Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
18 Nacional SÁBADO 20 5 2006 ABC La fiscal no ve pruebas contra Zaplana y remite el caso al juez de las facturas falsas b Según fuentes de la Fiscalía, la La operación judicial en el seno de la Diputación de Lugo por presuntos fraudes en la adjudicación de obras tiene un trasfondo político: es la viva imagen del desmoronamiento de las baronías populares ante el proceso de renovación que impulsa Núñez Feijóo causa contra el portavoz de PP sólo saldrá adelante si canta Conesa un constructor amigo ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE VALENCIA. La Fiscalía de Valencia ha remitido la investigación por el presunto pago de comisiones ilegales que salpica al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, al Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, que instruye la causa de la trama de facturas falsas en torno a Terra Mítica por un supuesto fraude de 4,4 millones de euros. El Ministerio Público entiende que existen elementos comunes entre ambas investigaciones, ya que Antonio Moreno Carpio y José Herrero- -los dos empresarios que aseguran haber pagado entre 2.000 y 3.000 millones de pesetas en comisiones ilegales- -están imputados por los delitos de fraude fiscal, falsedad documental y delito societario en una causa, la de las facturas falsas, en la que también está imputado Vicente Conesa, el contratista que supuestamente recibía el dinero y luego, según dicen los empresarios, se lo repartía con Zaplana. Fuentes de la Fiscalía aseguran que las grabaciones en las que los empresarios reconocen sus prácticas delictivas son válidas pero insuficientes para denunciar al ex ministro. Con el los empresarios dicen que Conesa les dijo que se lo daba a Zaplana no se va a ninguna parte insisten las mismas fuentes, que reconocen que de las diligencias practicadas hasta la fecha no se desprende ninguna prueba contra el portavoz del PP. Si Conesa no canta... El anunciado ocaso de la boina en el PP gallego TEXTO: JOSE LUIS JIMÉNEZ FOTO: EFE SANTIAGO. En su segundo día de actuaciones de campo, los agentes judiciales registraron ayer los domicilios de los nueve detenidos, acusados por el fiscal Jesús Izaguirre de un presunto delito de fraude en la adjudicación de obras en el seno de la Diputación de Lugo. No en vano, dos de los implicados, funcionarios de la institución provincial- -Alberto Fernández Pereira y José Antonio Lazare- son sospechosos de haber adjudicado proyectos de obra desde este organismo a un gabinete de ingeniería del que son accionistas sus mujeres. Detrás de esta causa emerge la sombra de la opacidad en la gestión de las administraciones, y en particular de la Diputación Provincial de Lugo, que dirige desde hace dos décadas el popular Francisco Cacharro, uno de los últimos y más destacados ejemplos de las baronías territoriales en el seno del PP de Galicia. No obstante, ahora las tornas han cambiado. Si hace dos años Manuel Fraga y los populares gallegos hubieran cerrado filas en torno al histórico dirigente lucense, el pasado jueves la cúpula autonómica del partido optó por limitarse a confiar en la independencia del poder judicial en un escueto comunicado. Ni una sola referencia de respaldo a Cacharro Pardo. Es el último mensaje que la dirección del PPdeG que preside Alberto Núñez Feijóo ha enviado al po- Un jefe de servicio de la Diputación de Lugo, en el momento de su detención lítico lucense para que cuelgue las botas y acceda a traspasar el testigo en la Diputación a Xosé Manuel Barreiro, el actual presidente del partido en Lugo y número dos autonómico. Su tiempo ha pasado, y por más que se empeñe en entrevistarse con Feijóo para trasladarle su intención de optar a la reelección, la decisión en el PP gallego está tomada: es el pasado. La intención del nuevo líder popular de Galicia es que la vieja guardia del partido se retire con dignidad y sin estridencias, con un agradecimiento por los servicios prestados pero dejando paso a una necesaria renovación en el seno del partido, tanto en feudos provinciales como locales. La renovación de Núñez Feijóo Es la razón por la que el PPdeG no va a mover un dedo para depurar responsabilidades en la Diputación, a sabiendas además de que difícilmente salpicará legalmente a Cacharro la operación del fiscal Izaguirre, responsable de los últimos casos en Lugo contra dirigentes populares, en su mayoría absueltos, archivados o desestimados por los tribunales. No obstante, destacadas voces en el PPdeG recuerdan: Hace un mes que venimos promoviendo la renovación en Lugo, así que no nos podrán acusar de continuismo La boina tiene los días contados. Comenzó su ocaso con la caída en desgracia de Xosé Cuiña durante la crisis del Prestige continuó tras la amenaza de escisión que planteó el barón orensano José Luis Baltar a Manuel Fraga hace nueve meses, y vivió su episodio definitivo con la victoria en las primarias de un Núñez Feijóo que acabó por suceder al presidente fundador del partido y encabezar un movimiento modernizador y regenerador en el seno de la formación gallega. En este nuevo PP no hay sitio para clientelismos o compadreos caciquiles. Feijóo lo ha dicho alto y claro, mirando a Lugo y Orense. Mientras Cacharro apura sus días, Baltar pone sus barbas a remojar. Cuestión de tiempo. Dos denuncias para una trama La Agencia Tributaria presentó en junio de 2005 una denuncia contra Terra Mítica y otras 15 empresas más por un supuesto fraude de 2,4 millones de euros a través del IVA y del Impuesto de Sociedades de los años 1999 y 2001. La Fiscalía elevó el agujero a 4,4 millones y en noviembre remitió el caso a un juzgado e imputó a una treintena de empresarios porque facturaban por servicios y trabajos no prestados ni realizados Ante el juez ha desfilado la anterior cúpula directiva de Terra Mítica. Un error procedimental de la Agencia Tributaria, que no oyó a los investigados antes de denunciarles, llevó al juez a declarar nula la investigación. El archivo está recurrido. Pero el mismo juzgado instruye otra denuncia, casi identica a la anterior, que presentó la Fiscalía después de que Hacienda subsanara su error. El juez volverá a citar a los 31 imputados.