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4 Opinión MARTES 30 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil URIBE, ALGO MÁS QUE UNA VICTORIA A victoria de Álvaro Uribe en las elecciones presidenciales representa un cambio fundamental en el panorama político de Colombia. Por primera vez en un siglo, un presidente es reelegido, y además con una victoria electoral de una contundencia indiscutible. El viejo bipartidismo de conservadores y liberales, ya muerto hace tiempo, ha sido definitivamente enterrado, lo cual no excluye que se mantenga la tendencia a la bipolarización ideológica, como en la mayor parte de sociedades avanzadas. El mensaje que ha dirigido Álvaro Uribe al país nada más confirmarse su victoria está lleno de realismo, y desde el punto de vista europeo constituye un alivio escuchar que los colombianos han preferido darle cuatro años más a un presidente que es partidario decidido de la integración regional razonable y del libre comercio con Europa y Estados Unidos. Tal como están las cosas desde que el presidente de la vecina Venezuela, Hugo Chávez, se lanzó a la conquista ideológica del subcontinente, la victoria de Uribe sirve al menos para confirmar que la elección de Evo Morales en Bolivia no ha marcado una tendencia inexorable de expansión de ese pernicioso populismo indigenista. Aunque en el caso de Colombia la fuerza política que probablemente le resulte más simpática a Hugo Chávez no sea la izquierda del candidato derrotado, Carlos Gaviria, sino la guerrilla, es evidente que la reelección de Uribe es una grave contrariedad para sus excéntricos planes políticos. Sin embargo, el valor que más parecen haber apreciado los colombianos en la gestión del presidente Uribe no tiene que ver con este debate, que allí ya está bastante pasado de moda. El gran éxito de Uribe para la mayor parte de sus votantes ha sido precisamente su contundencia inflexible en la lucha contra el terrorismo, que lleva más de cuatro décadas desangrando inútilmente al país. Su predecesor, Andrés Pastrana, intentó, como es sabido, una política honesta de mano tendida que los guerrilleros no quisieron aprovechar. La respuesta de Uribe ha sido el combate implacable e intransigente contra el terrorismo durante estos cuatro años, algo que, como se ha visto, ha recibido un respaldo histórico de la mayoría de los colombianos. El experimento que los colombianos inician aprobando este inédito segundo mandato empieza, por tanto, con un rumbo claro y en circunstancias relativamente favorables. Le toca a Uribe demostrar que sus electores han tomado la buena decisión al permitir la reelección presidencial y al confiar en él para seguir cuatro años más en el Palacio de Nariño. Ahora está en sus manos demostrar que la reelección es útil para que un presidente pueda completar políticas de largo alcance que gozan del respaldo popular, y que no volverá a servir para alentar delirios caudillistas de permanencia ilimitada. L EL DEBATE QUE NECESITA LA NACIÓN E L debate sobre el estado de la Nación que hoy comienza en el Congreso de los Diputados registra unas características especiales que dotan a este acontecimiento parlamentario de una singular oportunidad política. España está viviendo, sin duda alguna, el momento más conflictivo de inestabilidad institucional desde que se instauró la democracia; conflictividad provocada por la sorpresiva- -al menos, para la mayoría de los ciudadanos- -apertura de un período neoconstituyente en el que el Estado y la Nación ya están sufriendo los efectos de una política territorial desquiciante. A los dos años de la llegada de Rodríguez Zapatero al poder, hay un balance en números rojos que se ha consolidado: el que se refiere a la oferta de proyectos comunes para los españoles. La visión de España en este momento ya no es el resultado de una suma de esfuerzos, sino de restas sucesivas con forma de reformas estatutarias- -a salvo la valenciana- -que persiguen la sustitución del sentido nacional de España por la relación confederal entre las nuevas realidades nacionales que radican en el Estado español, empleando el discurso descriptivo más realista de lo que está sucediendo. La desnacionalización de España no es una exageración ni una concesión al tremendismo. Es el diagnóstico de un país que se dotó de una Constitución basada en el principio de unidad nacional y que tras un período político de sólido afianzamiento de las instituciones centrales y del modelo autonómico- -el que transcurre entre 1996 y 2004- -se ha adentrado, a la fuerza y sin mandato electoral específico, en una etapa de convulsión e incertidumbres. Así, ha sucedido que el sentido de pertenencia a una misma Nación ha sido expulsado de los proyectos políticos auspiciados por el Gobierno, no sólo en las reformas estatutarias catalana y andaluza, sino también en la cultura, la educación, las infraestructuras o la justicia. Con la excusa de que ésta era la mejor manera de desarrollar la organización autonómica del Estado, realmente se están sentando las bases de un Estado que suprime la autonomía y la sustituye por la confederación entre lo que, constitucionalmente, son nacionalidades y regiones con autogobierno, pero sin soberanía ni carácter nacional. Es este debate, por tanto, una ocasión inmejorable para que el presidente del Gobierno exponga su idea de España, dejando a un lado el engolamiento retórico y su afición a los sofismas y entrando directamente en la cuestión. Desde 1978, ningún Gobierno como el de Rodríguez Zapatero ha asumido con protagonismo tan excluyente el manejo de los asuntos de Estado, ni con tanto empeño ha aplicado una política de marginación del principal- -si no único- -partido de la oposición. Por eso, el afán de Rodríguez Zapatero por personalizar este temerario cambio de sistema constitucional le sitúa en la obligación correlativa de rendir cuentas ante la opinión pública, sin refugiarse en la crítica o falta de apoyo de un Partido Popular con el que no quiere contar, al que excluye, y que, por eso mismo, tiene que echarse a la espalda la incómoda, pero necesaria, tarea de poner voz a la denuncia de tanto desafuero. A los dos años de mandato, Rodríguez Zapatero ha empequeñecido todos los consensos que recibió, en ejecución de ese trueque en el que los nacionalistas- -incluidos los del PSOE- -garantizan poder a cambio de rebañar soberanía al pueblo español y talar competencias del Estado, aunque luego llamen corriendo a la Guardia Civil. Es un saldo negativo que, además de la subasta estatutaria, comprende una crisis migratoria sin precedentes, una política exterior en derribo, una ley educativa temible para las nuevas generaciones, dudas acumuladas sobre la economía, más disputas sobre ríos, archivos y lenguas, y, en general, un sentido revanchista y crispado de la visión del pasado. Difícil momento, sin duda, para añadir, además, la presión de un diálogo sin garantías con los terroristas. En definitiva, el Congreso de los Diputados no vivirá hoy un debate de trámite, ni Mariano Rajoy parece dispuesto a que lo sea. Si éste es el momento para que el presidente del Gobierno se defina ante la opinión pública, también lo es para certificar la existencia de una alternativa firme, moderada y con una idea clara de España. REALISMO PARA LA LEY ANTITABACO M AÑANA se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Con este motivo, la Organización Mundial de la Salud ha hecho público un informe según el cual el tabaco matará este año a unos cinco millones de personas en todo el mundo. La OMS pretende también llamar la atención sobre ciertos productos que contienen nicotina, sea para mascar o para inhalar, así como el rapé o las pipas de agua, todos ellos igualmente perjudiciales para la salud aunque se anuncien como fórmulas exóticas y tradicionales. Son datos de gran interés, pero que se ofrecen desde una perspectiva unilateral, como si fueran consecuencia exclusiva del ánimo de lucro de las empresas tabaqueras, sin reconocer que también existe una responsabilidad de los poderes públicos y los organismos sanitarios nacionales e internacionales. En España, la ministra de Sanidad asegura que se han realizado unas 4.000 inspecciones en locales de ocio, con una distribución regional muy irregular, y que hay varios cientos de expedientes en curso, aunque todavía no concretados en multas y otras sanciones. En torno al 15 por ciento de los locales de restauración con menos de cien metros cuadrados han sido declarados espacios libres de humos porcentaje ciertamente bajo, como reconoce la propia Elena Salgado, que considera- -con cierta dosis de voluntarismo- -que llegará un momento en que los ciudadanos exijan la prohibición total del tabaco en los espacios públicos de ocio. Advierte la ministra de que para septiembre deberá cumplirse rigurosamente la ley en el sector de la hostelería, sin duda el más retrasado en este terreno, puesto que parece suficiente la aplicación actual de las normas en las oficinas y centros de trabajo. Sin embargo, el ministerio no cuenta con medios para sancionar y está pendiente de un desarrollo reglamentario por parte de las administraciones autonómicas, que se está haciendo esperar en muchos casos y que en otros (como ocurre en la Comunidad Valenciana) no parece gustar a Sanidad, que ha enviado un requerimiento previo al recurso judicial. Hace falta, pues, una cooperación adecuada entre Estado, comunidades autónomas y municipios, basada en un enfoque realista que no cargue sólo las culpas sobre los fumadores y las empresas y que maneje con sensatez los tiempos para la adaptación de la sociedad a las leyes establecidas.