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ABC MIÉRCOLES 24 5 2006 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC DERECHO AMBULANTE Se está provocando una radical mutación interpretativa de la Constitución, con el agravante de hacerlo además en un preámbulo; para que quien puede y debe tenga más difícil poner las cosas en su sitio... L A chica de Chambao lo canta bastante clarito: no vale la pena andar por andar; es mejor caminar para ir creciendo O sea, que mejor ambular, sabiendo hacia dónde, que jugar a la gallina ciega sin horizonte conocido. Esta es sin duda la función de cualquier preámbulo o exposición de motivos de una norma legal: avisar de hacia dónde se ambula, o qué motiva los pasos del autor, para que nadie pueda luego llamarse a engaño. Sentado lo cual, marear sobre si los preámbulos son o no derecho es sólo un modo eficaz de evitar la pregunta crucial: si alguien tiene o no derecho a promulgar preámbulos y para qué. La respuesta admite hasta tres variantes. 1. Los preámbulos de las leyes son pura exaltación mística o desahogo cultural. Si se opta por esta acepción, toda promulgación resultaría no sólo ociosa sino perturbadora. Ni siquiera las ocurrencias de los intelectuales orgánicos de turno o las efusiones de los poetas de plantilla se publican en el BOE. Su stand propio lo suelen encontrar en la Feria del Libro, sin perjuicio de que algún parlamentario (banco azul incluido) pueda utilizarlos para entretener furtivos ocios, e incluso se ufanen de ello. 2. Los preámbulos, como su mismo nombre indicaría, no son normas legales. Sólo éstas ambulan pues en sentido propio. Los preámbulos no pasarían de meros principios, facilitando algo así como un precalentamiento. De ahí que consistan en levitaciones y estiramientos rituales y rítmicos, a los que se atribuye, por razones poco contrastadas, dotes favorecedoras de elasticidad y precautorias de molestas contracturas. que conduce un vehículo con motor diésel y lo alimenta con gasolina, por muy súper que ésta presuma ser. Dime con qué principios andas y te diré en qué sentido norma eres. Visto lo visto, sugerir que los preámbulos no son jurídicos es aferrarse a un periclitado normativismo. Aún hay quien actúa como si la realidad jurídica consistiera en un conglomerado de textos, mejor o peor pero siempre articulados; en realidad derecho es el sentido (cambiante y necesitado de interpretación) que dichos textos acaban cobrando. Una norma sin principios interpretativos es una norma sin sentido (jurídico, al menos) 3. Los preámbulos legales, o sus equivalentes exposiciones de motivos, no son susceptibles de control de constitucionalidad, lo que probaría su inanidad jurídica. o vendría mal preguntarse por qué. El propio Tribunal Constitucional decidió, en efecto, liberarse por esa vía de dar respuesta a la peliaguda pregunta de si existen realmente pre- embriones No dijo ni que sí ni que no; se acodó en el confortable burladero de que las exposiciones de motivos carecen de valor normativo y dejó que al asunto le dieran los tres avisos de rigor. No faltó, sin embargo, quien se apresurara a hacer de ventrílocuo constitucional: si un preámbulo no tiene realidad normativa un pre- embrión no tendrá realidad humana; pura rima en presonante. En todo caso, quien hoy sugiriera que esos seres humanos, legalmente motejados como pre- embriones, no existen realmente en nuestro ordenamiento jurídico, por no figurar en artículo alguno, aparecería con toda razón como un indocumentado. Sólo quien, sabiéndolo o no, suscribe un normativismo que reduce la realidad jurídica a articulado legal, podría atribuir a tan curiosa razón la renuncia del Tribunal Constitucional a pronunciarse. Olvidaría que tampoco admite el Tribunal recursos de amparo ante vulneraciones de los principios contenidos en los artículos 39 a 52 de la Constitución y a nadie se le ocurrirá deducir de ello que no son jurídicos. Si a todas las cuestiones respecto a las que el Tribunal Constitucional dispone de motivos para no pronunciarse les negáramos realidad jurídica, dejaríamos nuestro ordenamiento jurídico en el chasis. Esbozadas las tres versiones, vayamos pues a la auténtica cuestión: algunos, que saben que los principios son tan jurídicos como las normas, han sembrado de principios o de términos susceptibles de operar como tales un preámbulo, conscientes de que el Tribunal Constitucional cuenta con precedentes oportunos para no ejercer sobre él su control. En tal preámbulo no se limitan, como se ha dicho sin rigor, a contarnos lo que el Parlamen- N to de Cataluña ha tenido a bien presentar como mera constatación fáctica: que no pocos catalanes se consideran una nación. Tampoco se han conformado con identificar tan entrañable sentimiento con lo que la Constitución denomina nacionalidad Han tendido un silenciado puente para hacer posible un nítido movimiento ambulatorio: nos hallamos- -se nos dice- -ante una realidad nacional que es la que habría sido enigmáticamente calificada como nacionalidad en el texto constitucional. Se está provocando así una artificiosa interpretación auténtica de la Constitución por vía colateral; al resultar previsible que el Tribunal puede autoprohibirse hacerla él mismo anulando la ajena. La famosa y post- tejeriza Ley de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa) aprobada con la abrumadora mayoría de UCD y PSOE, fue sin embargo anulada por el mismo Tribunal. La ley cometía la ingenuidad de reconocer en su propio articulado a las Cortes capacidad para interpretar lo que se entendería como básico a efectos competenciales; el Tribunal no se dejó en aquella ocasión suplantar y dejó sentado con toda severidad que sólo los magistrados constitucionales podrían llevar a cabo, en caso de discrepancia, tal interpretación. A L a idea de que los principios jurídicos sólo tienen de tal el nombre goza de larga tradición. Hace treinta años se los solía tachar aún de políticos prolongando decenios anteriores en los que la política era eso que hacían los otros y se consideraba, en el mejor de los casos, tarea poco seria. Nuestro propio Tribunal Constitucional tuvo que recordar a algún juez que atribuir a principios constitucionales (como el de igualdad) la misma consistencia jurídica que a las fenecidas Leyes Fundamentales del franquismo era todo un dislate. Poco a poco se ha acabado imponiendo que los principios son tan jurídicos como las normas. No sólo influyen de hecho sobre la vida y hacienda de los ciudadanos tanto como ellas sino que, sin la brújula de los principios, las normas mismas pierden toda capacidad ambulatoria; como si se quedaran sin gasolina. Según qué principio las hace ambular, pueden cumplir su objetivo con puntualidad o quedar bloqueadas; como suele ocurrir al que olvida hora la mayoría de un Parlamento autonómico, coaligada con la mayoría del Congreso de los Diputados, pudiendo plasmar sus legítimas opciones en el articulado del Estatuto, han preferido recurrir al top- manta en su preámbulo para realizar una interpretación de mucho mayor alcance: Cataluña pasa de nacionalidad a realidad nacional El problema no radica en si los preámbulos son derecho o poesía mística. Por supuesto que son jurídicos. Podrá discutírseles valor normativo e incluso ello podría servir de nuevo al Tribunal Constitucional de argumento para eximirse de un enojoso control; pero nadie puede discutir la relevancia jurídica de sus términos, ni su capacidad para operar como principios interpretativos de las normas que integran su articulado. No se ha concedido algo sólo en el preámbulo, para dar inocentemente pie a un espumoso brindis. Se está provocando una radical mutación interpretativa de la Constitución, con el agravante de hacerlo además en un preámbulo; para que quien puede y debe tenga más difícil poner las cosas en su sitio. Si se sabe lo que se hace, se está consumando un claro fraude a la Constitución. Pokito a pokito como apuntaría nuestro fondo musical; chateand sin duda, a juzgar por la ortografía... ANDRÉS OLLERO TASSARA