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4 Opinión SÁBADO 27 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MAFIAS DELICTIVAS EN ANDALUCÍA A Operación Trafalgar desplegada por las Fuerzas de Seguridad en la Costa del Sol, se ha cerrado por ahora con la detención de ocho personas, todas ellas ciudadanos extranjeros, por una presunta estafa a unos 15.000 clientes. El fraude, relacionado con temas de multipropiedad, había producido para sus autores un beneficio próximo a los 18 millones de euros, utilizando para su desarrollo una red de 300 empresas interpuestas. Sin perjuicio de los procesos judiciales correspondientes, es evidente que la delincuencia organizada en España empieza a alcanzar proporciones alarmantes. En el caso de Andalucía, todavía no están superadas las secuelas del escándalo urbanístico en Marbella, cuando esta nueva operación policial deja muy claro que determinadas zonas del litoral saltan a la luz pública con demasiada frecuencia por conductas ilegales a gran escala. El Ejecutivo que preside Manuel Chaves- -presidente también del PSOE- -no puede cerrar los ojos ante las evidencias. Andalucía se ha convertido en fuente de noticias que empañan la imagen de una región que exige a sus políticos que presten atención a los problemas realmente importantes y se olviden de debates identitarios que nadie se plantea con seriedad. El desarrollo acelerado de ciertas regiones del litoral, favorecida por una oferta turística de alto nivel, atrae a delincuentes de guante blanco que defraudan las expectativas de clientes de muy diversa procedencia, dejando en mal lugar la imagen de aquélla comunidad autónoma y del sector turístico español en general. La actuación de mafias internacionales en España, por medio de actos violentos o fraudulentos, ofrece desde hace tiempo perfiles muy graves. El Gobierno socialista no puede continuar con una política débil, falsamente generosa, que parece atraer a delincuentes de todos los países. Una legislación más estricta y una dotación razonable de medios para las Fuerzas de Seguridad se hacen imprescindibles si se quiere evitar que nuestro país se convierta en un paraíso para los indeseables. En el caso de Andalucía, resulta hipócrita rasgarse las vestiduras, como suele hacer últimamente el Ejecutivo autonómico. Hace tiempo que son conocidas las maniobras turbias practicadas en municipios concretos de la costa, con perjuicio para el urbanismo bien ordenado, para el medio ambiente y, en casos como el presente, para el patrimonio de muchos compradores de buena fe a los que se ofrece un producto inexistente o en condiciones que nada tienen que ver con la realidad. El sector turístico español necesita complementar la fórmula de sol y playa para prestar atención a otros ámbitos especializados. Este tipo de hechos daña seriamente la posición de nuestro país en un sector particularmente susceptible de ofensa. Dar ventajas a la competencia y defraudar los derechos de miles de ciudadanos de toda Europa son las consecuencias derivadas de no ejercer a tiempo los controles que corresponde practicar a las administraciones públicas. L LA LÍNEA ROJA DE LA JUSTICIA E L juez Grande- Marlaska decidió ayer ampliar los cargos por los que deberán comparecer la próxima semana los integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna, para incluir los delitos de amenazas terroristas, la entrevista con ETA en Gara las amenazantes declaraciones de Joseba Permach y la reiteración delictiva por la llamada comisión negociadora Esta decisión demuestra el grave error en el que se encuentran los que quieren dirigir a la Justicia con mando a distancia. Ayer falló estrepitosamente la estrategia de neutralizar a la Audiencia Nacional para blindar a la comisión negociadora designada por Batasuna, que se constituyó debidamente acompañada por la chulesca advertencia del proetarra Permach de que habría problemas si los jueces actuaban contra sus miembros. Se dio por hecho que, en una especie de conversación de pasillo, Fiscalía y Juzgado habían predeterminado que la tal comisión de interlocutores no constituía delito. Pues parece ser que sí puede ser delictiva. Y no hay que sorprenderse por la decisión judicial, sino por las estratagemas de quienes quieren poner trampas a los jueces en su labor de garantizar que las líneas rojas de la Justicia no se rompen. Batasuna es una proscrita de la Ley y todo aquel que realice actos como dirigente de Batasuna está asumiendo el carácter delictivo de su comportamiento. Otegi, por ejemplo, está más que avisado. El Tribunal Supremo disolvió a la coalición proetarra; y la Audiencia Nacional, en dos ocasiones, ha suspendido sus actividades como medida cautelar en un proceso penal. ¿Qué más hace falta para dejar de discutir que quien represente a Batasuna y actúe por ella es un presunto terrorista? Por eso, entra en la lógica jurídica más intachable que el magistrado Grande- Marlaska decida ampliar la imputación contra unos proetarras que, en este momento, están echando un órdago al Estado. Órdago que el Estado debe aceptar para ganárselo absolutamente. El tancredismo del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado frente a la izquierda proetarra es inexcusable. Responde en este momento, de forma palmaria, a la falta de iniciativa propia y al retranqueo desde que ETA y Batasuna apretaron su discurso con amenazas y chantajes. Este proceso, que debía ser el de la derrota de ETA, empieza a estar en manos de los etarras. Los batasunos como Otegi y Permach se comportan con execrable seguridad de que sus coacciones al Estado pueden tener éxito. Pero tanto ellos como el Gobierno se confunden cuando creen que aquí no hay más voces en liza. Y las hay, como la de la Justicia, que en pocas ocasiones debería sentirse tan arropada y legitimada por la sociedad española como en esta. La ampliación de cargos en la citación judicial de los dirigentes batasunos es una excelente noticia para el Estado de Derecho y para la sociedad en su conjunto. Cuestión distinta será lo que decida el juez sobre las medidas cautelares, para lo que debe tener toda libertad de criterio. Pero queda claro que sólo con la aplicación estricta de la ley es posible trasladar a los dirigentes de Batasuna que ellos son tan perdedores como ETA, y de esta pedagogía tenían que estar encargándose el Gobierno y muy especialmente el fiscal general del Estado, al que la Constitución no le asigna la función de asistente del Ejecutivo. Por lo pronto, ya se está retrasando en pedir la prisión provisional de Arnaldo Otegi, por reiteración delictiva. Que sólo funcione la Justicia al mismo tiempo que el Gobierno parece bloqueado es, a pesar de todo, el estado normal de las cosas cuando una y otro no actúan con las mismas premisas. Una misma organización no puede ser terrorista para la Ley y los tribunales y, al mismo tiempo, interlocutor- -más o menos oficioso- -para el Gobierno. Por tanto, visto el enésimo fracaso de aplicar a Batasuna la cirugía estética que precisa su reestreno político, tanto el Gobierno como el PSOE deben cesar ya en sus mensajes, directos e indirectos, a los jueces de la Audiencia Nacional, porque estos no están dispuestos a aplicar el oportunismo político que se les está sugiriendo ni a hacer el trabajo sucio de este proceso, como sería, por ejemplo, abrir una moratoria judicial en las causas contra el entramado etarra. Quizá los animadores del proceso de paz estén empezando a descubrir el verdadero alcance del Estado de Derecho y de la independencia judicial. Los demás también están descubriendo en qué consiste poner la Fiscalía al servicio del interés del Gobierno o adónde lleva creer que es posible dialogar racionalmente con una banda de terroristas. REBROTE XENÓFOBO EN ALEMANIA A xenofobia y su utilización política por grupos de extrema derecha o plataformas de corte populista aumentan de modo inquietante en Europa. Los casos vividos en los últimos días en Alemania evidencian que algo se agita en el inconsciente de muchos ciudadanos que no ven con buenos ojos la presencia creciente de inmigrantes dentro de las fronteras de la Unión Europea. La noticia de que esto suceda en Alemania es especialmente preocupante. Hablamos de un país que ha mantenido una política inflexible al respecto. De hecho, la legislación alemana viene persiguiendo desde hace décadas cualquier conducta racista o xenófoba. La experiencia del totalitarismo nazi curó en salud a los alemanes e hizo posible una pedagogía pública especialmente cuidadosa de la tolerancia y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la paliza sufrida en Postdam por un ingeniero alemán de origen etíope y el ataque al diputado berlinés de ascendencia kurda y miembro del Partido de la Nueva Izquierda, Giyasettin Sayan, han provocado un evidente estado de alarma social. Sobre todo cuando se ha sabido que no son casos aislados y que están directa- L mente relacionados con al aumento de los delitos de índole política cometidos por la extrema derecha alemana, que en 2005 aumentaron en un 27 y alcanzaron la cifra de 15.360. La cercanía del Mundial de Fútbol de Alemania ha movilizado al Gobierno alemán y, en especial, a la CDU. Se suceden tanto las declaraciones del ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, como de la canciller Angela Merkel. Esta anunció dureza frente a cualquier acto de violencia xenófoba y exhortó a la ciudadanía a que responda públicamente denunciando cualquier acción de esta naturaleza. En este sentido, la apelación al sentido cívico es fundamental. Mirar hacia otro lado o dejar correr comentarios racistas o xenófobos resulta un acto de cobardía moral injustificable. Frente a la xenofobia no puede haber ningún tipo de cesión, ya que nos jugamos los fundamentos mismos que sustentan nuestro modo de vida. La intolerancia frente a los intolerantes no admite compartimentos estancos. El mismo trato merecen los intolerantes islamistas que los xenófobos. La libertad y la defensa de la sociedad abierta así lo exigen.