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ABC VIERNES 26 5 2006 Sociedad 53 COMUNICACIÓN El TC admite a trámite la demanda del PP contra la ley audiovisual catalana Los populares denunciaron que supone un intento de arrinconar el castellano del Tribunal supone una apreciación inicial sobre la existencia de una posible vulneración constitucional, pero no prejuzga el resultado de la sentencia N. C. MADRID. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que el Partido Popular presentó el pasado 3 de abril contra la Ley Audiovisual de Cataluña, que entró en vigor en enero. El primer partido de la oposición entiende que la norma autonómica vulnera diez preceptos de la Carta Magna que afectan tanto al derecho a la libertad de información como al principio, establecido en el Título Preliminar, según el cual el castellano es la lengua española oficial del Estado La admisión a trámite es una decisión que no permite avanzar resultados sobre la estimación o no de la cuestión de fondo del recurso, pero supone una inicial apreciación del Tribunal sobre la existencia de una posible vulb La decisión neración de preceptos constitucionales. La providencia dictada ayer por el TC acuerda también, de acuerdo con lo establecido en la ley, dar traslado de la demanda formulada por el PP tanto al Gobierno como al Congreso de los Diputados, al Senado y al Ejecutivo y la Cámara catalanas. El Partido Popular sostiene que al menos medio centenar de artículos de la ley recurrida son contrarios a la Carta Magna. Considera que bajo el pretexto de crear un espacio de comunicación audiovisual propio de la Generalitat, ésta invade espacios de libertad garantizados por la Constitución a la sociedad civil catalana y española Además, entiende que la norma recurrida invade competencias reservadas al Estado al otorgar poderes despro- El recurso, suscrito por 50 diputados, afirma que la norma autonómica vulnera diez preceptos de la Carta Magna porcionados al Gobierno autonómico y al Consejo Audiovisual Catalán (CAC) que se arrogan de modo exclusivo y excluyente la capacidad de definir conceptos como veracidad, pluralismo, normalidad lingüística y desarrollo de derechos fundamentales El recurso, suscrito por medio centenar de diputados, se divide en tres bloques: el primero se refiere a la vulneración de derechos fundamentales; el segundo, a la infracción del régimen lingüístico establecido por la Constitución; y el tercero versa sobre la invasión de competencias que corresponden al Estado. En el primero de esos bloques, el PP cuestiona la validez constitucional de la competencia asumida por el CAC para clausurar temporalmente medios de comunicación y ordenar el cese definitivo de sus emisiones en virtud de sus contenidos y a partir de preceptos genéricos y tipos en blanco Suponen, dice, un sacrificio de la libertad de comunicación sin razón ni justificación El segundo denuncia las infracciones al régimen lingüístico. Según el María Emilia Casas EFE PP, se pretende utilizar el espacio audiovisual catalán para desequilibrar absolutamente el tratamiento de la lengua en Cataluña y arrinconar de manera progresiva el castellano. La vulneración constitucional contenida en el tercer bloque viene ligada a los anteriores: el PP recuerda que corresponde al Estado dictar las normas que afecten a aspectos esenciales de los derechos fundamentales