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4 Opinión MIÉRCOLES 31 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil AUTONOMÍAS Y SEGURIDAD CIUDADANA L proceso de reformas estatutarias abierto por Rodríguez Zapatero ha dado carta de naturaleza a la sarta de prejuicios que los diversos nacionalismos han propalado sistemáticamente contra la eficacia del Estado en las gestión de los asuntos ciudadanos. Sobre esa premisa falsa se ha venido construyendo, además, un discurso unívoco acerca del desarrollo de la organización autonómica del Estado, en el sentido de considerar inconstitucional cualquier medida de reversión de competencias transferidas o de conservación en manos de la Administración Central del Estado de aquéllas que aún no hubieran sido objeto de transferencia. Paralelamente, este argumento ha blindado a las autonomías, especialmente a las que han estado en poder de los nacionalismos, frente a cualquier fiscalización por el uso de sus competencias, como si el principio autonómico fuera un dogma de fe y no un sistema de gestión administrativa de los recursos públicos, sin perjuicio de que por mandato constitucional sirviera también para renovar determinados derechos históricos muy concretos. De esta forma se explica que el debate político sobre el estado actual del desarrollo constitucional tenga vedado cualquier análisis crítico del modelo autonómico. Sin embargo, son muchas las ocasiones en que el Estado ha tenido que suplir las ineficacias de las autonomías en asuntos de su estricta competencia (medio ambiente, salud pública) o se ha resignado ante la utilización inconstitucional de determinadas competencias, como la educación, puesta al servicio del adoctrinamiento nacionalista. Por todo esto, el reenvío de un contingente de la Guardia Civil a determinadas localidades de Cataluña adquiere un alto significado político sobre el futuro que le espera al Estado y, sobre todo, a los ciudadanos cuando las nuevas reformas estatutarias de corte confederal estén aplicadas a pleno rendimiento. Se ha demostrado que este proceso de reformas va a poner en peligro algunos de los mecanismos esenciales de todo Estado para su viabilidad, como, en este caso, la seguridad ciudadana. No se ha aprendido la lección que proporciona el País Vasco, con el paupérrimo balance de la Ertzaintza en la lucha contra el terrorismo. Tampoco se ha tenido en cuenta el acuerdo de Schenguen y la progresiva convergencia de las políticas de seguridad en Europa, que se basa en la cooperación de los cuerpos nacionales de las Fuerzas de Seguridad, con exclusión de los locales. A pesar de tanta advertencia, el Gobierno socialista ha hecho más profunda la sima entre las necesidades de los ciudadanos y la capacidad del Estado para atenderlas. No sólo el nuevo Estatuto catalán, si estuviera en vigor, exigiría el conocimiento de este idioma a los guardias civiles que ha enviado Interior (artículo 33.4) como recordaba Ángel Acebes. Es que ese mismo Estatuto atribuye a la Generalidad la planificación y regulación del sistema de seguridad pública en Cataluña (art. 164.1. a) lo que supondrá dejar a expensas del Gobierno autonómico la función estatal de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Así que, en este caso, la cohesión corre por cuenta de la Guardia Civil. E DEBATE CON ETA MUY AL FONDO A política antiterrorista y el proceso abierto por el Gobierno para negociar el futuro de ETA marcaron ayer- -por omisión- -el debate sobre el estado de la Nación. Mariano Rajoy se limitó a reiterar- -al principio de su discurso- -la posición bien conocida de los populares, a riesgo de decepcionar a quienes hubieran preferido que el proceso abierto tras el alto el fuego de ETA tuviera el protagonismo que merece en un debate de política general. A su vez, el presidente del Gobierno eludió cualquier referencia al respecto, de manera que todo queda pendiente para una futura sesión monográfica. Daba la impresión de que la España oficial estaba dando la espalda a la España real, porque la gente prefiere sin duda que los problemas (en especial, los más delicados) y los que más pueden afectar al verdadero estado de la Nación se discutan con luz y taquígrafos en la sede de la soberanía nacional. Con un formato que siempre favorece al Gobierno y perjudica a la oposición, el debate sirvió para ilustrar con claridad la distancia que separa el punto de vista de los gobernantes de la realidad cotidiana. Ningún ciudadano con un mínimo espíritu crítico podrá compartir el balance triunfalista que presentó, sin matiz alguno, Rodríguez Zapatero. Bien armado de datos estadísticos (no todos pertinentes) y con la lección mejor aprendida que otras veces, el presidente mostró de nuevo su forma peculiar de entender la política: complacencia absoluta hacia su gestión y una obsesión casi enfermiza por actuar como oposición de la oposición Esto es, se trata de volver continuamente la vista al pasado (ya sean las Azores o la etapa de Rajoy en Interior) y decirle a los populares cómo tienen que ejercer su función, que- -en democracia- -es tan importante como la de gobernar. El entusiasmo desmedido por la propia labor puede volverse en contra cuando se aplica a cuestiones como la educación, la vivienda o el agua; en este último caso, con un voluntarismo fuera de lugar, al asegurar que pronto se va a solucionar para siempre la escasez. La lluvia de cifras tampoco sirve para tranquilizar a la gente en cuestiones de seguridad e inmigración, por mucho que se esfuerce por comparar la tarea del Ejecutivo actual con los anteriores. En materia territorial, Zapatero sigue huyendo hacia adelante y convirtiendo la necesidad en virtud. No es fácil convencer a la opinión pública de que provocar una ruptura material del sistema vigente es contribuir al desarrollo L de la España constitucional y autonómica, frente al supuesto inmovilismo y cerrazón de sus adversarios. Sólido y riguroso como es habitual, Rajoy expuso sin rodeos la tesis del PP sobre España como nación de ciudadanos libres e iguales y que está por encima de un oportunismo traducido en ocurrencias que dañan seriamente la vertebración nacional. El líder de la oposición puso voz a ese amplísimo sector social que no admite el proceso de desnacionalización del Estado, a través del cual la legítima autonomía de nacionalidades y regiones en el marco de la nación soberana se transforma en una fórmula confederal sin base jurídica, histórica ni sociológica. Estuvo certero el líder del PP al denunciar el sectarismo del Gobierno en su objetivo de aislar a la oposición, porque si bien el tripartito ya no existe, la simple mención del pacto del Tinell incomoda profundamente a Zapatero. Supo también encontrar el flanco débil de un revisionismo histórico que magnifica la Segunda República y degrada la Transición, lo que significa dar preferencia a la discordia civil sobre la reconciliación. Sin embargo, Rajoy se vio condicionado por el pacto alcanzado con Rodríguez Zapatero para eludir el asunto fundamental de la política antiterrorista, lo que permitió al jefe del Ejecutivo situar el debate en el terreno que más le convenía. La apelación del presidente a la guerra de Irak (una prueba más de su querencia retrospectiva) y sus continuas referencias al pasado evidencian hasta qué punto la estrategia socialista pasaba ayer más por rentabilizar electoralmente épocas pretéritas que por proyectarse con claridad hacia un futuro incierto y pleno de interrogantes. Ayer se plantearon en el Congreso de los Diputados muchos problemas reales que preocupan a los españoles (entre ellos, inmigración, seguridad o educación) pero también otros artificiales, como la reforma del modelo territorial, que sólo importan a determinados sectores de la clase política. En todo caso, quedó en la penumbra el ineludible debate sobre ETA, demasiado oculto en una sesión parlamentaria que no aportó grandes novedades más allá de lo ya conocido: que Rajoy se maneja mejor en las grandes cuestiones de fondo, mientras que Zapatero prefiere la retórica y sigue ofreciendo la imagen de una España feliz que- -por mucho quese esfuerce- -los ciudadanos no pueden identificar con la realidad que viven cada día. INFLACIÓN DESCONTROLADA E L indicador adelantado de mayo coloca la inflación en el 4,1 por ciento, cifra que, de confirmarse, se colocaría en el nivel más alto registrado en los últimos cinco años durante ese mes. Esta subida de dos décimas en la inflación interanual confirma la peligrosa remontada de los precios, con sus perversos efectos sobre una economía aquejada de síntomas de agotamiento que pueden agravarse con una próxima subida en los tipos de interés. Esta tasa de inflación nos aleja aún más de la media de la Unión Europea- -por debajo del 2 por ciento- -y ahonda más la falta de competitividad de nuestros productos y servicios en relación a nuestros principales competidores, lo que se traduce en un creciente déficit comercial y en una preocupante y persistente aportación negativa del sector exterior al crecimiento de la economía española. Además, aviva la tentación de trasladar automáticamente estas subidas a los salarios, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada empresa y sector, y, en una destructiva espiral que se retroalimenta, otra vez a los precios. Esta peligrosa escalada de la inflación pondría en peligro el futuro crecimiento económico, con síntomas de agotamiento en el modelo actual, sostenido principalmente por una pujante demanda interna y por la construcción, cortando las alas al necesario recambio en el motor de la economía, que debe venir por una mayor aportación del sector exterior, aupado por unas importaciones competitivas. Acometer reformas estructurales, más allá de las tímidas medidas hasta ahora adoptadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, es cada vez más urgente para dotar a la economía de la necesaria competitividad y asegurar así el crecimiento económico. Medidas que abarcan desde reformas estructurales en profundidad- -que liberalicen sectores sin la necesaria competencia- -hasta una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo o un decidido apoyo a la innovación y la tecnología.