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4 Opinión LUNES 22 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LAS FAMILIAS, CADA VEZ MÁS ENDEUDADAS ES a mes, sin pausa y desde hace tiempo, el endeudamiento de las familias españolas se incrementa a un ritmo superior al 20 por ciento. El apreciable crecimiento económico anual- -cifrado ahora en el 3,5 por ciento del PIB- -se sustenta en buena medida en ese aumento del endeudamiento de las familias, que se traduce, fundamentalmente, en la adquisición de viviendas y también de otros bienes de consumo, carburantes de una intensa demanda interna que alienta el crecimiento. A finales de febrero, según datos facilitados por el Banco de España, la deuda de las familias superó los 667.000 millones de euros, 117.000 más que un año atrás. De esas cifras, casi el 75 por ciento corresponde a créditos hipotecarios (en su inmensa mayoría, primeras hipotecas, otorgadas para la adquisición de viviendas) y, en muy pequeña porción, para financiar la adquisición de otros bienes. El 25 por ciento restante corresponde a créditos al consumo, variable que crece a un ritmo muy inferior al hipotecario. Que ese crédito al consumo aumente más del 10 por ciento en términos interanuales no es un dato irrelevante- -es un porcentaje muy superior al del deflactor del PIB- lo que pone de relieve la existencia de una sociedad, muy confiada, que quizás hubiera de reforzar su responsabilidad antes que vivir por encima de sus posibilidades. Este diagnóstico se acentúa a la vista de la evolución del mercado hipotecario, que incrementa el número de operaciones y también el volumen medio de cada una de ellas, pues ha de financiar viviendas cada vez más caras. El aterrizaje suave del mercado inmobiliario vendrá de la mano de una menor presión de la demanda. A ello contribuirá, sin duda alguna, la subida de los tipos de interés (el euribor ha pasado del 2,22 el pasado septiembre al 3,22 en abril) pero está por ver que la teoría se convierta en práctica, sin que haya que descartar algún batacazo en la toma de tierra. Hasta ahora, las referencias que facilitan las entidades financieras en cuanto a morosidad no revelan nada alarmante, pero es sensato apreciar que el encarecimiento del crédito pasará factura y pondrá en riesgo operaciones demasiado ajustadas. Por el momento, el endeudamiento de las familias está sustentado en activos reales, al soportar incrementos simétricos del patrimonio de esas mismas familias. Pero la deseable moderación de los precios inmobiliarios, sobrevalorados tal y como reitera el Banco de España, tendrá efectos- -por ahora imprevisibles- -que pueden llevar a no pocos a lamentar la hora en la que asumieron deudas superiores a lo que podrán soportar. El espectacular endeudamiento de las familias pone de manifiesto debilidades de fondo del conjunto de la economía española. Lo vienen advirtiendo no pocos analistas, pero nadie lo tiene en cuenta. Y últimamente hemos comprobado, en asuntos económicos, que es bastante mejor prevenir que curar. M ZAPATERO SE VERIFICA ANTE ETA... U NA semana después de que ETA comunicara formalmente, a través del diario Gara que su tregua no es definitiva y que el cese de la violencia está condicionado al logro de sus objetivos políticos tradicionales, el presidente del Gobierno anunció ayer, no obstante, que va a dialogar directamente con los terroristas. La confrontación de intenciones- -la de ETA y la del Ejecutivo- -choca con la lógica de un Estado al que los etarras han agredido sistemáticamente para lograr su claudicación. Por eso, el anuncio de Rodríguez Zapatero cancela de golpe, gratuitamente y sin apenas dignidad, la cuenta de sacrificios y voluntades que se habían acumulado en estas décadas con un solo propósito: el de derrotar a ETA sin condiciones. La respuesta esperada no ha llegado. El jefe del Ejecutivo, como le pedíamos desde estas mismas páginas hace una semana, no ha dicho no a ETA. Ha dicho sí Pese a que la banda exige, pura y simplemente, el desmantelamiento del Estado en el País Vasco, la derogación de la Constitución y la impunidad de sus múltiples crímenes. Pese a que ETA no ha pedido perdón a las víctimas, ni ha mostrado voluntad alguna de desaparecer ni de desarmarse. Pese a todo esto, el presidente del Gobierno ha aceptado dialogar con ETA. En estas condiciones, Rodríguez Zapatero no debe recibir el visto bueno de la sociedad española para sus contactos con ETA. No era esto para lo que, generosamente, se le reconoció el derecho legítimo a buscar el fin de la violencia. Ahora se aleja de esa legitimidad porque el presidente del Gobierno ha decidido embarcarse en este proceso incumpliendo una parte sustancial de las condiciones de la resolución del Congreso de los Diputados, aprobada a iniciativa suya en mayo de 2005, que exigía clara voluntad para poner fin a la violencia, así como actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción y añadía que la violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje La negación de la realidad se ha convertido en la consigna del Gobierno para mantener a flote un proceso de paz que ETA había puesto en un callejón sin salida con su entrevista en Gara Dos opciones tuvo entonces el Ejecutivo: aferrarse a la dignidad o plegarse ante el ultimátum. Y esto último parece que es lo que ha hecho, con el craso error de echarse a la espalda la suerte de los acon- tecimientos futuros, de liberar a ETA de la carga de la prueba y de trasladar a los españoles que hay negociación política con los terroristas. La explicación de esta decisión de Rodríguez Zapatero- -que puede ser suicida para su legislatura- -quizá radique en la constatación por sí mismo del fracaso del proceso, a la vista de que ETA es irreductible a la seducción del mandato rupturista abierto el 14- M. Quizá no esperaba el presidente del Gobierno que la banda realmente no fuera un producto del pasado franquista o una secuela del aznarismo; quizá creyó que ETA era fruto de una composición defectuosa de la democracia española y que él estaba llamado por la Historia a enmendar el error. Pero hace apenas unos días, el ministro del Interior reconocía que no tenía la convicción de que ETA hubiera decidido dejar la violencia. Y hace una semana que los terroristas se han ratificado en el pliego de condiciones para la derrota del Estado español, los mismos terroristas que disculpan- -y esconden la mano- -los atentados de Guecho y Barañáin y que reconocen seguir extorsionando para financiarse. El problema es que el Gobierno ha decidido que estas realidades no estropeen la agenda del presidente, aunque esto suponga privar a sus decisiones de cualquier sentido ético y de justicia. La emisión del mensaje de ayer parece un intento, voluntarista, de huir hacia adelante sin atenerse a la horma de lo sensato. Como en el seno del Ejecutivo se admite, Zapatero intenta que el proceso no se pudra No es nueva esta estrategia: el presidente suele acudir a ella cuando la realidad no se ajusta a sus pronósticos optimistas, como quedó demostrado en el nuevo Estatuto catalán. Quizá ahora cobra todo significado que el presidente del Gobierno dijera de Arnaldo Otegi que ha venido manteniendo un discurso a favor de la esperanza de paz mientras el delincuente batasuno estaba en prisión provisional; o que calificara como accidentes los posibles atentados que pudieran producirse. Simplemente, avisaba de que las tragaderas de este Gobierno son amplias y ETA, que lo sabe, se ha aprovechado, de forma que, hoy mismo, sus dirigentes ya han verificado que el Ejecutivo acepta negociar con ellos, y no después de un gesto de rendición, desarme y perdón, sino de reafirmación en los mismos postulados por los que han asesinado a casi mil españoles. ...Y BUSCA ENTRAMPAR A RAJOY E L anuncio hecho ayer por Zapatero en Baracaldo convierte en pura propaganda la posible convocatoria del Pacto Antiterrorista y revela la deslealtad del presidente del Gobierno hacia Mariano Rajoy. El líder de los populares no fue informado previamente de que Zapatero haría pública ayer su decisión de dialogar con ETA, pese a que Rajoy ha mantenido en todo momento una actitud impecable de respaldo al Gobierno, incluso en contra de informaciones que invitaban a adoptar una actitud de oposición desde el principio. En estas condiciones, el PP está legitimado para revisar su posición ante el proceso de diálogo con ETA y para negar formalmente su apoyo a Rodríguez Zapatero. Un apoyo que se dio para una cooperación que reactivara la política antiterrorista como cuestión de Estado y para que el proceso de contactos con ETA condujera a su disolución y desarme. Desde ayer, constatado que el Ejecuti- vo no tiene hechuras políticas para plantar a ETA en esta coyuntura, los populares han de asumir la responsabilidad de trasladar a la opinión pública que este proceso es inviable y que su punto de partida es una abdicación de valores democráticos esenciales. No han de preocuparse los populares por la reacción de la sociedad española, pues ETA le ha generado una fibra ética más fuerte que la más tenaz de las manipulaciones a la que pueda someterla el PSOE. Ya no tiene ningún sentido que el Gobierno convoque el Pacto Antiterrorista. Si lo hace, sólo agravará aún más su empeño en convertir este proceso en una sucesión de ficciones sostenida sólo por el ansia de paz de los españoles. Pero esto no es legítimo, y no se puede pedir a Rajoy que participe en una política ilegítima que pone en juego la supremacía del Estado sobre los terroristas y la fuerza de la libertad sobre la de la violencia.