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22 Nacional OPERACIÓN ATRIO LA INVESTIGACIÓN JUEVES 25 5 2006 ABC El PSOE derogó la legislación que prohibía a entidades sin control captar ahorro público El Defensor del Pueblo inicia una investigación sobre el vacío normativo en bienes tangibles b En 2005 se eliminó de la ley del mercado de valores el artículo 26 bis, introducido por el Gobierno del Partido Popular, que establecía la prohibición PALOMA CERVILLA MADRID. El Gobierno socialista ha derogado el artículo 26 bis de la ley del mercado de valores que introdujo el Gobierno del Partido Popular en la ley 37 1998 de 16 de noviembre, al desaparecer su redacción en una legislación posterior, por lo que, según fuentes jurídicas consultadas por ABC, este artículo ya no tiene validez. El citado artículo 26 bis de la ley del mercado de valores de 16 de noviembre de 1998 recoge que, sin perjuicio de las actividades reservadas a las entidades de crédito, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 26 1988 de 29 de julio (RCL 1988, 1656 y RCL 1989, 1782) de disciplina e intervención de las entidades de crédito, ninguna persona o entidad podrá apelar o captar ahorro del público en territorio español, sin someterse a este título o a la normativa sobre inversión colectiva o cualquier otra legislación especial que faculte para desarrollar la actividad antes citada Sin embargo, el real decreto ley 5 2005 de 11 de marzo dio una nueva redacción al título III de la ley, dedicado al mercado primario de valores, que regula las emisiones y ofertas públicas de venta de valores y donde, en la anterior legislación, se encontraba el artículo 26 bis. Pero en este nuevo texto legislativo, elaborado por la Administración socialista, ya no aparece el artículo 26 bis, con lo que según fuentes jurídicas ha quedado derogado. Fórum indicó mal a sus clientes cómo declarar sus rentas en el IRPF Y. G. MADRID. La Agencia Tributaria asegura que los ingresos que han obtenido los clientes de Fórum y Afinsa por sus inversiones deben declararse en el IRPF como rentas del capital mobiliario y tributar, por tanto, igual que lo hacen los intereses de una cuenta bancaria. Fórum, sin embargo, en la información fiscal que cada año remite a sus clientes, les indica que estos rendimientos deben incluirse en la declaración de la renta como incrementos de patrimonio. Esto significa que muchos de los afectados han estado pagando a Hacienda por los rendimientos obtenidos menos de lo que debían. Así, las plusvalías a más de un año, que es como Fórum decía que tenían que declararse estos rendimientos, tributan al 15 Sin embargo, los rendimientos de capital mobiliario, que es como Hacienda dice que deben declararse, pueden llegar a pagar, dependiendo de las rentas del contribuyente, hasta un 45 En 2004 y 2005 hay dos consultas a la Dirección General de Tributos al respecto, y en ambas se dio esta contestación, a pesar de lo cual Fórum volvió a decir este año a sus clientes que debían declarar sus ingresos como plusvalías. El fiscal de la Audiencia Nacional sale de las oficinas de Afinsa do abrir una investigación ante la secretaría de Estado de Economía para analizar el vacío normativo ya que afirma que de los últimos acontecimientos se evidencia que la protección de los inversores no sólo no es suficiente, sino que no existe coordinación ins- IGNACIO GIL titucional destinada a que dicha protección sea efectiva Además, considera muy preocupante que las administraciones, a pesar de las investigaciones de la agencia tributaria, permitieran que Fórum Filatélico y Afinsa operaran con normalidad. Entidades financieras Esta modificación legislativa y la consiguiente eliminación de este artículo, que afectaba a las sociedades de bienes tangibles, han supuesto la desaparición de un freno con el que impedir que estas entidades, sin control del Banco de España ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pudieran realizar actividades propias de las entidades financieras. La legislación existente para impedir actividades como las que han desarollado Fórum Filatélico y Afinsa está siendo objeto de polémica entre populares y socialistas, que se acusan mutuamente de no haber puesto en marcha una norma que habría impedido esta estafa que afecta a unas 400.000 personas. Por otra parte, y en relación con la escasa normativa existente sobre esta materia, el Defensor del Pueblo ha atendido la reclamación de Ausbanc, una asociación que defiende a usuarios de servicios bancarios, y ha decidi- El Gobierno y los sindicatos acuerdan un nuevo estatuto de los funcionarios ABC MADRID. El Gobierno y los sindicatos alcanzaron ayer un acuerdo sobre el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, según anunció en rueda de prensa Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas. Aunque el texto es todavía un proyecto, el ministro señaló que el resultado final no diferirá mucho de lo acordado Según afirmó Sevilla, este estatuto establecerá por primera vez unas condiciones laborales homogéneas para todos los funcionarios de España, aunque será respetuoso con las administraciones autonómicas y locales. Uno de los objetivos del texto es, en palabras del propio ministro, lograr una administración moderna, eficaz, abierta 24 horas, y con funcionarios motivados y satisfechos con su trabajo En este sentido, el nuevo Estatuto establece que los empleados públicos podrán recibir un complemento a su salario en función del grado de interés, iniciativa y esfuerzo Con este acuerdo también se pretende mejorar la situación laboral de los funcionarios que trabajan como interinos o temporales. Por ello, según fuentes del ministerio, se convocarán 650.000 plazas de conversión en fijos de estos trabajadores. En el caso de que alguna administración no las convoque, estará obligada a pagar al empleado su antigüedad en el puesto. Este sistema de consolidación, que se realizará mediante concurso, beneficiará a las plazas que se hayan desempeñando desde dos años antes de la entrada en vigor del Estatuto, prevista para principios de 2007. El Estatuto prevé además que los funcionarios puedan perder su puesto de trabajo si el tribunal que evalúe su rendimiento considera que no cumplen en el desempeño de su labor, en base a unos criterios establecidos por cada administración. No obstante, a los trabajadores no se les podrá retirar su condición de funcionarios de carrera. Es decir, podrán perder el puesto de trabajo que estén desempeñando para la Administración, pero no dejarán de ser empleados públicos.