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4 Opinión JUEVES 25 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil SPRINT CONTRA EL DOPAJE A Guardia Civil, con su investigación y sus detenciones, acaba de darle un tirón importante al velo del dopaje, a pesar del vacío legal que existe en nuestro país. Debe ser la señal definitiva de que la impunidad se ha terminado. Un popular director ciclista ha calificado la operación como una puñalada por la espalda contra el ciclismo frase tan certera como incompleta, pues en ella falta identificar la mano que empuñó el cuchillo: la mano del propio ciclismo. La alusión a la espalda es perfecta, porque este deporte se ha traicionado a sí mismo. La traición al espíritu deportivo no es exclusiva del ciclismo, y estos hechos, que coinciden con la tramitación de la nueva ley del dopaje- -confiemos en que por oportunidad y no por oportunismo- deberían estimular el rigor en otros deportes, fútbol incluido. Sería ingenuo creer que el ciclismo es una infección aislada. Su foco manifiesta un problema que trasciende al deporte: la corrupción general de una escala de valores que reputa- -o al menos consiente- -famoso lo infame, modélico lo fraudulento. El imperio de lo aparente contra lo auténtico. La trampa, deplorable en todas partes, repugna aún más en el deporte, ámbito especialmente propicio para sugerir guías de comportamiento a una infancia y una juventud que siempre las buscan, porque en su formación es beneficiosa la sana presencia del ídolo. A su desidia moral, el dopaje suma la estupidez de sus argumentos. El espectáculo no se sublima por una bicicleta que cause asombro movida a 50 kilómetros por hora, sino por dos o más que den emoción e incertidumbre a 49. La gente no sueña con hazañas bioquímicas, sino con gestas de personas hechas de su propia pasta. Y el hombre ya tiene las complementarias máquinas del deporte para probar en ellas su inteligencia, sin necesidad de pervertirla en su propio cuerpo. La tolerancia cero es, además de un golpe a la superchería y al enorme negocio latente que la envuelve, un signo de respeto a todos los deportistas que no se dopan: a todos aquellos que con su esfuerzo y su juego limpio propagan las cualidades inherentes al deporte, incluso al deporte profesional. Impresiona pensar, frente a este ejemplo, en la cantidad de éxitos que habremos celebrado como verdaderos, siendo falsos, desde que el dopaje, como advirtió Juan Antonio Samaranch, va un paso por delante de quienes lo persiguen; y también en el grado de emulación negativa- -basta recordar ciertas prácticas habituales en los gimnasios- -que esta lacra haya inducido. El deporte español, que fue lento de reflejos en la lucha contra el dopaje, es desde ayer no sólo pujante, sino un poco más saludable. No en vano, los que fueren declarados culpables en este caso y otros similares recibirán su pena por un delito contra la salud pública. L PROTECCIÓN OBLIGADA AL CIUDADANO E L lenguaje políticamente correcto y la negativa influencia de ciertos prejuicios del progresismo político han afeado siempre toda demanda de mayor seguridad ciudadana, de mayor presencia y eficacia policial. Sin embargo, la oleada de asaltos a domicilios particulares y, en general, el incremento de las actividades criminales organizadas están cuestionando la capacidad del Estado para atender una de sus primeras obligaciones con los ciudadanos, la de proteger su vida y su patrimonio. Esta es una función exclusiva del Estado, y para cumplirla éste se atribuyó históricamente el monopolio de la fuerza, a fin de sustraer a los ciudadanos de la autotutela y la venganza. Por eso, cuando falla la seguridad ciudadana y se extiende un sentimiento de temor, es el Estado mismo lo que queda cuestionado, por encima del juicio que pueda merecer la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Tribunales de Justicia. Rodríguez Zapatero se enfrentó a esta cuestión en la sesión de control que ayer se celebró en el Senado, porque se ha llegado a un nivel muy preocupante de inseguridad provocada por bandas organizadas y muy violentas que, literalmente, se están metiendo en las casas de los ciudadanos, como ha sucedido en los últimos días, de forma continuada en algunas localidades catalanas. Y no sólo para robar, sino también para secuestrar por el método exprés- -durante unas horas, hasta que el secuestrado pague lo suficiente para recobrar la libertad- práctica delictiva importada de otros países y recientemente aplicada en serie en dos viviendas del barrio madrileño de Moratalaz. El presidente del Gobierno propuso ayer la creación de un denominado Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Otro organismo más, para un un problema que exige soluciones inmediatas y, sobre todo, visibles. Paralos ciudadanos, la seguridad no es una cuestión de estadísticas, sino de sensaciones personales. Lo de menos es que el número total de delitos se reduzca, si al mismo tiempo aumentan los delitos más temibles que meten la violencia en el corazón de los hogares y que ponen a cualquiera en el punto de mira de los delincuentes. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tienen sus servicios de información ya establecidos y han de ser idóneos para dotar de inteligencia a la lucha contra el cri- men organizado. Proponer ahora un nuevo organismo policialpara ese fin es no dar soluciones concretas y, lo que es peor aún, supone transmitir la imagen de falta de ideas. Al menos, y no es poco, el Ministerio del Interior ha decidido enviar 520 guardias civiles a Cataluña para colaborar en la restauración dela seguridad ciudadana y también, aunque no se diga expresamente, para enmendar los perjuicios del repliegue del Instituto Armado en esa comunidad autónoma en beneficio de los Mossos d Esquadra. Las loas a los beneficios del Estado autonómico- -tan en boga como adorno de las reformas estatutarias- -deben traducirse en políticas de coordinación que eviten estas tierras de nadie en las que el ciudadano no tiene a quién exigir protección porque las administraciones públicas se escudan en discordias competenciales. Ante el aumento de esta delincuencia organizada, corresponde al Gobierno tomarse en serio el control de las fronteras terrestres y los aeropuertos, con las medidas que sean precisas para evitar la llegada constante de delincuentes extranjeros. No es un problema de integración ni de xenofobia, sino de seguridad para la vida de los ciudadanos y de protección de sus bienes. La expansión de las ciudades hacia sus periferias, con la proliferación de urbanizaciones y zonas residenciales, también exige una revisión del modelo tradicional de seguridad policial. Y, en todo caso, será bueno que la izquierda se despoje de prejuicios y acepte que la libertad no tiene contenido si no hay seguridad, y que la seguridad exige autoridad pública, presencia policial, persecución del delincuente y leyes penales que se cumplan. Es un deber del Estado, no una responsabilidad del ciudadano, como dio a entender la consejera catalana de Interior, Montserrat Tura, quien propuso que los propietarios de casas adoptaran medidas de seguridad pasiva en los domicilios aislados Algo parecido planteó el delegado del Gobierno en Madrid, en junio de 2001, después del crimen cometido en Pozuelo de Alarcón por el moldavo Pietro Arcan, y el entonces portavoz del PSOE, Jesús Caldera, le acusó de estar promoviendo el negocio de la seguridad privada desde instancias gubernamentales El realismo es la mejor actitud para afrontar los retos de la delincuencia organizada y para asumir, sin prejuicios ideológicos, las decisiones que requiere el deber del Estado en la protección de los ciudadanos. OTEGI, DELINQUIENDO EN DIRECTO A presentación pública de la comisión negociadora de Batasuna constituye un acto de reiteración delictiva cometido por su portavoz, Arnaldo Otegi, quien ha vuelto a demostrar que el aumento de la fianza que le impuso el juez Grande- Marlaska no representa disuasión alguna para este delincuente, condenado ya en dos ocasiones y procesado por pertenecer al entramado de ETA en grado de dirigente. Esta aparición de Batasuna como organización política, identificándose como tal y con total publicidad, se produce pocos días después de que la Fiscalía apoyara- -y el Tribunal Superior del País Vasco la concediera- -la suspensión de la condena a un año de prisión que impuso el Supremo a Otegi por injuriar a Don Juan Carlos. Atribuía la Fiscalía a Otegi la imagen de una persona que no delinquirá en el futuro No ha hecho falta mucho tiempo para acreditar otra vez que los nuevos criterios de la Fiscalía sobre la izquierda proetarra carecen de solvencia. De la adecuada valoración legal de esta última actuación de Otegi y, en general, de Batasuna dependerá la autoridad misma del Estado de Derecho. O se aplica la ley, o vencen los L terroristas a los que Otegi representa, pone voz y sirve con complicidad entusiasta. Están en juego, por tanto, la superioridad del Parlamento, a través de la vigencia de la ley de Partidos; la primacía del Poder Judicial, en el respeto a la sentencia firme del Supremo que ilegalizó Batasuna y en el auto de Grande- Marlaska, que suspendió sus actividades por segunda vez; la integridad de la Constitución, en el acatamiento a las sentencias del TC que han refrendado la ley de Partidos y las decisiones judiciales que la han aplicado sucesivamente. Nada representa Otegi que justifique el sacrificio de los fundamentos del Estado de Derecho. Todo lo contrario. Él y el resto de dirigentes de Batasuna encarnan exactamente todas las amenazas y agresiones sufridas por ese Estado y la sociedad española en cuarenta años de terrorismo. Sus advertencias coactivas de que el proceso abierto tras la tregua etarra se encuentra en un momento de extrema gravedad no son más que la sombra de las pistolas con la que quiere esconderse frente a la acción de la Justicia. El Gobierno y la Fiscalía tienen la obligación de actuar contra Otegi y todos aquellos que sistemáticamente se burlan del Estado y de la ley.