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14 Nacional EL DEBATE SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON ETA VIERNES 26 5 2006 ABC El PP exige al Gobierno una reacción jurídica y política contra el cartel negociador de Batasuna Los batasunos amenazan con bloquear el proceso si sus cabecillas ingresan en prisión b López Aguilar elude pronunciarse sobre la constitución de la comisión negociadora de la coalición ilegalizada y se remite al cumplimiento de la ley de Partidos CRISTINA DE LA HOZ MADRID. Mariano Rajoy exigió ayer al Gobierno una reacción jurídica y política inmediatas para poner coto a la amenaza inaceptable del grupo terrorista Batasuna de presentar ante la opinión pública su comisión negociadora con la que iniciar un diálogo político que ponga fin al terrorismo. El líder del PP pidió al Fiscal General del Estado que actúe y a Moncloa que diga las cosas con claridad para evitar, entre otras cosas, que gente con muy poco criterio de lo que pasa en España denigre a los partidos democráticos, los compare con ETA, sin que el medio que los acoge, por cierto un medio importante, diga nada y sin que se le mueva ni un solo músculo de la cara en referencia a unas declaraciones de Boris Izaguirre en la Ser- -rectificadas durante la tarde de ayer- -en las que afirmó que los dirigentes del PP eran más antidemocráticos que ETA. Antes de formular estas peticiones, Rajoy aprovechó su presencia en un acto de balance de los tres años de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid, para responder al anuncio que el domingo hiciera el presidente del Gobierno de que pedirá el próximo mes permiso a la Cámara Baja para dialogar con la banda, dando por buena la verificación del alto el fuego Y lo hizo de modo que no quiso dar lugar a ningún tipo de especulación sobre matices en su partido. El Gobierno- -aseveró- -no tiene el aval para negociar nada con ETA Otra cosa muy distinta es que el PP apoye al Ejecutivo para derrotar a la banda y verificar si hay voluntad real de dejar de matar. Mientras tanto, existe la obligación de que continúe funcionando el Estado de Derecho las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio Fiscal. Ante un auditorio formado entre otros por Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz- Gallardón, reiteró que, tal y como señaló al propio Zapatero durante su reunión en Moncloa, el jefe del Ejecutivo tiene autorización y apoyo para acabar con ETA y no para pagar ningún precio político, para poner a ningún preso en la calle o para no atender a las víctimas Mientras, Batasuna mantuvo ayer la presión al Gobierno para que derogue la ley de Partidos, calificada en el Un consistorio del PNV debate una moción proetarra El presidente del PP de Ayala (Álava) Santiago Abascal, acusó ayer al PNV de incumplir la ley al permitir la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir una moción de una plataforma ilegalizada de la izquierda abertzale en el Ayuntamiento de Ayala, cuya alcaldía está en manos de ese partido. Abascal vinculó este hecho al incumplimiento continuo de la ley en otros ayuntamientos gobernados por el PNV, en los que se permite la participación de plataformas ilegalizadas con el consentimiento de ese partido, como las corporaciones municipales de Cuartango, Salvatierra, Llodio o Amurrio. En el encabezamiento de la moción se indica que todos los agentes políticos, sociales e institucionales de Euskal Herria tienen la responsabilidad de que se den pasos inaplazables en el camino de la libertad que se le ha negado a este pueblo EFE El etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas Gadafi momentos antes de comenzar en la Audiencia Nacional su sexto juicio por terrorismo en lo que va de año diario Gara como una bomba de relojería que corresponde desactivar al Ejecutivo de Zapatero. La coalición amenazó con bloquear el proceso de paz si la próxima semana ingresan en prisión los ocho miembros de su dirección que han sido llamados a declarar ante la Audiencia Nacional. A Batasuna respondió el ministro de Justicia al asegurar que la ley de Partidos sigue vigente López Aguilar, que aludió pronunciarse sobre la constitución de la comisión negociadora de Batasuna con Otegi a la cabeza, agregó que ignorando, despreciando o violentando la citada ley, no existe ninguna posibilidad de participar en democracia. El TS obliga al Ejecutivo a considerar víctima a un muerto en una protesta contra los fusilamientos de Franco N. VILLANUEVA MADRID. La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha concedido la Gran Cruz de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a un estudiante que fue asesinado el 27 de septiembre de 1976 en una manifestación convocada por la Coordinadora pro Amnistía para conmemorar el primer aniversario de los fusilamientos de miembros de las bandas terroristas ETA y FRAP. El 20 de mayo de 2005 el Consejo de Ministros había denegado esta solicitud a la madre del fallecido al considerar que éste no reunía los requisitos necesarios para ser acreedor de este tipo de condecoraciones, que exclusivamente se dedican a las víctimas de actos terroristas El estudiante falleció en esta mani- festación tras ser alcanzado por dos disparos realizados por una persona no identificada, pero incluida en un grupo de contramanifestantes identificados comúnmente con grupos de extrema derecha Al no haber sido reconocida la persona que efectuó los disparos y al no haber pruebas de su pertenencia o no a banda de algún tipo el Abogado del Estado se opuso a considerar al fallecido víctima del terrorismo. Lo trascendente es que la muerte sea fruto de un acto terrorista, no bastando que sea consecuencia de un acto violento, aun cuando se realice por personas armadas alegó en su informe el representante del servicio jurídico estatal. La madre del fallecido, por su parte, sostenía que su hijo fue asesinado por un grupo armado de ideología contraria a la suya, que tendría como único objetivo perturbar el orden público, sembrar el terror y provocar el pánico con un claro objetivo político Aducía, además, que la propia Secretaría de Estado para la Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, incluyó el nombre de su hijo en un informe denominado Datos Estadísticos de víctimas del terrorismo desde enero de 1968 a diciembre de 1987 lo que vendría a avalar que la Administración le otorgaba esta condición. Una condición evidente Tras desestimar la concesión de una indemnización- el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa impide a la Sala pronunciarse al respecto- el Tribunal concluye que es evidente que la propia Administración, a través del órgano más cualificado para ello, como es el Ministerio del Interior, reconoció que el señor González fue víctima de un acto de terrorismo por lo que procede la concesión de la condecoración solicitada.