, amenazas o coacciones. Éste es uno de los motivos por los que la Audiencia Nacional reclama nuevas competencias para conocer de los delitos de inmigración ilegal. Junto con esta solicitud, este tribunal reclama también la instrucción y enjuiciamiento de delitos contra el Patrimonio Histórico Artístico. En la Memoria de la Audiencia Nacional relativa a 2005, su presidente, Carlos Dívar, denuncia la enorme rémora que suponen los macrojuicios, procesos con decenas de partes, centenares de testigos y peritos y decenas de miles de folios de sumario Además, aconseja estudiar la conveniencia de una reforma de nuestras leyes sobre la jurisdicción universal y, en este sentido, propone fijar nuevos criterios de atribución a la jurisdicción española sunción de inocencia. ERC considera que los delitos de terrorismo deberían ser juzgados por el tribunal del lugar donde se cometen los hechos y no en una sede judicial que se encuentra a cientos de kilómetros del lugar de residencia de muchos ciudadanos y sus familias y está conformado por un personal especialmente designado para conocer exclusivamente de estos hechos Los demás delitos cuya competencia corresponde a la Audiencia Nacional- -entre ellos los de naturaleza económica, los delitos contra la Corona, los cometidos por extranjeros ó el narcotráfico- -pasarían a ser enjuiciados por la Sala Penal del Tribunal Supremo, y ello pese a que ERC reconoce que tiene sobrecarga de trabajo. También las materias competencia de las salas Social y de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional se trasladarían a las correspondientes del Tribunal Supremo. Tanto ERC como el PNV incluyen entre sus enmiendas otra propuesta dirigida a modificar la estructura judicial, en este caso, mediante la eliminación de la Sala Militar del Tribunal Supremo. Su exigua carga de trabajo sería la causa que, según ambas formaciones nacionalistas, aconseja su supresión La desaparición de la Sala Quinta supondría la adscripción de los magistrados que la integran a las salas Penal y de lo Contencioso- Administrativo del alto Tribunal, que asumirían, respectivamente, las competencias en materia penal militar y sancionador. Gallizo reconoce que en sólo seis años hay un 37 por ciento más de presos N. V. MADRID. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, aseguró ayer que en los últimos seis años se ha producido un incremento de la población reclusa por encima del 37 por ciento aunque, en su opinión, este crecimiento no se ha producido por el aumento de la delincuencia, sino por las diferentes reformas legales que se han producido en España Gallizo hizo estas declaraciones en la clausura de la jornada de la Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias (SIEP) en la que se analizó el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre. Este plan contempla la creación de 18.000 nuevas plazas en seis años.

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