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20 Nacional LUNES 29 5 2006 ABC Seis afluentes que nacen en Castilla- La Mancha, dos en Extremadura y una rambla de Murcia impiden a Andalucía gestionar en exclusiva la cuenca del Guadalquivir. Pese a que lo prohíbe la Constitución, Chaves pretende blindar la cuenca en su Estatuto Ocho ríos le aguan el Estatuto a Chaves TEXTO: FERNANDO ROJO FOTOS: J. LEAL M. MIRÓ MADRID. Pocos podían prever que la batalla por el control del agua que libran desde hace años comunidades de distinto signo político- -como Aragón y la Comunidad Valenciana por el Ebro o Murcia y Castilla- La Mancha por el Tajo- Segura- -fuera a extenderse también al sur de España. Pero la inclusión en el proyecto de Estatuto de Andalucía de un artículo que otorga a esa autonomía la gestión en exclusiva sobre el Guadalquivir ha desatado un terremoto político en el que se han visto implicados los presidentes socialistas más veteranos: el andaluz Manuel Chaves y el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La culpa de este enfrentamiento la tienen, sobre todo, dos ríos, el Viar y el Bembézar, afluentes del Guadalquivir, que nacen en la provincia de Badajoz y que la Junta de Extremadura rechaza que pasen a ser gestionados en exclusiva por la Comunidad andaluza. El Gobierno de Rodríguez Ibarra defiende que esta Confederación Hidrográfica siga en manos del Estado, pues engloba territorios de cuatro autonomías distintas: Andalucía, Extremadura, Castilla- La Mancha y Murcia. Sin embargo, el Ejecutivo de Chaves considera que el Guadalquivir es un río andaluz, pues más del 90 por ciento de la cuenca pertenece a esa comunidad. Aunque de momento no ha llegado la sangre política al río, el presidente extremeño ha avisado de que si el Estatuto sale del Congreso tal y como está, él planteará un recurso ante el Tribunal Constitucional. Razones jurídicas no le van a faltar, pues el artículo 48 del nuevo texto choca frontalmente con el artículo 149 de la Carta Magna. El proyecto andaluz proclama que dicha comunidad ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, y de las obras públicas hidráulicas de interés general Sin embargo, la Constitución dice claramente que el Estado tiene competencias exclusivas sobre la legislación, ordenación y conce- sión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad El Estatuto también choca en este punto con la Ley de Aguas de 2001, que en sus artículos 21 y 22 afirma que en las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito de una Comunidad se constituirán organismos de cuenca adscritos al Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno sí ha anunciado una reforma del funcionamiento de las confederaciones hidrográficas, para otorgar mayor participación a las autonomías en dichos órganos, pero siempre gestionadas por el Estado. Hasta dos ministros, el de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la de Medio Ambiente, Cristina Narbona, han tenido que salir a la palestra para advertir a los impulsores del Estatuto- -que son sus compañeros de par- tido en Andalucía- -que los ríos no se pueden parcelar y que las confederaciones hidrográficas que afecten a varias comunidades seguirán siendo de competencia exclusivamente estatal. Incluso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, terció en la polémica y anunció que el grupo socialista buscará una redacción en el Estatuto andaluz para que la Junta participe más activamente en la gestión del Guadalquivir, pero que mantenga las capacidades de intervención del Estado y la unidad de cuenca. Barreda y Valcárcel, sí; Ibarra, no Vistas las fricciones que el asunto estaba provocando con regiones vecinas e incluso con el Gobierno central, Chaves decidió esta semana proponer una tercera vía, según la cual Andalucía ostentaría la gestión del Guadalquivir, pero en colaboración con las otras tres autonomías. Murcia y Castilla- La Mancha, por diferentes razones, han dado su beneplácito. Extremadura, sin embargo, se sigue resistiendo. El sí de Valcárcel, que en un primer momento llegó a anunciar como Ibarra también un recurso de inconstitucionalidad, viene motivado por su insignificante porcentaje (poco más del 0,2 por ciento) en el total de la cuenca y La Constitución otorga competencias exclusivas al Estado cuando las aguas de una cuenca discurran por más de una Comunidad Zapatero terció en la polémica y propuso más participación de la Junta, pero conservando la gestión estatal y la unidad de cuenca En Extremadura discurren los ríos Bembézar y Viar, afluente del Guadalquivir que en el embalse del Pintado (en la imagen) se convierte en sevillano