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4 Opinión MIÉRCOLES 24 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil BRUSELAS TIENDE LA MANO C LOS COSTES DE LA DISCORDIA L proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía inició ayer el procedimiento de aprobación parlamentaria con su admisión a trámite por el pleno del Congreso. El Partido Popular votó en contra, como había anunciado previamente y en coherencia con la actitud mantenida durante la tramitación del texto en la Cámara andaluza. Además, Mariano Rajoy, en su intervención, volvió a demostrar su altura en la esgrima parlamentaria con un discurso de hondo sentido de Estado. Conviene aclarar que la oposición del PP no era su criterio inicial, pues había alcanzado con el Gobierno y el socialismo andaluz un consenso básico que los socialistas rompieron al modificar el preámbulo del proyecto mediante la supresión de la referencia a la unidad de España y la incorporación de la definición de Andalucía como realidad nacional Por tanto, la discordia a cuenta de esta reforma estatutaria tiene una causa concreta que no se debe obviar a la hora de valorar las actitudes de cada partido y, sobre todo, la sinceridad de sus propuestas de consenso para el futuro. Lo más grave es que esta nueva discrepancia entre el PSOE y el PP, unida a otras, trasciende los problemas específicos de la reforma estatutaria andaluza. Se trata de un mal que identifica a la presente legislatura, que ha tomado un rumbo difícilmente corregible porque se asienta en la provocación de un conflicto permanente con el PP para imposibilitar cualquier acuerdo político entre el Gobierno y la oposición. El resultado es palpable ya en el Estatuto catalán, que se someterá a consulta popular el próximo 18 de junio, y en otras reformas orgánicas de calado constitucional, como las que se proponen para el Poder Judicial, afectadas todas estas iniciativas de una quiebra profunda del consenso en el desarrollo de lo que es el bloque de constitucionalidad. El consenso constitucional es algo más que un mero estado de apaciguamiento entre el Gobierno y la oposición: es una regla de comportamiento democrático que, sin estar escrita, debe vincular a los únicos partidos con opciones de gobernar España a comprometer denominadores comunes sobre las cuestiones de Estado. Simplemente porque el Estado necesita continuidad, al margen de los cambios que impongan los procesos electorales. Y esto es precisamente lo que la actual legislatura socialista ha desmantelado, por- E que el PSOE ha decidido que bastan mayorías exiguas- -con porcentajes poco superiores a la mitad del Parlamento- -para modificar aspectos sustantivos del desarrollo constitucional, como el modelo territorial del Estado, la unidad del Poder Judicial o el principio nacional de España. El problema de los estatutos andaluz y catalán, más allá de los conflictos durmientes que encierran- -que van desde la financiación privilegiada al blindaje de competencias y ríos; desde la fragmentación de la Justicia a la instauración de un modelo confederal- es que representan una forma de gobierno que reduce las cuestiones de Estado a objetivos de partido. La consecuencia, aparte la litigiosidad constitucional que se avecina junto con el descosido de las relaciones entre comunidades y la generación de agravios de todo tipo, es que asienta el precedente para que el PP pueda, legítimamente, emprender una reversión de estas decisiones cuando llegue al poder. El PSOE está gobernando no sólo como si tuviera mayoría absoluta- -que no la tiene- sino también como si pensara que va a permanecer indefinidamente en el Gobierno. El error es de cálculo político elemental, pero también de soberbia, que le lleva a ignorar la opinión mayoritariamente negativa de los españoles sobre las reformas estatutarias que incorporan sesgos nacionalistas, como la andaluza, o tesis soberanistas, como la catalana, así como el pesimismo sobre el futuro político y económico. Nadie tiene garantizada la continuidad en el poder. El pronóstico general no invita al optimismo. Todo lo contrario. Se está pagando un altísimo precio político- -en el empeoramiento del clima social, en las relaciones entre el Gobierno y la oposición, en el deterioro del consenso- -por reformas institucionales muy graves y que, además, se aprueban sin garantía alguna de estabilidad. Pasados dos años de mandato socialista, el Gobierno no debería mostrarse satisfecho por haber protagonizado la etapa de mayor desencuentro político de la democracia en torno a las cuestiones de Estado. Se están sustituyendo políticas esenciales, dotadas de amplio apoyo, por pactos coyunturales con respaldos de minorías de extrema izquierda, nacionalismos radicales o no tan radicales, pero carentes, en general, de un sentido nacional de la política de Estado. Costes muy altos para pagar una política partidista. EVITAR EL CIERRE DEL ALBÉNIZ A cultura es una de las raíces que más firmemente unen a un pueblo con el suelo que pisa, y también uno de los abonos que más contribuyen al crecimiento y al desarrollo de una sociedad. El teatro se convierte así, como manifestación cultural, en una voz imprescindible que la llena de oxígeno y le otorga verdor y frescura. Derribar un teatro es, por tanto, amputar una parte necesaria para cualquier comunidad y para quienes la habitan. En Madrid, las gentes del teatro han alzado la voz estos días para protestar contra el cierre y posterior derribo del teatro Albéniz, uno de los lugares que más brillo han otorgado en los últimos años a la escena madrileña. Levantado hace sesenta años a pocos metros de la Puerta del Sol, su gestión depende desde mediados de los años ochenta de la Comunidad de Madrid. Protegidos el edificio y su uso por el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de la capital, sus dueños- -una familia particular- -recurrieron esa protección y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, primero, y después el Tribu- L nal Supremo les dieron la razón, y les dieron también luz verde para su venta. Ésta se produjo hace unos meses, y es la que ha motivado la reacción del mundo del teatro. El Albéniz es quizá más que un edificio. Gracias fundamentalmente a la labor de Teresa Vico, que lo dirigió durante más de quince años y hasta su repentina muerte, en diciembre de 2003, el teatro se convirtió en un lugar de encuentro esencial para las gentes de la escena, y lo sigue siendo hoy; no sólo por los espectáculos que se ofrecían en él, sino también, y muy especialmente, por la calidez del entorno y el ambiente que en él se respira. No es fácil, con una sentencia judicial por medio, que las Administraciones puedan devolver la protección al edificio, pero seguro que la Comunidad de Madrid, hoy en día su gestora, explora todas las posibilidades que permitan prolongar la vida de un espacio- -situado a pocos metros de la sede de su Presidencia- -dedicado al enriquecimiento cultural de los madrileños durante más de medio siglo. Hay esfuerzos que merece la pena llevar a cabo, y evitar la tala del teatro Albéniz es uno de ellos. UANDO se ven desbordados por los acontecimientos, los gobiernos suelen acudir a Bruselas en busca de la salvación que no han sido capaces de encontrar en su propia casa. Sin embargo, lo que pocas veces reconocen es que la Comisión Europea solamente tiene competencias en los campos en los que los países se las otorgan, y, por ahora, la mayoría de las políticas que afectan al problema de la inmigración ilegal no han sido transferidas, y las más importantes permanecen bajo siete llaves en las capitales respectivas. Al contrario, las regularizaciones masivas unilaterales, como la que se produjo el año pasado en España, y que ha provocado un innegable efecto llamada por mucho que el Ejecutivo se esfuerce en negar la evidencia, son un claro ejemplo de decisiones de un país que perjudican manifiestamente a las políticas de los otros y que enrarecen el necesario ambiente de confianza entre los europeos. Es muy fácil adoptar decisiones discutibles pensando exclusivamente en efectos políticos a corto plazo y acudir después a Bruselas en busca de ayuda cuando aparecen los problemas. Pese a ello, es de justicia reconocer que la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega se ha remangado esta vez, en un gesto que contrasta con la incomprensible distancia de sus compañeros de gabinete directamente afectados por el problema de la avalancha de emigrantes africanos. Su viaje en busca de soluciones tras la comprensible alarma que se ha desatado en el archipiélago canario y en el resto de España no ha resultado baldío. La Comisión Europea ha tenido una reacción encomiable, teniendo en cuenta su escaso margen de maniobra real, y el vicepresidente Franco Fratini ha ofrecido al Gobierno español todos los medios disponibles para dejar claro que en Bruselas no falta voluntad política para intervenir cuando uno de los estados miembros lo necesita. El Gobierno ha aceptado la ayuda militar urgente de otros ocho países miembros para vigilar el espacio aéreo marítimo de Canarias, una medida que se produce cuando todavía no se había ventilado el debate sobre la necesidad de que interviniese la Armada española. En todo caso, es bueno saber que España cuenta con la solidaridad de los demás países miembros de la Unión Europea, algo que no se había puesto en duda. Pudiera resultar extraño descubrir que la Armada y el Ejército del Aire necesitan ayuda militar internacional para proteger a las Islas Canarias de una invasión de cayucos, pero, en cualquier caso, el problema es de tal dimensión que hay que agradecer el gesto europeo. Sobre todo, porque pone de manifiesto que para tratar de resolver el problema de la inmigración ilegal no hay nada peor que apostar, como hizo este Gobierno, por soluciones unilaterales condenadas inevitablemente al fracaso.