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4 Opinión DOMINGO 21 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL ERROR DE LA CÁRCEL DE GUANTÁNAMO A situación de la cárcel instalada en la base de Guantánamo es inadmisible desde hace mucho tiempo y desde cualquier punto de vista, sea jurídico, político o ético. Estados Unidos debe asumir que su legítimo derecho a combatir el terrorismo y a establecer medidas legislativas excepcionales no comprende la licencia impune para hacer tabla rasa de los Derechos Humanos y las garantías procesales de los sospechosos. Más de cuatro años después de que Guantánamo recibiera los primeros talibanes detenidos durante la campaña de Afganistán, cabe pensar que se han tenido que alcanzar todos los objetivos marcados al inicio de esta reclusión indefinida. Sin juicios legales, sin estatuto procesal determinado, sin condición jurídica que les someta a una u otra legislación nacional o internacional, con denuncias fundadas de malos tratos continuados, físicos y psíquicos, Guantánamo debe desaparecer. Y debe hacerlo no sólo como método de tratamiento carcelario a los sospechosos de terrorismo, sino también como forma de entender la lucha global antiterrorista. Las excarcelaciones sin cargos producidas en los últimos meses demuestran que, junto a probables- -y más que eso- -terroristas, estaban internados inocentes. Estados Unidos tiene motivos para, en muchos aspectos de su política exterior, no sentirse emplazado por las críticas europeas, sobre todo cuando éstas responden no a convicciones propias sino a la falta de las mismas y, fundamentalmente, a un profundo complejo frente al amigo americano. Pero, en el caso de Guantánamo, los reproches no son de oportunidad ni de táctica: no hay coyunturalismo político, ni sensibilidad impostada. Son la expresión de un determinado estado de la conciencia política y de la ética jurídica. El primer motín de reclusos, producido el pasado viernes, y el intento de suicidio de cuatro de ellos revelan un estado de desesperación en el que está en juego no la eficacia antiterrorista, sino la capacidad de las democracias para defenderse, implacablemente llegado el caso, incluso con la fuerza militar, sin perder su identidad de sistemas liberales basados en el respeto a los derechos individuales. De ahí que Estados Unidos deba entender que sus aliados se sientan concernidos por la situación insostenible de Guantánamo. La ONU también ha pedido su cierre, extendiendo aún más la opinión internacional contra la cárcel de la base americana- -instalada en el territorio de la gran cárcel castrista- aunque lo cierto es que los criterios de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos habrá que tomarlos con reservas, a la vista de que países como Cuba, China o Arabia Saudí se han incorporado al nuevo organismo- -el Consejo- -encargado de velar por ellos. La cárcel de Guantánamo tiene que terminar. L CREDENCIALES PARA UN CONFLICTO A presentación de cartas credenciales por parte del nuevo embajador de España ante la Santa Sede ha sido mucho más que un intercambio de cortesías protocolarias. Más acostumbrado a la política local que a las sutilezas diplomáticas, Francisco Vázquez ha estrenado su cargo como destinatario de un discurso de Benedicto XVI que refleja el desagrado de la Iglesia ante determinadas decisiones del Gobierno socialista. El Papa ha reiterado las líneas maestras de la doctrina cristiana con el rigor conceptual que le permite su reconocida formación intelectual. Ante todo, el derecho a la vida desde la concepción hasta el ocaso natural hermosas palabras que renuevan el rechazo rotundo al aborto y a la eutanasia. También, el deber del Estado de mantener la enseñanza de la Religión en una posición equiparable al resto de asignaturas fundamentales, como exigen los acuerdos entre la Iglesia y el Estado de 1979, que han funcionado hasta ahora a satisfacción de ambas partes. Además, la defensa de la familia y el matrimonio en su configuración genuina recordada por Benedicto XVI reflejan el malestar de la Iglesia ante la ley sobre las bodas homosexuales. Este tema será eje de la visita del Pontífice a Valencia el próximo mes de julio. Aunque los protagonistas han cambiado, el acto de ayer y la amarga queja vaticana recuerda la presentación de credenciales del anterior embajador, Jorge Dezcallar, ante Juan Pablo II, lo que demuestra que las relaciones entre la Santa Sede y el Gobierno no han mejorado desde entonces. De nuevo, otro traspiés en política exterior, apartado que se está convirtiendo en una de los principales pistas de patinaje del Gobierno socialista y, en lógica transmisión, en uno de los calvarios más notables para los intereses españoles. Es cierto que el nombramiento de Vázquez (un político que ha proclamado su condición de creyente) prueba el deseo de Moncloa por dar un nuevo enfoque a dichas relaciones. También lo ha intentado, sin demasiado éxito, la vicepresidenta Fernández de la Vega con ocasión de sus visitas a Roma. En la misma línea, el ex alcalde de La Coruña dijo en su discurso ante el Papa cosas tan sensatas como que la Constitución no establece un Estado laicista, que España no se entiende sin la condición católica (con lo que segura- L mente no están de acuerdo principalísimos dirigentes de su partido) pues impregna nuestra historia y cultura, y que la Iglesia realiza una labor social que merece el máximo reconocimiento de los poderes públicos. Sin embargo, no ayudan al buen entendimiento las palabras del secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, que estima más oportuno hacer más caso al programa socialista que al catecismo. Sin embargo, los gestos y las buenas palabras no son suficientes si no van acompañados de hechos concluyentes. Por ahora, Zapatero ha optado por una política llena de guiños hacia los sectores más radicales (minoritarios, por cierto, incluso entre sus votantes) que hacen gala de una posición anticristiana como si fuera seña de identidad de un falso progresismo. Dentro del propio PSOE se han producido desacuerdos entre grupos que defienden las ideas de un socialismo cristiano y otros que hacen bandera de la laicidad. Estos últimos deberían leer con atención las palabras de Benedicto XVI sobre la Iglesia como defensora de los Derechos Humanos, en particular de los más débiles, como son los no nacidos, los niños o los ancianos. También deberían ser conscientes del papel que desempeñan las instituciones eclesiásticas en el desarrollo de obras sociales que favorecen igualmente a los grupos más vulnerables de la sociedad, incluidos los inmigrantes o los enfermos. Así pues, si el Gobierno quiere mejorar las relaciones con la Santa Sede tiene que adoptar una serie de medidas concretas en materia educativa y de financiación que vayan más allá de la retórica sin compromiso, y debe garantizar que no se aprobarán nuevas leyes contrarias a la moral católica; en particular, sobre el mal llamado derecho a una muerte digna que encubre el reconocimiento de la eutanasia. Conviene destacar, por último, la mención específica que hizo el nuevo embajador al papel de la Iglesia en el proceso abierto tras el alto el fuego de ETA. El asunto exige máxima prudencia y sentido común porque- -como es notorio- -afecta a cuestiones de la más alta sensibilidad social y moral. No cabe duda, sin embargo, que la Iglesia sabrá afrontarlas desde la firmeza que otorga la doctrina cristiana tradicional sobre la paz y la justicia. UN NUEVO GOBIERNO PARA IRAK E han necesitado tres años para formar el primer Gobierno iraquí surgido de las urnas con un mandato pleno, basado en las instituciones de una constitución moderna y ratificada por sufragio universal. Aunque una parte de los suníes hayan boicoteado el trámite, desde el punto de vista formal, se ha terminado el periodo de transición. Visto así, el panorama político sería inmejorable, a no ser porque el ruido de los atentados sigue siendo el único sonido que pueden escuchar los iraquíes mientras luchan por sobrevivir en una situación cercana al caos. Y, desgraciadamente, aunque no han faltado los buenos presagios, sabemos que el nombramiento de Nuri Maliki como primer ministro no va a acabar automáticamente con la violencia. El hecho de que en su toma de posesión Maliki se haya fijado como puntos básicos de su programa la lucha implacacable contra el terrorismo y el establecimiento de un calendario objetivo para la retirada de las tropas extranjeras refleja, en efecto, una marcada dosis de realismo en sus planes de gobierno. Que las fuerzas de ocupación salgan del país será el mejor indicativo de que los S iraquíes son capaces de hacerse cargo de las labores de seguridad, lo que dejará sin argumentos a los que insisten en combatirlas derramando la sangre inocente de sus compatriotas. Pero, por otro lado, no se puede pasar por alto el hecho de que por ahora Maliki no ha podido nombrar a nadie para ocupar los cargos de ministro de Defensa o de Interior, a falta de un mínimo consenso político, lo que en sí mismo pone de manifiesto que el objetivo de construir unas fuerzas de seguridad iraquíes plenamente eficientes y fiables sigue estando muy lejos. En las actuales circunstancias, ése debería ser el objetivo común de todos los que trabajan con buena voluntad por un Irak libre y democrático, muy por delante de cualquier otra aspiración. Especialmente Estados Unidos, por la responsabilidad que asumió desde el principio con la invasión del país, no debería escatimar esfuerzos para ayudar a los iraquíes a crear sus propios mecanismos de protección. Ya existe un Gobierno constitucional iraquí; ahora es fundamental que pueda defenderse frente a los terroristas y los enemigos de la civilización.