ABC MADRID 22-05-2006 página 17
- EdiciónABC, MADRID
- Página17
- Fecha de publicación22/05/2006
- ID0004960910
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ABC LUNES 22 5 2006 Nacional 17 OPERACIÓN ATRIO EL FRENTE POLÍTICO El PSOE votó contra la regulación de las sociedades de bienes tangibles Justificó su no en 2003 en que tenía que ir en la ley de Acompañamiento b La aprobó en el Senado, cuando LOS ARGUMENTOS DE MAITE COSTA: Votaremos en contra de la disposición adicional cuarta nueva, porque no tiene nada que ver con el objeto de esta ley Debería haberse incorporado en la ley de Acompañamiento el objetivo de poder presentarse con este sello de legalidad Al negarse a dejar que estas sociedades actuaran bajo el paraguas del Banco de España y la CNMV, el Gobierno del PP aplicó la misma doctrina que se sigue en el resto de los países de la UE, donde estás sociedades no están regidas por los organismos supervisores. el Grupo Popular introdujo la disposicional adicional IV, pero no quiso apoyarla en la última votación en el Congreso de los Diputados PALOMA CERVILLA MADRID. La tramitación parlamentaria de la ya conocida diposición adicional IV, la única legislación existente sobre las sociedades de bienes tangibles como Fórum Filatélico y Afinsa, se resolvió sin el apoyo final del PSOE, ya que se negó a votar a favor en la última votación en el Congreso, según consta en las actas de la sesión con fecha de 16 de octubre de 2003. Esta disposición adicional fue introducida por el PP a la ley de instituciones de inversión colectiva en la tramitación en el Senado, que contó con el respaldo de 181 votos a favor y dos en contra, de los 183 emitidos. Por tanto, los populares contaron, en esta primera lectura, con el apoyo de los senadores socialistas. Sin embargo, cuando el texto llegó al Congreso de los Diputados para su ratificación final, el PSOE votó en contra de esta diposición adicional. La portavoz socialista Maite Costa, hoy presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, justificó la negativa de su grupo en que esta disposición tendría que haberse introducido en la ley de Acompañamiento de los presupuestos. Así expresaba Maite Costa su voto contrario a la única legislación que, por primera vez, se elaboraba para intentar controlar a estas sociedades: Votaremos en contra de la disposición adicional cuarta porque entendemos que no tiene nada que ver con el objeto de esta ley y que debería, en todo caso, haberse incorporado en la ley de Acompañamiento noviembre de 2003 y que cuenta con un plazo de un año para su adaptación, hasta junio de 2004 no hay obligación de entregar esta documentación a los responsables de su control. ¿Por qué decidió el PP introducir esta disposición adicional? El Gobierno ya conocía la existencia de la denuncia un particular sobre posibles irregularidades en este tipo de sociedades, y se solicitaron informes al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para conocer quien tiene la obligación de supervisar esta actividad empresarial y si es competencia suya tramitar la denuncia. Ambos organismos aseguraron que no. Entonces, se solicitaron informes a la Aboga- cía del Estado, que las consideró sociedades de intermediación de productos tangibles y cuya regulación y supervisión pertenecía a Consumo. Este informe de los abogados del Estado les llevó a introducir en la ley la responsabilidad de las autoridades de Consumo, el Ministerio, a juicio del PP, y las comunidades autónomas, según el PSOE. Con ello se pretendía que si estas sociedades se extralimitaban nunca pudieran decir que tenían el respaldo del Banco de España y de la CNMV aseguran fuentes consultadas por ABC. De hecho, Fórum Filatélico y Afinsa pidieron en reiteradas ocasiones someterse a la regulación de estos dos organismos supervisores, con Competencias autonómicas Uno de los aspectos que está suscitando más polémica en esta disposición adicional IV es la referencia a las competencias de consumo, si se entiende que radican en las comunidades autónomas o en el ministerio. Inicialmente, en la tramitación de la ley en el Senado se introdujo una enmienda en la disposición adicional IV que especificaba que correspondía a las comunidades autónomas. En la redacción final en el Congreso se descartó. Las fuentes consultadas por ABC apuntan que las comunidades autónomas no pueden inspeccionar y controlar unas sociedades, como las de bienes tangibles, que tienen ámbito nacional y, por ello, el desarrollo de la ley corresponde al Ministerio. PP y CiU piden un fondo para los afectados El Congreso de los Diputados debatirá en el pleno del Congreso del jueves la creación de un fondo para ayudar a recuperar sus ahorros a los afectados por la presunta estafa filatélica en las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa. En concreto, PP y CiU presentarán dos mociones consecuencia de las interpelaciones que el pasado miércoles dedicaron a este tema. Ambas formaciones propondrán al Gobierno medidas dirigidas a que los afectados por la presunta estafa filatélica recuperen su dinero a través de un fondo de garantía o asistencial, matiz introducido por los nacionalistas catalanes, al opinar que se trata de productos de compraventa, pero no financieros. En concreto, el PP pide promover la creación de un fondo de garantía de bienes tangibles equivalente al fondo de garantía de depósitos gestionado por el Banco de España y el de inversiones de la CNMV. Más de 400.000 afectados El PP, en palabras del diputado Vicente Martínez Pujalte, argumentó su voto positivo en que nos parece muy importante la disposición adicional cuarta porque también da garantías a los inversores en un tema que está actualmente desarrollándose, como son los fondos sobre bienes como el arte, los sellos, etcétera Después, cuando el PSOE ganó las elecciones en 2004, no modificó esta normativa ni introdujo en las sucesivas leyes de acompañamiento la regulación de una actividad empresarial sobre la que la Agencia Tributaria estaba investigando una estafa que puede afectar a más de 400.000 personas. En esta disposición adicional que incorporó el PP se establecía ya un primer control para poder conocer la situación financiera de estas sociedades, como era la obligación de presentar una auditoría a las autoridades competentes en materia de Consumo. Toda vez que la ley entró en vigor en