ABC MADRID 20-05-2006 página 4

4 Opinión SÁBADO 20 5 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ESCEPTICISMO Y FRENAZO DEL PSOE E EL ENÉSIMO PLAN EN INMIGRACIÓN L voluntarismo del Gobierno en materia de inmigración volvió a demostrarse ayer con la aprobación del Plan África marca de lo que ha sido calificado como el despliegue diplomático que habría de permitir a España frenar la avalancha continua de inmigrantes ilegales hacia las Islas Canarias. A esta iniciativa se le podría haber dado algún beneficio de duda si se hubiera puesto en marcha mucho antes, pero ahora está viciada por la falta de crédito del Ejecutivo con su política sobre inmigración. El Ejecutivo ha llegado tarde a los acontecimientos, pese a que una lógica primaria habría advertido que, tras la crisis de la valla de Melilla el pasado año y la presión sobre Marruecos, las mafias buscarían otras vías. Empezaron por Mauritania, y también el Gobierno llegó tarde, aunque estaba alertado desde diciembre por la Guardia Civil de que se estaban produciendo naufragios de cayucos con destino a las costas canarias. La reacción, tres meses después, fue muy similar a la de ahora, cuando el turno parece que le ha tocado a Senegal: más reuniones, medidas de aparente gran calado y organización de un despliegue diplomático que tampoco es el primero, pues Moratinos ya protagonizó una gira por África a finales de 2005. Nada consiguió. Estamos ante la historia de un fracaso. Hace un año, el ministro Caldera se atrevió a afirmar que España era la envidia de Europa por la regularización masiva de inmigrantes, y la secretaria de Estado de inmigración se comprometió a no dejar una bolsa de inmigrantes irregulares como la recibida. Este desparpajo inconsistente en la dirección de la política migratoria se está pagando muy costosamente. De forma principal, en situaciones dramáticas para los propios inmigrantes, porque hoy nadie puede negar que aquella regularización masiva ocasionó un efecto llamada Aunque ahora el Gobierno diga que el que no tiene papeles, se va el mensaje que ha llegado a las mafias de la inmigración es el de que quien no tiene papeles, se queda La inmigración ilegal ha llegado al punto de convertirse en un problema de seguridad nacional- -no sólo de estabilidad social e integración laboral- -que debe ser abordado con un planteamiento coherente, en términos políticos y económicos. Los cayucos o las pateras representan la cara más trágica de la inmigración ilegal, pero implican a un por- E centaje mínimo de los inmigrantes irregulares que entran en España, frente a los que entran a través de los aeropuertos- -gracias a visados de turista -y de la frontera francesa. La estrategia del Gobierno no puede consistir en actuaciones esporádicas mediante reuniones de urgencia y movilizaciones diplomáticas. Esta forma sincopada de tratar la inmigración es lo que ha sumido el problema en un caos, y al Gobierno, en el descrédito. Está bien pedir ayuda económica a Bruselas- -aunque tampoco se ve que en esto el Gobierno español esté siendo muy persuasivo- pero a Bruselas también habrá que atenderla cuando la mayoría de los Estados miembros de la UE claman contra la envidiable política de concesión de papeles en España. Cuanto más se tarde en abordar medidas drásticas en la contención de la inmigración, más graves se harán esas medidas. No cabe duda de que hay que propiciar el desarrollo económico en los lugares de origen, pero tal propósito se enmarca en largos plazos y exigiría cambios sustanciales en los gobiernos de esos países, empezando por la erradicación de la corrupción. Entre tanto, el Gobierno español ha de considerar la previsión de presupuestos extraordinarios para dotar a la lucha contra la inmigración de medios suficientes, porque se tiene que acabar la política de parcheo. La participación de las Fuerzas Armadas se está haciendo inevitable en aguas jurisdiccionales y fuera de ellas. Han de establecerse controles de los visados de turista en origen y durantela estancia en España. No es admisible quela frontera francesa sea un coladero de autobuses cargados de irregulares. Los países de origen que no cumplan los convenios de repatriación deben recibir una respuesta contundente por parte del Gobierno. Y todo esto exige mucho dinero, medios humanos y materiales e infraestructuras, pero si no se toman decisiones ahora, mañana serán más onerosas, cuando sea aún más difícil revertir la situación. Resulta evidente que es la Unión Europea la que debe liderar esta tarea y comenzar a trabajar en poner remedio a esta marea incontenible. Parece claro que España en solitario no puede. Todo ese esfuerzo diplomático que moviliza cuando se agudiza la crisis sería mucho más efectivo si fuera toda la UE la que presionara a los países de origen para que mejoren su colaboración. SOMBRAS SOBRE MONTENEGRO A quienes tratan de establecer en España absurdos paralelismos con Montenegro habría que recordarles varios datos. Montenegro y Serbia accedieron en 1878 a su independencia por separado, después de una resistencia centenaria frente a los turcos. No fue hasta 1918 cuando los montenegrinos decidieron entrar a formar parte de Yugoslavia. Sólo tras el colapso de ésta con la crisis de los Balcanes en los 90 brotó el sentimiento secesionista montenegrino, como respuesta a la barbarie genocida estimulada por el régimen serbio de Milósevic en Bosnia y Kosovo. De hecho, el referéndum de independencia de mañana es consecuencia histórica de esos acontecimientos y del reconocimiento del derecho de secesión establecido en el acuerdo de Unión serbio- montenegrino suscrito en 2002. Pero, por ser más precisos, es la situación política que vive en estos momentos la Federación de Serbia y Montenegro lo que explica la convocatoria de ese referéndum. Concretamente el hecho de que hayan sido torpedeadas las negociaciones de incorporación de esta Federación a la Unión Europea debido a la política serbia en Kosovo y, sobre todo, a su negativa a cooperar con el Tribunal Penal Internacional protegiendo al criminal de guerra Ratko Mladic. En realidad, la causa última que explica el referéndum de Montenegro no es otra que tratar de lograr por separado la incorporación a la UE. Algo que, precisamente, estimula la deriva interna que vive ese país de la mano de su actual primer ministro, Milo Dujakonovic, en el cargo desde 1993. Superviviente del régimen comunista, el líder montenegrino trata así de mantenerse en el poder promoviendo la secesión a pesar de la creciente oposición a su Gobierno, acusado de corrupción y de hacer la vista gorda ante el contrabando y el lavado de dinero negro procedente de las mafias rusas. De ahí que no sea extraño que muchos piensen que, a pesar del avance que supone ver que son las urnas las que deciden y no las armas, con tantas sombras detrás de este referéndum las cautelas establecidas por la Unión Europea siguen siendo insuficientes. Sobre todo si con ello se enmienda una política que hasta el momento era inflexible a la hora de avalar cualquier nuevo proceso de secesión dentro Europa. L barómetro del CIS ofrece, como es habitual, motivos para la reflexión del Gobierno y los partidos políticos. Aunque la opinión pública evoluciona con lentitud y no suele rectificarse a sí misma de un día para otro, los sondeos marcan tendencias del mayor interés. Ante todo, los españoles son escépticos acerca del alto el fuego de ETA: un 53 por ciento muestra serias dudas al respecto y un 49,4 por ciento considera poco o nada probable que este proceso suponga una solución definitiva al terrorismo. Aunque hay también un porcentaje relevante que expresa su confianza, lo cierto es que el Gobierno no ha conseguido mantener el optimismo social con que se recibió en un primer momento el anuncio de los terroristas. Y no es extraño que así haya ocurrido: los actos violentos en Navarra y la continuación de determinadas extorsiones, así como los gestos prepotentes de Otegi y otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna, pueden estar en el origen de este estado de escepticismo de la opinión pública. Y quizás el sondeo no refleje todo el descreimiento actual de la sociedad, pues el trabajo de campo es anterior a la entrevista de ETA en Gara en la que los terroristas no daban por irreversible el alto el fuego y abanderaban unas condiciones para la negociación del todo inasumibles para el Estado. Si Rodríguez Zapatero pretende convertir este tema en su principal baza electoral, debería replantearse seriamente si está en el camino adecuado. En cuanto al panorama político, el PSOE incrementa ligeramente su ventaja- -ahora es de 2,1- -sobre el PP en intención de voto con respecto a la última encuesta del CIS, pero no se confirma la tendencia hacia un fuerte despegue que habían detectado otras encuestas en los días posteriores al alto el fuego Apagada la euforia de los primeros momentos tras la declaración de tregua, las cosas vuelven por donde solían y el desbarajuste (fundamentalmente en la esfera del modelo de Estado) propiciado por socialistas y nacionalistas catalanes se ha hecho más perfecto. Es muy notable la bajada que registran CiU (pierde un 0,7) y ERC (baja un 0,4) Era previsible en el caso de los republicanos, cuya actuación errática y antisistema tiene unas limitaciones evidentes de cara a los electores sensatos. Pero Artur Mas debería reflexionar sobre la distancia que media entre la política de salón y el apoyo de los ciudadanos, porque se detecta un evidente cansancio respecto del nacionalismo y su permanente reivindicación identitaria. Todas las encuestas en Cataluña demuestran que el Estatuto no está entre las preocupaciones principales, a pesar de que clase política se ha empeñado en dilapidar esta legislatura con una atención exclusiva a ese debate. En general, salen reforzados los partidos de ámbito nacional, lo que constituye una buena noticia para la estabilidad del sistema constitucional.